Entre la medianoche y las dos de la madrugada, el movimiento de las fibras de pesca no altera el sueño de los galapagueños. En sacos, desde las islas Isabela y San Cristóbal, un grupo de pescadores traslada sigiloso a tortugas bebés hasta barcos, dentro de las 40 millas protegidas, con destino a Guayaquil.

“El responsable de la carga del barco comercial recibe las especies en sacos”, contó una fuente del Parque Nacional Galápagos (PNG) y explicó que la ‘mercancía’ va en la proa, “donde va guardada la cadena del ancla, bien escondida”. En este sitio, oscuro y de cinco metros de profundidad por tres de diámetro, han viajado ilegalmente 150 tortugas de Galápagos (Chelonoidis guntheri y Chelonoidis vicina), calificadas en ‘peligro crítico de extinción’ por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El primer robo de tortugas se conoció en abril del 2017 cuando 29 ejemplares aparecieron a 1.200 kilómetros de su hábitat, en la vía a Piura (Perú), embaladas con cinta adhesiva. Tres murieron antes de ser repatriadas a la isla Baltra.

“Entran a Perú por Piura, de ahí se reparten al mercado internacional”, explicó Washington Paredes, asambleísta de Galápagos y quien preside el Grupo Parlamentario de Bienestar Animal. Otras fuentes confirmaron a Piura como puerta de ingreso del tráfico de tortugas y, agregaron, que en Lima, Perú, un chino con el alias de Antonio lidera la red y que paga $ 300 por espécimen. En el mercado internacional cada tortuga se comercializa desde $ 50.000.

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“Viene, organiza el tema logístico y se va”, contó un agente policial mientras que un guardaparque declaró que se infiltró entre los pescadores. En su versión a la Fiscalía dio el nombre del chino y de su nexo, un pescador de San Cristóbal encargado de reclutar a otros pescadores para capturar las tortugas, que luego son llevadas de Guayaquil a Lima por vía terrestre. En el último tramo de la ruta se ingresan los animales en barcos que salen de Callao con rumbo a China.

El reclutador, señaló el guardaparque, le habría dicho: “Si yo caigo, cae mucha gente que ni tú te imaginas”.

El hallazgo de las tortugas en Piura no se denunció cuando ocurrió, en 2017. El entonces director del PNG, Walter Bustos, dijo que no ameritaba. Tampoco se acudió a la Fiscalía, en julio de ese año, cuando aparecieron dos tortugas embaladas vivas en un tacho de basura del preembarque del aeropuerto de Guayaquil, y que hoy viven en el Centro de Manejo de Fauna Silvestre del Parque Histórico de Guayaquil.

“Si nos hubiesen faltado tortugas en los registros, claro que hubiésemos puesto la denuncia”, se justificó Bustos, y dijo que informó el hecho al entonces ministro de Turismo, Tarsicio Granizo. Él, en cambio, afirmó que con la Secretaría de Inteligencia se investigó el caso: “Salí y no pude darle seguimiento de qué pasó”.

En un informe del Ministerio del Ambiente (MAE), el biólogo Jorge Ortega recomendó al director provincial, Gunter Morán, que presente la denuncia y también envió el video del aeropuerto a Andrés Delgado, entonces director jurídico del PNG. “Al final ellos (funcionarios del PNG) indicaron que iban a continuar con el proceso en Fiscalía desde Galápagos”, aseguró Ortega, en cuyo informe de julio del 2017 se recomendó reforzar los controles. Ese año se realizaron 10.426 inspecciones, 700 más que en el 2016, según las rendiciones de cuentas del PNG. No obstante, en el 2018, en la gestión de Jorge Carrión, director del PNG desde marzo de ese año, los controles bajaron en el 37%. Se hicieron 6.598 revisiones a embarcaciones en el área de reserva del archipiélago.

