Un funcionario con un "marcado sesgo antiempresa privada" del Ministerio de Energía y "otros malos funcionarios de Petroecuador" que querían causar daño al OCP habrían sido quienes desataron un enorme conflicto entre el Ministerio de Energía y Petroecuador en contra de la empresa Oleoductos de Crudos Pesados (OCP), por la tarifa de transporte del crudo por ese ducto privado. Intrigas y malos entendidos habrían dado paso a un problema que se registró en abril del 2020 y que incluso pudo llevarle al país a una demanda de arbitraje por parte de OCP.

Esta fue la explicación que dio el ministro de Energía, René Ortiz, en una misiva del 17 de septiembre a la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez. La funcionaria le había pedido días antes al ministro una explicación sobre el tema de la tarifa que el ministerio y Petroecuador deben pagar a la empresa privada.

Las tarifas, según el contrato de noviembre de 2018 “son aquellas que el OCP Ecuador cobre en cualquier momento a cualquier usuario por el transporte del petróleo crudo”. Esta misma cláusula existía en el contrato madre del Estado con el OCP, que regía desde el 2001.

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El ministro ha calificado al tema como un malentendido y explicó que el 8 de noviembre de 2018 el ministerio firmó un contrato con OCP para transportar el crudo de las empresas privadas y se venía pagando $2. Sin embargo, en los primeros meses del 2020 surgió un contratiempo: “al subsecretario de Administración de Contratos y Áreas Asignadas, Vicente Loyola, se le ocurrió la peregrina idea de que se debe pagar una tarifa menor al OCP. Algo que ni siquiera beneficiaba al Estado, puesto que, si bien el ministerio paga la tarifa al OCP, inmediatamente exige su reembolso de las compañías que producen el crudo. Loyola era un funcionario con marcado sesgo antiempresa privada”, dice Ortiz en su misiva.

Según Ortiz, Loyola le dijo al coordinador general Jurídico del ministerio, Pedro Fernández de Córdova, que había descubierto que el OCP había cobrado a un usuario la tarifa de $1,40 por barril transportado, pero le ocultó que había sido cobrada antes del 2018 y que por lo tanto no era aplicable, pues los contratos rigen para el futuro, no tienen efecto retroactivo. Además Loyola había pedido a OCP que reliquidara las facturas. Esto llevó a OCP a notificar que se llevaría adelante un arbitraje internacional.

Sobre el tema, en comunicaciones oficiales de Fernández de Córdova se denota que este funcionario sí conocía que la tarifa de $1,40 era anterior. Pues en su informe indica que esta se obtuvo al pedir un histórico a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), en la cual se evidenciaba que OCP hizo el cobro de $1,40 en el 2017.

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En todo caso, Ortiz dijo que en momentos en los que se renegociaba la deuda, era una mala noticia para el país. Explica que las razonas de Ecuador en ese momento eran "nimias" (poca importancia) y por ello se prefirió parar el tema aplicando una solución que fue la respuesta del ministro Ortiz, del 3 de junio pasado, en el que se aceptaba el pago de $2 y que le pedía a la empresa que entregue las facturas correspondientes.

El ministro también explicó que funcionarios subalternos de Petroecuador, frente a lo que sucedió con el ministerio, decidieron “comprarse el conflicto”, y -según dijo- sabiendo de las intrigas de Loyola y pese al pronunciamiento del ministerio, siguieron con la postura de que se debe pagar solo $1,40. Incluso explicó que un funcionario del Sote, que está siendo investigado por el caso Singue, fue uno de los responsables de esta postura.

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Este Diario conoció que en estos días Petroecuador y OCP están en consultas sobre cómo resolver el tema. Petroecuador estaría adeudando $18 millones. (I)