La crisis política desatada por el independentismo catalán en España continúa. Grupos que apoyan la secesión presionan al Gobierno regional para que termine de declarar la independencia, mientras el Gobierno central analiza una posible afectación en la economía.

El partido político CUP y la organización nacionalista Asamblea Nacional Catalana (ANC) emitieron comunicados pidiendo al presidente de la generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, que no aplace más la independencia, tras el referendo unilateral de independencia del 1 de octubre.

“No tiene sentido mantener la suspensión de la declaración de independencia” dado el rechazo de Madrid al diálogo, afirmó la ANC.

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La CUP, independentista de ultraizquierda, apuntó que Puigdemont debería ignorar la advertencia del Gobierno, levantar la suspensión y proclamar la independencia de forma definitiva. Las autoridades regionales no han dado pistas de sus próximos pasos.

El Gobierno español considera el referéndum ilegal e inconstitucional y afirma que sus resultados no son válidos. El presidente Mariano Rajoy ha rechazado toda posibilidad de diálogo a menos que Puigdemont dé marcha atrás, regrese a “la legalidad” y renuncie a la independencia. También ha dicho que España no necesita mediadores internacionales.

Incluso la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, invitó a Puigdemont a que vaya al Congreso para dialogar con todos los partidos, indicó el diario La Vanguardia.

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Ella añadió que pronto empezarán los trabajos de la comisión parlamentaria para el estudio y la modernización del Estado autonómico, antes de la reforma constitucional acordada por los dos partidos mayoritarios y apoyada por otros.

Puigdemont tiene hasta el lunes para contestar. Si no lo hace o asegura haber proclamado la República, deberá rectificar antes del jueves 19 de octubre, o de lo contrario el Ejecutivo central aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permite arrebatar competencias al Gobierno regional e incluso llegar a suspenderlo.

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En tanto, el Gobierno advirtió que la crisis catalana podría dañar el crecimiento económico en 2018. El Fondo Monetario Internacional no tardó en secundar esta preocupación.

En los últimos días, y ante la incertidumbre reinante, numerosas empresas sacaron su sede social de Cataluña. Según el Colegio de Registradores de España, 540 empresas han solicitado marcharse desde el 2 de octubre pasado. (I)

Unión Europea
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que si “Cataluña se independiza, otros (territorios dentro de los países de la Unión Europea-UE) harían lo mismo” y no quiere una UE de 98 estados. Se declaró “muy preocupado” por esta crisis y reiteró que el organismo solo mediará si el Gobierno español lo pide.