En mayo pasado, dos años después del hallazgo de las 29 tortugas en Perú, Jorge Carrión denunció este caso, que se sumó a los expedientes que abrió la Fiscalía por asociación ilícita y delitos contra la flora y fauna, debido a la desaparición de 119 tortugas del Centro de Crianza Arnaldo Tupiza, en la isla Isabela, en septiembre del 2018. En un principio, las autoridades del PNG reportaron la pérdida de 123 tortugas.

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La investigación por asociación ilícita provocó la prisión de dos guardaparques, Fernando Franco y Daniel Tenelema, hoy libres y reintegrados al PNG “al no existir suficientes elementos de convicción”, según Modesto Freire, uno de los fiscales del caso. Esto pese a inconsistencias de los registros del centro desde 2002. De un mes a otro, por ejemplo, la cantidad de tortugas no varió pese al nacimiento de ocho crías en el 2016.

“Es un lugar descubierto, de fácil acceso”, dijo Eduardo Sánchez, abogado de Franco, y agregó que su cliente trabajaba ocho horas al día y luego la seguridad la asumía una empresa privada. El abogado de Tenelema, Pablo Guzmán, indicó, por su parte, que su defendido no tenía funciones fijas: “El encargado del cuidado de las tortugas (Franco) pide permiso y le delegan al que tenía más cerca”.

Desde finales del 2018, el director del PNG aseguró que se aplican controles en los centros de crianza como la “entrega recepción diaria de las cantidades de individuos que son puestos en custodia entre los guardaparques y la empresa de guardianía”. Este año, en cambio, Carrión explicó, se instalaron cámaras de vigilancia en el centro Arnaldo Tupiza.

Esta medida se tomó un año después de un informe del Ministerio del Interior que señalaba la fragilidad del centro. Entre los contratos del PNG, desde el 2015, figura en quinto lugar la inversión en seguridad, con $ 702.000.

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Fiscal: ‘Tortugas fueron sustraídas de una forma sistemática’

El fiscal Errol Elizalde, uno de los que investigó el robo de 119 tortugas del Parque Nacional Galápagos (PNG) en 2018, cree que esto ha ocurrido de ‘forma sistemática’ en el PNG.

¿Cómo fue el mecanismo?

Era a través de embarcaciones y, por la investigación y la información que dio la policía, las traían (de Galápagos) a Guayaquil y de Guayaquil a Perú, y cruzaban a Chile. Allá hay libre comercio de esas especies..., por lo general (llegan) al mercado asiático.

¿El robo se hizo en un día?

Las tortugas fueron sustraídas de forma sistemática. En cada corral, por ejemplo, había 30 tortugas, numeradas, que corresponden a un periodo,

(por lo que) deben tener un porte y peso similar, pero (había) tortugas recién nacidas, con caparazón blando, con unas de tres años. No solo eran 119, se llevaron más, pero se las justificaba con tortugas que eran puestas, a lo mejor las cogían en un estado natural, o como eran recién nacidas aún no las contaban...

¿Esos cambios los hacían personas del parque?

Eran las personas responsables..., ¿Cómo es posible que en Piura, Perú, encuentran tortugas (en 2017) de ese centro de crianza (Arnaldo Tupiza) y nunca se reportó un faltante ni se presentó denuncia?.. se denunció dos años después.

¿Por qué delito acusó?

Hice una instrucción fiscal por asociación ilícita... hay una estructura, no solo eran las personas que cuidaban el parque, sino las encargadas de supervisar, de controlar... gente con una responsabilidad que no cumplía, sabían que faltaban tortugas.

¿A quiénes acusó?

Procesé a dos guardaparques, que estuvieron el día que se llevaron las tortugas, pero según las investigaciones nunca se llevaron tortugas en un día determinado, fueron sustraídas hace tiempo...

¿Por qué no se acusó a los que seguían en la línea de responsabilidad?

Iba a vincularlos después, porque tenía elementos para formular cargos.

¿Cómo era la seguridad del parque, en su visita?

Era cero. (I)