El Gobierno prevé que en los próximos cuatro años la minería aporte unos diez mil millones de dólares a la economía, según Rebeca Illescas, ministra de Minería encargada. El valor incluye las inversiones de los cinco proyectos mineros considerados estratégicos por el régimen.

La explotación de los cinco proyectos estratégicos preocupa por la posible contaminación de las aguas subterráneas con el uso del mercurio.
La minería industrial no usa mercurio. Primero, en el Ecuador está prohibido su uso, la Ley de Minería lo prohíbe. Lamentablemente los mineros artesanales y los pequeños todavía lo usan porque es mucho más fácil hacer un proceso de separación del mineral con el mercurio. La minería industrial usa otras técnicas... El tema de la contaminación de las aguas, sobre todo en Azuay, es un discurso, en la práctica no es así. Tenemos cientos de estudios, monitoreamos, controlamos, exigimos como Estado que las empresas tengan todo el cuidado para poder evitar cualquier tipo de contaminación... No es un problema de control ni de monitoreo, es un problema político.

¿Han detectado contaminación de agua por el proyecto Río Blanco?
No, en el páramo donde se encuentra el proyecto no hay fuentes de agua. Las fuentes de agua empiezan un poco más abajo de donde está el proyecto, indistintamente donde esté no podemos permitir que ningún proyecto pueda contaminar el agua; pero además físicamente es imposible. La minería industrial controlada minimiza al máximo los impactos. Las actividades agrícolas, la industria y la ganadería son las que más contaminan el agua, sin embargo en Ecuador, esto no es una bandera de lucha de los grupos ecologistas.

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¿Se controla para reducir al mínimo el impacto de la minería a cielo abierto?
Si es que hay un impacto, hay una contaminación, como Estado podemos pedir y las empresas tienen que pagar y responder por estos eventuales impactos ambientales; por eso es más fácil controlar una minería industrial que la pequeña y artesanal, en la que hay miles de titulares de derechos que no sabemos ni dónde encontrarles... Lo importante es que tengamos una rigurosidad en la normativa ambiental y también en el control estatal. Cielo abierto tiene un mayor impacto social porque es visual, pero en términos de control ambiental es más fácil porque al estar a cielo abierto se puede ver que la operación se haga de mejor manera. Con la minería subterránea es mucho más complejo, es un desafío mayor, pero lo tenemos que hacer.

En Mirador se extraerá el concentrado que no solo contiene un mineral, sino otros de los que también la empresa puede lucrar. ¿Cómo se controlará?
En todos los proyectos de minería hay distintos tipos de materiales, no hay un solo mineral, lo que se hace es que se extrae y el negocio está en el mineral que tiene la mayor cantidad y que, de acuerdo a los precios, es sobre el cual se hacen los estudios de factibilidad financiera y el que permite el desarrollo del proyecto... En Mirador es el cobre. Garantizamos como Estado que en ningún proyecto la empresa puede recibir más de lo que recibe el Estado, es decir, el 51 %... No hay pérdida, pero sí podríamos mejorar en cuanto al cobro con algunas otras acciones por tomar.

Quienes se oponen ven lo ocurrido con la explotación petrolera. ¿Qué hará la diferencia esta vez?
Como Estado y sociedad hemos aprendido de los errores del pasado del sector de hidrocarburos. Todo lo que pasó en el sector petrolero en cuanto a impactos sociales y ambientales para mí responde a una falta de control estatal. Las empresas pueden hacer lo que quieran, pero la responsabilidad de controlar, caducar o suspender cualquier tipo de estas actividades tiene que venir del Estado, que es el dueño de los recursos.

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La minería industrial es un negocio y no solo deben existir los minerales, sino también las condiciones sociales y económicas adecuadas”.

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