Independentistas catalanes mantienen actividad diplomática

El gobierno independentista de Cataluña aseguró este miércoles que mantendrá su actividad diplomática pese a la suspensión judicial del nuevo departamento de Asuntos Exteriores, una pieza básica en su plan para declarar la secesión de esta región nororiental.

"Este gobierno seguirá haciendo acción exterior", aseguró este miércoles en la cámara regional el presidente catalán Carles Puigdemont, ratificando en el cargo al responsable de este departamento, el exeurodiputado Raul Romeva, creado para buscar aliados internacionales en su proceso de secesión.

Su creación fue recurrida por el gobierno español saliente del conservador Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional, alegando que las relaciones internacionales son una competencia exclusiva del Estado.

El martes, el alto tribunal aceptó la tramitación del recurso y decretó la suspensión cautelar de las funciones de este departamento hasta que sus magistrados tomen una decisión definitiva al respecto, explicó una portavoz del órgano.

Preguntado este miércoles por la oposición parlamentaria por si acatará la sentencia, Puigdemont evitó responder explícitamente pero aseguró que su ejecutivo mantendrá su actividad diplomática.

El estatuto de autonomía catalán, una especie de constitución para las diferentes regiones españolas, "reconoce explícitamente el derecho que tiene el gobierno de Cataluña al ejercicio legítimo de su acción exterior y no renunciaremos a ello de ninguna manera", dijo.

Por su parte, una portavoz del departamento catalán de Asuntos Exteriores aseguró a la AFP que "todo continúa igual" aunque están pendientes de recibir la notificación oficial del tribunal para tomar las acciones necesarias.

Cataluña, como otras regiones españolas, dispone de oficinas diplomáticas en el exterior, habitualmente dedicadas a fomentar las relaciones comerciales.

Sin embargo, desde el inicio del proceso independentista, el gobierno regional amplió su pequeña red diplomática de cinco a siete delegaciones con el objetivo de encontrar aliados internacionales en vistas a un futuro reconocimiento de la hipotética república catalana independiente.

El objetivo del gobierno de Puigdemont es desarrollar toda la administración necesaria para poder asumir en 18 meses las competencias de un Estado independiente, como la diplomacia exterior, la hacienda pública, la seguridad social o un banco central.

Para ello cuentan con el apoyo de una mayoría absoluta del parlamento regional tras las elecciones regionales de septiembre pero su proyecto divide a los 7,5 millones de habitantes de Cataluña, de los que alrededor de la mitad están en contra de la secesión. (I)