El exdirector del Servicio de Contratación de Obras Públicas (Secob), René Tamayo, en su ampliación de versión realizada la mañana de este martes, dentro del proceso que investiga el delito de delincuencia organizada relacionada con una estructura de corrupción que operó en el proyecto de construcción del hospital Básico de Pedernales, aseguró haber recibido "pedidos de espacios de trabajo para varios asambleístas".

Tamayo explicó que ingresó el 26 de agosto de 2019 al Secob con un pequeño equipo de trabajo en el que el más importante era el subdirector técnico, el arquitecto Patricio Morales. Casi de inmediato, le habrían pedido que separe del cargo a Morales y en su reemplazo nombrara a Jorge Jalil, quien también es procesado en esta causa y mantiene orden de prisión preventiva.

El exdirector del Secob de forma libre y voluntaria aseguró en su versión que ese fue "un pedido y recomendación del asambleísta Eliseo Azuero", legislador que también es procesado en esta causa, pero que se mantienen en la clandestinidad luego de que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, en audiencia de vinculación en esta causa, le ordenó prisión preventiva.

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El exfuncionario público reconoció que su ingreso al Secob en el 2019 fue como "resultado de un pedido de su curriculum por parte del asambleísta Azuero", a quien dijo conocer desde hace aproximadamente 35 años.

En su relato, Tamayó recordó que en la parte administrativa varios asambleístas le pidieron espacios de trabajo. Uno de los mencionados fue Washington Paredes, asambleísta por Galápagos, a quien, según el versionante, se le asignó la "coordinación simple del Secob del Guayas".

Además, nuevamente el legislador Azuero le habría pedido que se incluyera en el Secob, por su trayectoria anterior en la misma institución, al ingeniero Diego León, quien no habría tenido cargo directivo, sino que era un ingeniero de la planta de Secob.

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Pedidos de asambleístas

Finalmente Tamayo indicó que el asambleísta Fredy Alarcón lo visitó en su oficina y le solicitó se ubique a una persona de su confianza en la zonal que no recordaba el número, pero abarca a Ibarra. "Estos pedidos de puestos de trabajo fueron atendidos y estuvieron, considero, hasta el final de mi gestión", acotó Tamayo.

En este caso por delincuencia organizada son procesadas 19 personas, entre ellas, Azuero, Jalil, el exlegislador por Manabí, Daniel Mendoza, su asistente Jean Benavides, entre otros funcionarios públicos del Secob y personas particulares. La instrucción fiscal del caso debe durar 120 días.

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Tanto Azuero, Paredes y Alarcón, todos asambleístas de la Bancada de Integración Nacional (Badi), ya han rendido su versión libre y voluntaria en este caso. (I)