Una Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales desarrolla el Ministerio de Agricultura y Ganadería para atender a este grupo poblacional.

Wilma Suárez, subsecretaria de Agricultura, Familiar y Campesina, afirma que en el análisis se establecieron problemáticas como la falta de acceso a factores de producción y a los mercados y la dificultad para tener servicios financieros. "Un objetivo del plan es fomentar y desarrollar sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes que promuevan la soberanía alimentaria", dice Suárez.

Una de las acciones es entregar créditos para la reactivación de la producción. "Dirigidos a las mujeres registradas dentro de la agricultura familiar campesina. Estos en un inicio son de $3000 sin la firma del esposo y sin garante", dice Suárez.

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Los plazos del crédito para capital de trabajo son de hasta 36 meses (3 años) y de los activos fijos hasta 60 meses (5 años) a una tasa de interés del 11,25 %.

La entrega como parte de un proyecto piloto se realiza en Azuay, Cañar, Guayas, Imbabura, Morona Santiago desde julio pasado, indica Suárez, en las que se han otorgado 35 créditos por un monto de $117 800. Y por entregar un valor de $94 000. "La falta de acceso al crédito es porque cuando van al banco piden la firma del esposo y si este, discúlpeme, con mucho respeto, no le da la gana y no te firma, no pueden tener acceso", dice.

Las mujeres rurales también cosecharon y armaron canastas con productos para ser vendidos en las ciudades donde había sobreprecios durante la pandemia del COVID-19. Fueron 40 100 canastas entregadas, dice Suárez.

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Myriam Paredes, catedrática de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), asegura que la situación de la mujer rural responde a problemas estructurales que van más allá de facilitar un crédito. El tema pasa también por el acceso a la educación, a la salud y a la seguridad social. "El nivel de escolaridad en la zona rural es más bajo. El 14,2 % de mujeres son analfabetas, mientras que el 10,3% de los hombres lo son en las zonas rurales".

Además, agrega Paredes, el 30 % de los jóvenes rurales (población entre 18 y 30 años) están bajo la línea de pobreza: "Esto es cuatro veces mayor a la cantidad de jóvenes que se consideran pobres a nivel nacional. Cuando hablamos de mujeres indígenas, por ejemplo, este porcentaje es más del doble de la cifra nacional y más de tres veces que el de las mujeres urbanas que son jóvenes".

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Durante la pandemia el rol de cuidar a los enfermos recayó en las mujeres en las áreas rurales. "Esto aparte del trabajo que ya tienen. Una encuesta del INEC antes de la pandemia señalaba que ellas trabajaban 83 horas semanales versus 60 horas de los hombres", manifiesta Paredes.

A ello se suma que es un trabajo que se realiza casi sin acceso a la seguridad social. La posibilidad de una pensión jubilar es lejana para jóvenes como Gabriela Pineda, de 26 años. Ella vive en la parroquia Cusubamba, del cantón Cayambe, en Pichincha, donde no está afiliada al Seguro Social Campesino (SSC) pese a que cumple los requisitos como vivir y trabajar en el campo.

El subcentro de salud más cercano a su domicilio es el Santa Rosa de Cusubamba del Ministerio de Salud Pública, pero tiene falencias. "Solo atienden si llegas en estado bien grave, es por gusto, por lo que nos queda pagar en la parte particular". (I)