La polémica en torno a la adjudicación del contrato de seguros para Petroecuador continúa. La exasistente del juez de Yaguachi, Jhon Rodríguez Mindiola, acudió este viernes 1 de septiembre a presentar una denuncia de falsificación de firma, esto luego de que presuntamente solicitó una acción de protección con medida cautelar en contra del gerente de la estatal, Ramón Correa.
Hasta las instalaciones de la Fiscalía de La Merced llegó Noris Gómez Alvarado, exasistente del juez de Yaguachi, acompañada de su abogado, Alfredo Arboleda.
Petroecuador sí firmará pólizas con Seguros La Unión pese a cruce de medidas cautelares
El pasado 28 de agosto el juez Jhon Rodríguez Mindiola acogió el pedido de declarar desierto el concurso de licitación para la adjudicación del contrato de pólizas de Seguros de Todo Riesgo Petrolero, Responsabilidad Civil Marítima y Responsabilidad Civil no Marítima para Petroecuador, que supuestamente Gómez Alvarado pidió al presentar una acción de protección argumentando que no se habían cumplido las condiciones necesarias de valoración de los bienes por asegurar. Otro juez dispuso una medida contraria y dos días después Petroecuador adjudicó el contrato a la empresa Seguros La Unión por $ 99,1 millones.
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Sin embargo, esa primera acción de protección no habría sido presentada por la hoy demandante, pues según su abogado, “nunca presentó ninguna denuncia” y a su vez solicitó que sea incluida en el programa de protección de testigos.
“No estamos denunciando a una persona directa, pero estamos denunciando un hecho y un hecho es que el señor Jhon Rodríguez, el juez, emitió una acción de protección con una acción que precisamente supuestamente fue suscrita por una señora que hoy por hoy está presentando una denuncia, porque nunca presentó ninguna denuncia, no fue suscrita por ella, no fue presentada por ella, y es lo que la Fiscalía a partir de hoy tiene que informar a la ciudadanía, cómo una persona llegó o cómo esa acción llegó”, dijo Arboleda en Teleamazonas.
El juez Jhon Rodríguez Mindiola, quien es investigado por la Fiscalía por el delito de prevaricato por el caso de devolución de derechos ciudadanos al exvicepresidente Jorge Glas, fue destituido por el Tribunal Contencioso Electoral el 25 de agosto pasado, pero él apeló la decisión y con ello continuó ejerciendo funciones. (I)
