Los cinco gremios que representan a la banca privada y a entidades financieras de microfinanzas se mostraron preocupados ante la aprobación de la “Ley orgánica reformatoria de diversas leyes para la garantía de derechos derivados del apoyo humanitario”, especialmente en cuanto a los artículos 2 y 8 de dicho cuerpo legal.

Y es que esa reforma incorpora una disposición transitoria al Código Orgánico Monetario Financiero en que se dispone a todas las entidades del sistema financiero, incluidas las que emiten tarjetas de crédito y aquellas que tengan como giro de negocio operaciones de crédito, que efectúen acuerdos con sus clientes para reprogramar, refinanciar y suspender el cobro de cuotas impagas generados por créditos adquiridos desde el 16 de marzo de 2020 hasta diciembre del 2021.

Durante el periodo de diferimiento se prohíbe la generación de intereses de mora sobre el capital de los valores diferidos desde marzo del 2020 a diciembre del 2021. Los intereses que se hubieran calculado por estas reprogramaciones, refinanciamientos o restructuraciones no serán cobrados al deudor. Y se dispone la condonación de intereses de mora para los actuales deudores con entidades del sistema financiero público o privado, que incluye los segmentos de las mipymes, microcrédito, crédito agrícola y los emprendimientos de la economía popular y solidaria.

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Para los gremios, estos artículos tendrían tintes de inconstitucionalidad, ya que atentan contra los derechos de los millones de depositantes del sistema financiero nacional, poniendo en riesgo sus recursos, “cuando pretenden reprogramaciones generalizadas e incluso la condonación de obligaciones”.

Así lo anunciaron la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) y la Asociación Nacional de Mutualistas del Ecuador (ANME) en un comunicado oficial.

El pleno de la Asamblea aprobó en segundo debate el nuevo cuerpo normativo que reforma parcialmente la Ley de Apoyo Humanitario. Ahora se requiere que este sea vetado parcial o totalmente por el Ejecutivo, o que este le ponga el ejecútese.

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Las organizaciones gremiales explicaron que su objetivo primordial es preservar los depósitos de los clientes, debiendo gestionar de forma apropiada la colocación de crédito y, por ende, la recuperación puntual de estos. Esto incluso está establecido en la Constitución de la República.

Además explicaron que el sistema financiero privado y de la economía popular y solidaria, durante la crisis derivada del COVID-19, fue un puntal para amortiguar el impacto económico, apoyando con alivios financieros a más de tres millones de clientes que necesitaron apoyo, siempre bajo parámetros técnicos y en resguardo de los recursos que le fueron confiados.

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Y durante el periodo actual de recuperación económica han seguido apoyando en los casos puntuales que todavía han requerido su soporte.

Aun cuando la cartera de crédito de todo el sistema financiero privado y de la economía popular y solidaria ha crecido a niveles récord, actualmente la tasa de morosidad se mantiene estable, lo que, además de demostrar la cultura de pago de los ecuatorianos, demuestra que se han seguido encontrando soluciones para quienes necesitan apoyo. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, la tasa de morosidad en la banca a mayo de 2021 fue de 3,15 %; y ahora, en mayo de 2022, fue de 2,16 %.

El sistema financiero privado y de la economía popular y solidaria del Ecuador hace un llamado a los asambleístas y líderes políticos a la prudencia y cuidado, para que sus acciones no pongan en riesgo a millones de ecuatorianos que confían en bancos, cooperativas y mutualistas. (I)