El Ministerio de Energía comenzó el proceso de cierre de pozos petroleros del bloque 43 ITT (Ishpingo, Tiputini y Tambococha), en la provincia de Orellana, este miércoles, 28 de agosto, como parte del cumplimiento de la consulta popular que en 2023 resolvió mantener el crudo bajo tierra. Para el colectivo Yasunidos, “es una burla” el anuncio del cierre de uno de los 246 pozos del campo.

En el evento estuvo presente el ministro Antonio Goncalves. A este acto no se invitó a medios de comunicación.

La actividad se adelantó dos días al cronograma que el Gobierno presentó a la Corte Constitucional, en el cual se indica que el apagado, cierre y taponamiento de 246 pozos empezaría el 30 de agosto y se completaría en los próximos cinco años y medio, hasta el 31 de diciembre de 2029.

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El primer pozo cerrado este miércoles fue el denominado B-56 del campo Ishpingo. Ahí se ubicó una placa con el nombre, coordenadas y la información de que fue perforado en septiembre de 2023 y abandonado en agosto de 2024.

Durante la ceremonia, Goncalves dijo que cumplir con lo dispuesto en la consulta popular “es un trabajo que requiere planificación, una logística especial, técnica y ordenamiento”.

“Como Gobierno ecuatoriano, después de varias reuniones del comité, donde hemos planificado minuciosamente un cronograma de cierre de los 247 pozos, se ha priorizado un plan de trabajo para este cumplimiento, el cual recomendamos que se haga en un plazo de cinco años y cinco meses, tiempo adecuado para que todas las intervenciones que se realicen no tengan afectaciones en el medioambiente ni en la comunidad aledaña”, expresó el funcionario.

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El ministro mencionó que son 247 pozos; no obstante, en el documento que se ingresó a la Corte Constitucional con el plan de cierre se señala que son 246 pozos en el campo ITT.

En un boletín compartido por el Ministerio de Energía se detalla que con el cierre del pozo B-56, “el volumen de producción del bloque 43 se reducirá progresivamente”.

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El 28 de agosto de 2024 se cerró el primer pozo de 246 en el bloque 43 del ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, en cumplimiento del mandato popular de 2023. Foto: cortesía. Foto: Cortesía

En la víspera, el ministro Goncalves dijo en una entrevista radial que detener la producción petrolera del ITT “es un golpe para la economía de un país pobre”, pero ratificó que el Gobierno cumplirá con la consulta popular y el dictamen de la Corte Constitucional que dio un año de plazo, desde la notificación de los resultados de la consulta (el 31 de agosto de 2023), para ejecutar el cierre ordenado y progresivo del bloque 43.

El martes 27 de agosto el ITT produjo 49.817 barriles de petróleo, lo que representó el 114,74 % del cumplimiento del objetivo previsto para esa jornada. El día anterior, lunes, la producción alcanzó 48.398 barriles, según un reporte de Petroecuador.

El cronograma del Plan de Cierre, Desmantelamiento y Abandono (CDA) del bloque 43 ITT, entregado a la Corte Constitucional, comprende cinco fases, con actividades que se prevén culminar hasta el 2034:

  • Para el 30 de agosto de 2024 está previsto que se inicie el apagado, cierre y taponamiento de 246 pozos. Este proceso demorará hasta el 31 de diciembre de 2029.
  • El desmontaje de facilidades de superficie de los 246 pozos se realizará desde el 31 de agosto de 2025 hasta el 30 de agosto de 2030.
  • La adecuación de plataformas stock se realizará entre el 31 de agosto de 2026 y el 30 de agosto de 2027.
  • El retiro de material pétreo y escombros está planificado del 31 de agosto de 2027 al 30 de agosto de 2032.
  • La revegetación y el monitoreo para la entrega de áreas están previstos entre el 31 de agosto de 2029 y el 30 de agosto de 2034.

En el plan consta que el cierre anticipado del bloque 43 ITT representará una pérdida de ingresos estimada entre $ 2.198 millones y $ 3.581 millones. En tanto, el costo de cierre y abandono se calcula en $ 1.345 millones.

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Yasunidos: “El Gobierno no ha hecho nada”

El colectivo Yasunidos, que promovió la consulta popular, reprocha lo que califica como “inacción estatal” y señala que el informe presentado a la Corte Constitucional “es técnicamente deficiente y está lleno de contradicciones”. Por ello pide a los jueces constitucionales que se convoque a una audiencia.

Mediante un comunicado emitido este miércoles, la agrupación ecologista sostiene que “de las cinco medidas dispuestas por la Corte y ratificadas por el mandato popular, el Gobierno solo alega haber cumplido una: no firmar nuevos contratos”.

Yasunidos insiste en que el informe oficial da cuenta de que el Gobierno “no ha hecho absolutamente nada” para cumplir a cabalidad con el dictamen de la Corte y la consulta, y que la actividad petrolera no se ha detenido ordenada y progresivamente.

“¡No permitiremos que se insulte a la democracia! El anuncio del cierre de tan solo uno de los 246 que hay en el bloque es una burla que implica que se siga desconociendo el mandato popular que se manifestó con el triunfo del sí al Yasuní”, indica el comunicado, en el que se exige a la Corte tomar medidas para hacer cumplir el mandato popular. (I)