Los contratos colectivos del sector público están en la mira del Gobierno por un uso “abusivo” de las finanzas estatales, así como el aprovechamiento de acciones de protección y la sede administrativa del Ministerio del Trabajo que no está determinada en la ley. Lo que ha permitido a cuatro empresas públicas: Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador, gozar de beneficios muy altos.