“Cada vez hay menos inversión pública, y la consecuencia es que hay menos empleo que se genera, porque la inversión pública está muy asociada a la construcción, a la infraestructura; el sector de la construcción está muy debilitado”, afirma el economista Alberto Acosta Burneo al analizar la reducción de la contratación pública en el primer semestre del 2024.
De enero a junio de este año, el Estado –Gobierno central y organismos seccionales- ha destinado $ 2.549 millones a la contratación de obras públicas o a la compra de bienes y servicios en el país, según los registros del portal del Servicio de Contratación Pública, Sercop. La cifra representa una reducción del 11 % frente a lo contratado en el mismo periodo del año 2023, en que se dedicaron $ 2.873 millones.
Las cifras del Sercop señalan que con los $ 2.549 millones se han adjudicado, en el primer semestre de este año, 140.689 contratos y seleccionado a 13.359 contratistas o proveedores para que ejecuten obras públicas. Entre ellas constan, por ejemplo, la construcción de la cárcel de Santa Elena, el aseguramiento de servicios petroleros, la pavimentación de calles, la compra de medicinas, la edificación de viviendas de interés social, la creación de proyectos de electrificación rural y urbano marginal e instalación de redes de agua potable y alcantarillado.
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A la cabeza de las mayores contratistas de estas obras se encuentran las empresas Latina Seguros C. A., Puentes y Calzadas Infraestructura S. L., Cuerpo de Ingenieros, Diteca S. A., Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP, Roche Ecuador S. A., Aseguradora del Sur C. A., Leterago del Ecuador S. A., Petroecuador EP, Inycofyi Ingeniería y Construcciones S. A., entre otras.
“La inversión nacional tiene una relación directa con la generación de empleo”, recalca el analista económico Jaime Carrera, quien considera que la principal causa de la reducción de esta inversión obedece a la falta de recursos del Estado. “Hasta julio es casi nula la inversión. El Estado no tiene dinero; a pesar de los impuestos, el dinero solo le alcanza para gasto corriente”, explica Carrera.
Acosta Burneo coincide en que la falta de ingresos es la causa principal, y que se manifiesta en una baja inversión pública: “La crisis fiscal va a cumplir diez años. En 2014 se acabó la bonanza petrolera y el fisco se quedó sin ingresos, esos ingresos extraordinarios desaparecieron, desde 2014 tenemos un proceso de reducción de la inversión pública”.
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El gasto corriente, que permite el pago de los sueldos de los funcionarios y de rubros administrativos, está afectando a la inversión pública, cree este analista. “Estamos viendo en los últimos años que se produce un efecto preocupante, porque el gasto corriente sigue subiendo año tras año y continúa asfixiando a la inversión pública”.
Para que el Estado eleve la inversión deben generarse recursos, ya sea vía impuestos. Sin embargo, cree este economista, “la inversión pública no tiene un efecto dinamizador cuando se financia con más impuestos. Si el Estado tuviera recursos para financiar obra pública habría un efecto dinamizador, lo que tiene que hacer ahora es elevar impuestos para financiar su obra, lo que tendría efecto contraproducente, porque le quita dinamismo a la economía y contrarresta cualquier beneficio”
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Así, la elevación del impuesto al valor agregado, progresivamente del 12 % al 15%, no incide en el fomento de la obra pública. “Los ingresos obtenidos con el aumento del IVA lo que iban a hacer era cubrir en parte la brecha fiscal, no importa lo que se dice sino en la práctica lo que termina sucediendo, estos recursos han ido al barril sin fondo del déficit fiscal”, comenta el analista económico Joselo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP).
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La inversión -explica Andrade- “es aquello que resulta una vez que tú haces los gastos que destinaste hacer”. “Pero yo logro invertir y pensar a largo plazo siempre que haya satisfecho mis necesidades más básicas, si el Gobierno escasamente puede pagar la nómina y le queda un pequeño remanente y este remanente va a ser destinado a inversión, lamentablemente no es mucho, porque el Gobierno no ha solucionado su problema fiscal”, sostiene Andrade.
La caída del indicador de la contratación o inversión en obra pública se puede contrarrestar con el fomento de la inversión privada, coinciden los tres analistas económicos.
“Se necesita que la inversión privada despegue para que ocupe el espacio que la inversión pública ya no puede tener debido a la falta de recursos del Estado. Para contrarrestar la caída de la inversión pública hay que permitir la inversión privada, esto es fundamental, tenemos sectores mal llamados estratégicos donde se ha bloqueado a la inversión privada”, dice Acosta Burneo.
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En sectores importantes como petróleo, minería o electricidad -agrega- hay bajísimos niveles de inversión. “La producción petrolera está cayendo, tenemos apagones porque no tenemos suficiente generación eléctrica, el sector minero a pesar de que está creciendo está muy rezagado frente a países como Chile, Perú”, explica.
Por citar un ejemplo, en materia eléctrica hay limitaciones para que el sector privado genere electricidad. “Tenemos apagones, pero está prohibido que generen cierta cantidad, esos son los límites que deben eliminarse, y además los permisos para invertir son muy difíciles y engorrosos”, comenta Acosta Burneo.
En la misma línea, Joselo Andrade considera que para facilitar las condiciones de inversión de la empresa privada se deben cambiar normativas. “Cambio de reglas del juego para el sector privado. Estabilidad política no la tenemos, entramos a un periodo de transición. Esa falta de estabilidad política no permite entender que en el Ecuador no hay las certezas básicas para la inversión”, comenta Andrade. (I)
