El Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) solicitó a la Corte Constitucional y a la Contraloría General del Estado, el “respeto irrestricto a los derechos constitucionales”.

A través de un comunicado los trabajadores de CNT piden además el “respeto irrestricto” a los convenios internacionales de libertad sindical, contratación, negociación colectiva, así como el “derecho de sindicación” de los 5.700 obreros y servidores de CNT y de más de 45.000 trabajadores en todas las empresas públicas.

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Esto, porque en la mira del Gobierno están los contratos colectivos de cuatro empresas públicas, además de CNT, de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador.

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El Ministerio de Trabajo a inicios de este mes presentó la solicitud de examen especial en la Contraloría General del Estado a los contratos colectivos de estas cuatro empresas. El pasado 11 junio la cartera de Estado emitió el Acuerdo Ministerial n.º MDT- 2024-080 en el cual se establece que efectuará una revisión de los contratos colectivos y actas transaccionales suscritos en las instituciones, entidades, organismos del sector público, gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas, para determinar si antes de firmarlos contaron con el dictamen obligatorio y vinculante del Ministerio de Economía y Finanzas.

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Las medidas anunciadas desde la cartera de Estado han sido cuestionadas por los dirigentes que se organizan para defenderlos y en ese contexto, para este sábado, 13 de julio, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a una convención nacional, que se realizará en el Arena Park, en el km 14 de la vía a Samborondón, desde las 09:00.

En este encuentro, el presidente de la CUT, Richard Gómez, junto a otros líderes sindicales, según un comunicado, “discutirán y delinearán estrategias para proteger los derechos laborales adquiridos y promover un diálogo constructivo con las autoridades y empleadores”. Además exponen los puntos en los que se enfocará la convención:

  • Evaluar el impacto del acuerdo en los derechos de los trabajadores y la estabilidad laboral.
  • Diseñar acciones concretas para garantizar el cumplimiento de los contratos colectivos y la protección de los beneficios adquiridos.
  • Reiterar la apertura al diálogo con el Gobierno y los empleadores, buscando soluciones justas y equitativas para todos los trabajadores.
  • Declarar la improcedencia del acuerdo ministerial. Esto, “apelando a la legalidad de la improcedencia del mismo y su impacto negativo en los trabajadores”. (I)