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La obligación de pagar con tarjeta o transferencia electrónica montos mayores a 500 dólares va dirigida a las empresas y sus proveedores para deducir impuestos o cobrar créditos tributarios

La entrega de facturas a nombre del comprador cuando la transacción supera los $ 50 estaba vigente desde noviembre de 2022, pero ahora es parte de una ley.

A partir de la Resolución 672-2021-F, de la Junta Monetaria y Financiera, recibir dinero por transacción electrónica no tiene costo. Foto: Cortesía Freepik.

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La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa, y aprobada por la Asamblea, establece que para beneficiarse de la deducción tributaria o un crédito tributario se requerirá que el pago de montos mayores a 500 dólares se haga a través de una transferencia electrónica, el uso de tarjetas de crédito o débito, cheques, giros o cualquier otro medio de pago electrónico.

La disposición va dirigida a las empresas que deducen para el cálculo del impuesto a la renta o aplican al crédito tributario en el caso del impuesto al valor agregado.

Así tienen la constancia de que hubo el movimiento del dinero, lo que deben presentar ante la autoridad tributaria, es decir, el Servicio de Rentas Internas (SRI).

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Los pagos mayores a 500 dólares ya no podrán realizarse en efectivo, según dispone la Ley de Eficiencia Económica, si se quiere aplicar una deducción o un crédito tributario

Las personas naturales pueden seguir pagando en efectivo y exigir factura, aunque por seguridad no suelen usar el dinero físico cuando son montos mayores.

El analista económico y editor de la revista Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo, indica que la norma va dirigida a los proveedores y empresas que desde el 20 de diciembre deben realizar los pagos en línea con el uso de tarjetas o transferencias electrónicas.

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Es un mecanismo de controlar el flujo del dinero y generar una economía más formal, asegura. En el caso de las personas naturales, pueden pagar en efectivo al comprar un artefacto, como una refrigeradora o un auto; lo que sí está claro es que deben exigir la factura correspondiente.

“El tema de los 500 dólares funciona para las empresas, para que sea un gasto deducible. Entonces, el proveedor de la empresa tiene que saber que para poder recibir un pago la empresa le va a exigir una cuenta bancaria para depositar”, menciona Acosta

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Esta exigencia de bancarizar los pagos a los proveedores de las empresas cuando el monto supera los 500 dólares, para que el gasto sea deducible de impuestos, va en el camino de mejorar la cultura tributaria.

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Otro de los fines, dice Acosta, es el incentivo del uso del dinero electrónico para caminar hacia una economía que utilice cada vez menos dinero físico como sucede en los países desarrollados.

La conocida como reforma tributaria de Noboa dispone también la obligación de colocar las facturas mayores a 50 dólares a nombre del comprador o consumidor. Esta disposición ya estaba vigente desde noviembre de 2022 mediante reglamento del SRI.

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Pese a que ya estaba vigente no necesariamente se cumplía ya que los consumidores no lo exigían, indica Acosta, y también porque faltó un control más eficiente.

“El objetivo es transparentar el gasto de los consumidores, tener mucho más control tributario. En el país hay un sector informal muy grande que tiene ingresos que pasan por debajo del radar del SRI. Son personas con mucho dinero pero que viven en la informalidad, no reportan, no pagan impuestos. Una de las maneras de pasar por debajo del radar estatal es no dejar rastro al comprar, entonces compra en efectivo y pide factura a nombre de consumidor final”, dice Acosta.

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Uno de los fines de entregar facturas es generar una mayor cultura tributaria cerrando espacio a la informalidad.

El tema va por el lado del consumidor que prefiere pagar sin la posibilidad de que el Estado se percate del nivel de consumo que tienen los ciudadanos. Al obligar la entrega de facturas se puede conciliar el consumo con los ingresos reportados al SRI y ver si hay evasión.

Ante la negativa de los compradores, los negocios como los supermercados han optado desde esta semana por preguntar si dividen la compra a los que se niegan a dar sus datos (número de cédula, nombre y correo electrónico) para la elaboración de la factura. Su alternativa es vender.

“Tiene un peso mayor ahora que está en la ley, pero también depende de la autoridad tributaria que tenga la voluntad de hacer cumplir con el control, de lo contrario está la práctica de dividir la compra para no entregar la factura con datos”, agrega Acosta.

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Consumir sin facturas a nombre del consumidor es un efecto de las reformas tributarias del expresidente de la República Guillermo Lasso que limitaron la capacidad de deducción de gastos para pagar el impuesto a la renta.

Al tener gastos deducibles de impuestos, los mismos contribuyentes pedían las facturas de sus gastos en áreas como salud, por lo que se transformaron en veedores del cumplimiento tributario.

Al eliminar el incentivo de pedir facturas, los contribuyentes solo las solicitan hasta que ya alcanzan el monto máximo que pueden deducir. “Llega un momento en el que ya no sirve de nada pedir facturas porque no va a poder deducir”, manifiesta Acosta

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El art. 25 de la norma citada determina “la obligatoriedad de utilizar a cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago”.

“Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los quinientos dólares sea deducible para el cálculo del impuesto a la renta y el crédito tributario para el impuesto al valor agregado sea aplicable, se requiere la utilización de cualquiera de los medios de pago antes referidos, con cuya constancia y el comprobante de venta correspondiente a la adquisición se justificará la deducción o el crédito tributario”, indica la norma aprobada y que entró en vigencia a partir del 20 de diciembre de 2023.

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