Políticas públicas que impulsen el desarrollo es lo que requiere un país para atraer inversión extranjera. Sin embargo, Ecuador “ha experimentado en las últimas décadas periodos de gran incertidumbre promovidos desde la arista política”, lo cual hace ver al país “poco atractivo” y “caro” para los inversionistas, según analistas económicos consultados.

Dos hechos recientes son ejemplo de aquello. En la Asamblea Nacional se aprobó la semana pasada un informe de la fiscalización al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) elaborado por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana en el cual se sugiere al pleno que declare ilegítima la deuda contraída con este organismo internacional y que se activen los mecanismos para demandar la inconstitucionalidad de dicho acuerdo, lo cual supondría para Ecuador un escenario negativo.

Declarar ilegítimo acuerdo con FMI complicaría búsqueda de nuevas líneas de financiamiento para Ecuador, advierten expertos

Asimismo, en el Parlamento se tramita en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado un proyecto de ley que restringe más el arbitraje internacional, el cual afectaría también a la inversión extranjera.

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Para el experto tributario Napoleón Santamaría, “lo que necesita un país son programas, políticas públicas de desarrollo, independientemente de que el Gobierno sea de izquierda, derecha”.

“Pero desde las distintas funciones del Estado se han dejado ver diferentes hechos que hacen que los inversionistas digan: ‘si en ese país de locos nos salen unos diputados ignorantes y resentidos sociales con un proyecto político para dañar al país, sale un presidente que no entiende lo que tiene que hacer y comete graves errores, o sale un juez pillo y nos vira todo el derecho’, ¿cómo un racional del mundo viene a Ecuador” a invertir?, cuestiona.

Un criterio similar tiene el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP), Joselo Andrade, quien indica que “Ecuador ha experimentado en las últimas décadas periodos de gran incertidumbre política”, entre ellos, el cambio de Constitución, un sinnúmero de reformas tributarias que promueven la inseguridad jurídica, la imposición desde el Estado de visiones ideologizadas que promueven el deterioro económico (socialismo del siglo XXI) y el uso de la Asamblea Nacional como espacio para zanjar pugnas políticas, que llevan incluso a lo que en Ecuador “conocimos como muerte cruzada”.

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Con este contexto, señala: “No solo es entendible que los niveles de inversión en nuestro país sean bajos, tomando como referencia las tasas de inversión en países vecinos, sino muy razonable llegar a sostener que podríamos perder inversiones existentes”.

Andrade sostiene que la inversión es siempre el resultado de precondiciones existentes. Entre ellas, seguridad jurídica, estabilidad política, una economía en crecimiento y reglas claras para la inversión, condiciones que se establecen de forma explícita, y cita como ejemplo dentro de los acuerdos comerciales pautas “que por cierto van más allá del marco que como país se puedan adoptar”.

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Por su parte, el presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, Larry Yumibanda, refiere: “Ecuador siempre ha sido un país poco atractivo para el tema de inversión extranjera directa desde que estamos dolarizados. Ecuador es un país muy caro y al ser un país muy caro es una barrera para la inversión extranjera directa”.

A los temas políticos, Yumibanda agrega otros factores que ahuyentan la inversión. Por ejemplo, que en los últimos diez años se ha registrado una reducción del consumo de la clase media en un 35 %; que la carga tributaria en el país “sigue siendo sumamente elevada al ser una de las tres economías más pobres de Sudamérica”; que en el sector empresarial y también desde el Estado “se invierte muy poco en investigación y desarrollo”; y que se tienen altas tasas de interés para los sectores productivo y microempresarial, así como la poca cualificación del talento humano.

Comisión recomienda al pleno de la Asamblea Nacional declarar ilegítima la deuda con el FMI, llamar a juicio político a ministro y demandar la inconstitucionalidad del acuerdo

Yumibanda señala que el Gobierno no comprende la dinámica de la reactivación económica, pues si bien es cierto que apoya la reactivación de la producción a través de incentivos legales que en su momento fueron aprobados por la Asamblea”, se lesiona el consumo y “lastimosamente el proceso de desaceleración va a continuar”.

Andrade indica que en Ecuador se deben “lograr consensos sobre la naturaleza de los problemas que enfrentamos como país, y una vez determinados trazar una ruta que nos permita superarlos. Los acuerdos políticos en esta materia son imprescindibles”.

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Indica que para ello el debate a nivel de las élites debe girar en torno a la búsqueda de más acuerdos comerciales, internacionalización del sistema financiero y libertad económica, pues este último es precisamente lo que ha logrado sacar a otras naciones del atraso y la pobreza.

“A mayor libertad económica, mayores niveles de prosperidad. Esta es una relación que podemos evidenciar de manera empírica a lo largo y ancho del globo y que además podría alterar dramáticamente el destino de nuestro país”, asegura.

Por su parte, Santamaría indica que mientras no se cambie la política en el país, vecinos como Colombia y Perú van a estar más adelante que Ecuador.

Cita, como ejemplo, que teniendo en cuenta la economía de cada país, que si a Ecuador llegaron $ 300 millones en inversión, a Perú debían llegar $ 600 y a Colombia $ 900; sin embargo, resulta que a Perú llegaron $ 26.000 millones. “Mire la diferencia, estos políticos son un desastre, están acabando con nuestro país, los políticos del Ecuador son la peste, el cáncer más pernicioso para el desarrollo de nuestro país”, dice. (I)