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La necesidad de financiamiento para 2022 llega a $ 11.501 millones, según informe del Tesoro incluido en proforma presupuestaria

El Gobierno prevé obtener financiamiento de multilaterales, deuda interna y hasta con colocación de bonos en mercados internacionales.

El gobierno debe cubrir el déficit presupuestario que alcanza a 3.784 millones, así como amortizaciones de deuda interna y externa, entre otros pagos. EFE/Carlos Jorge Monteiro Foto: EFE

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Las necesidades de financiamiento del Gobierno llegan a $ 11.501 millones para el 2022. Así lo establece en el Justificativo de la Proforma Presupuestaria 2022 entregada el sábado anterior por el Ejecutivo a la Asamblea, dentro del informe remitido por la Tesorería Nacional. En dicho documento, firmado por Gary Coronel, subsecretario del Tesoro, se anotan todas las obligaciones que tiene el Gobierno en el año que viene y de dónde se piensan obtener los recursos. El origen de los recursos para cubrir la millonaria cifra está en los multilaterales, deuda interna e inclusive se estaría pensando en retornar a los mercados internacionales.

De manera detallada, los ingresos esperados son bonos de deuda interna por $ 4.734 millones; deuda externa que llegaría a $ 4.800 millones proveniente de organismos internacionales (FMI y otros multilaterales). También se piensa obtener $ 250 millones de Gobiernos amigos y, finalmente, $ 1.500 millones de privados.

De acuerdo con Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), estas necesidades de financiamiento establecidas por el informe del Tesoro Nacional son las más apegadas a la realidad, pues en la cuenta Ahorro, Inversión, Financiamiento, que también es parte de la proforma, se indica que las necesidades de financiamiento son menores y que llegan a $ 9.534 millones. En este sentido opina que se deberían armonizar los números en lo interno del ministerio tanto a nivel de presupuesto como de Tesorería.

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En todo caso, volviendo al informe de Tesorería, no está claro qué significa obtener recursos de deuda externa con privados por $ 1.500 millones. En este tema, Carrera indica que dentro de la proforma 2022, en los ingresos por ítem se puede mirar que el Gobierno ha planteado colocaciones en el mercado internacional de bonos por $ 1.200 millones.

Ecuador dejó de colocar bonos de deuda externa desde que firmó su primer acuerdo con el FMI, en la administración del ministro Richard Martínez, en el gobierno de Lenín Moreno, pues dichas colocaciones eran sumamente onerosas debido al riesgo país. Tanto en el gobierno de Correa como en el de Moreno se emitieron bonos de deuda externa con altísimas tasas (hasta 10,75 %), lo que hacía que nuestros bonos se ubicaran en una categoría de bonos basura, según varios expertos. La caída del riesgo país podría hacer que el endeudamiento en mercados sea más barato, pero por ahora dicho indicador aún se mantiene alto pese a que tuvo una baja importante cuando el gobierno de Guillermo Lasso ganó las elecciones. Al 29 de octubre se ha colocado en 847 puntos.

Finalmente, el Gobierno indica que obtendrá también $ 1.400 millones más de “otros ingresos”: unos $ 700 millones de empresas públicas y que se denominan manejos de liquidez, y otros $ 700 que pasarían al siguiente año sin ser cubiertos. Así los ingresos de financiamiento esperado son $ 11.583 millones, es decir, $ 81 millones más que las necesidades.

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Es que el Gobierno debe cubrir en primera instancia el déficit presupuestario 2022, que alcanza $ 3.784 millones. Pero también se deben pagar vencimientos de deuda interna y externa que, según indica la Tesorería, llegan a $ 2.260 millones y $ 2.454 millones, respectivamente.

En el mismo documento se detalla un rubro llamado “Otros” para establecer otras obligaciones pendientes y que en total llegan a $ 3.003 millones. En este último rubro se encuentran obligaciones de años anteriores por $ 1.200 millones, pagos por uso de liquidez de empresas públicas por $ 600 millones, $ 1.000 millones al IESS y $ 193 millones a otros.

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En cuanto a la deuda interna, durante el año 2022, los vencimientos de bonos de deuda interna suman $ 2.260 millones. El Gobierno aclara en su informe que en cuanto a los vencimientos con tenedores privados, una parte corresponde a bonos de los jubilados del sector público y a contratistas públicos como pago por las obras realizadas, no existe posibilidad de renovación de las inversiones.

Pero en la parte correspondiente a inversionistas privados, se asume una probabilidad de renovación del 60 %. En cuanto a los vencimientos con públicos, que corresponden a inversiones de entidades financieras públicas, y del IESS y el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), se espera poder renovar en un 75 %, 50 % y 25 %, respectivamente. En cuanto a los vencimientos de inversiones de empresas públicas, como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), se ha considerado una probabilidad de renovación del 75 % y para las inversiones de Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) se ha supuesto una probabilidad del 0 %.

En este sentido se esperaría una renovación total de 46,55 % de los vencimientos, es decir, $ 1.052 millones. Esto implicaría que para alcanzar las colocaciones previstas de $ 4.734 millones se necesitarían nuevas colocaciones por $ 3.682 millones. De acuerdo con el Gobierno, una buena parte de estos ingresos adicionales permitiría el pago de cuentas por pagar de años anteriores, así como el pago de obligaciones de $ 1.000 con el IESS, correspondientes a años anteriores.

Adicionalmente, en el Justificativo se indica que uno de los objetivos primarios del plan de gobierno está alineado al plan de reducción de deuda pública. Las estrategias de reducción están basadas sobre políticas fiscales de priorización del gasto público, así como reformas estructurales laborales y administrativas que se espera aumentarán el crecimiento potencial a través de un fortalecimiento de los factores productivos.

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En ese sentido, se espera que para el año 2025 se alcance un stock de deuda de aproximadamente 55,1 % del PIB, menor en 8,2 puntos porcentuales respecto del saldo proyectado para el cierre de 2021 de 63,3 % del PIB.

Aclaran que la reducción de la deuda pública está condicionada a las reformas que implemente el Gobierno para restaurar la sostenibilidad fiscal y generar condiciones de mayor crecimiento mejorando la competitividad del país, impulsando la inversión nacional y extranjera, mejorando las condiciones laborales y propiciando condiciones favorables para el desarrollo del sector privado.

Redacción
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