Ante los amicus curiae que presentaron dos sectores productivos dentro del análisis que realiza la Corte Constitucional al decreto ley para la Atracción y Fomento de las Inversiones para el Desarrollo Productivo, Marcelo José Salame Alban aclara que la Cámara Nacional de Acuacultura y Anecacao presentaron sus escritos en contra de la disposición general quinta que se refiere a los contratos de inversión y no al proyecto en general de zonas francas.

Salame, parte de la comisión general dentro del tratamiento de la Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital, asegura que los dos gremios “no han presentado un amicus curiae en contra de la Ley de Zonas Francas, sino en contra de la disposición general quinta que trata lo estipulado en lo que concierne a los contratos de inversión, a la cual consideran una ‘violación a la seguridad jurídica y una arbitrariedad’”.

Lo hace para que no se dé “confusión y desánimo en poblaciones enteras que esperan con ansias un empleo que les permita subsistir”.

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Hay siete iniciativas de zonas francas aguardando decreto ley de inversiones, según el ministro Julio José Prado

Y hace referencia que existen cerca de 4.000 zonas francas en más de cien países, que generan casi 70′000.000 de plazas de empleo. Que el 41 % de las exportaciones de dichos países se realizan por medio de zonas francas. “Estas zonas francas reciben 20 % de inversión nacional directa, y desde el 2015, las 400 zonas francas de América Latina han recibido más de $ 1.100′000.000 en inversión debido a su funcionamiento”.

Anota que algunas de las características de las zonas francas son: transferencia de tecnología, alta empleabilidad, innovación, cuidado ambiental, infraestructura inteligente, manufactura nacional, transparencia y trazabilidad fiscal y aduanera y salarios altamente más competitivos.

Ecuador está en los últimos puestos del ranking de zonas francas e inversiones, una realidad que se busca revertir con segundo decreto ley

Salame recuerda que la primera zona franca en el mundo se estableció en Uruguay en 1929, y en 1959 Irlanda creó un nuevo concepto, el cual dura hasta estos días. “Las zonas francas trabajan en concordancia total con leyes aduaneras y gubernamentales, instando a que organismos de control aduanero se asienten dentro de la misma”.

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Marcelo Salame, de la Comisión general dentro del tratamiento de la Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital. Foto: Cortesía

Los beneficios tributarios que representan para las empresas nacionales y extranjeras el estar dentro de la zona franca generan, a su vez, seis veces más, es decir, por cada $ 1 de beneficio tributario a las empresas entraría $ 6 a las arcas del Estado.

Uruguay, República Dominicana, Colombia, Costa Rica, Brasil, México, Perú y Guatemala se encuentran a la cabeza en número y tamaño de dichas zonas. Entre los países con menor cantidad de zonas francas activas se encuentran Nicaragua, Haití, Venezuela y Bolivia. Solamente el Ecuador carece totalmente de ellas salvo la zona franca atunera, indica.

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Por ello hace un llamado a los jueces constitucionales: “La empleabilidad, alimentación y supervivencia de miles de familias ecuatorianas van a depender de esta nueva industria tan necesaria para estos tiempos tan complejos. La politiquería barata no alimenta familias, el trabajo sí. Señores jueces la responsabilidad de lo antes mencionado está en sus hombros”. (I)