(Actualizada a las 21:51)

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú resolvió declarar improcedente el pedido de extradición de Ramiro González Jaramillo, expresidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La decisión fue tomada el pasado 19 de diciembre y notificada a las partes ocho días después.

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Entre las razones por la que la Sala negó la extradición de González, se lee en la resolución, consta que en la solicitud no se precisa la fecha de la comisión del delito de tráfico de influencias por el cual se imputa al exdirectivo del IESS. “Dicha omisión y falta de precisión dificulta el análisis sobre la prescripción de la acción penal en el Estado requirente...”.

Además, la Sala señala que la solicitud de extradición se limitó a narrar conclusiones de informes sin analizar cómo ciertas conductas se adecúan al delito de tráfico de influencias, lo cual contraviene “el principio de imputación debida como una manifestación del principio acusatorio y de la garantía de defensa procesal...”.

La Sala refiere que esto último cobra especial relevancia “al efectuar el análisis de si existe causa probable para sostener que se ha cometido el delito por el que se pide la extradición de González...”.

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--Comunicado | La Corte Nacional de Justicia a la opinión pública ⬇️ pic.twitter.com/CaKOkRR1o1

Negada la extradición, los magistrados César San Martín Castro, Aldo Figueroa Navarro, Hugo Príncipe Trujillo, Iván Sequeiros Vargas y Zavina Chávez Mella, dispusieron dejar sin efecto las medidas de aseguramiento personal dispuestas en contra de González y ordenaron el archivo definitivo de las actuaciones, “con conocimiento del juez penal”.

Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, indicó a través de un comunicado que la Corte Suprema de Justicia de Perú no ha notificado oficialmente la resolución de la Sala Permanente.

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Sin embargo, informó que envió por vía diplomática un recurso de reconsideración a la resolución de los magistrados. “Esta es una decisión que afecta los principios de independencia y soberanía de los Estados, pues analiza y cuestiona actuaciones ajenas a la naturaleza del proceso de extradición, cuyo objeto es exclusivamente verificar si se cumple con los requisitos determinados en el Tratado (de Extradición)...”.

González, quien también fue ministro de Industrias en la presidencia de Rafael Correa, fue detenido el Lima en abril de 2019 pasado, tras estar prófugo desde agosto de 2017. (I)