Los acuerdos llegados entre el Gobierno y las organizaciones indígenas dentro de la mesa 5 de Energía y recursos naturales se centran en una moratoria de actividades petroleras y mineras en ciertas zonas y también en cambios para varias leyes que rigen a estos sectores estratégicos.

El acta firmada por ambas partes al cierre de esa mesa, el 9 de septiembre de 2022, deja sentados los acuerdos, los desacuerdos y las fechas de nuevas reuniones para avanzar en las propuestas. Así, mesas técnicas se instalarán el 21 de septiembre, el 30, el 17 de octubre y otra el 25 de ese mes.

Estos diálogos son parte del proceso emprendido entre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine) después de las protestas que paralizaron el país en junio pasado.

Publicidad

Estos son los puntos en los que avanzarán los diálogos y también los desacuerdos que no han podido llegar a consensos:

1. Moratoria a las actividades mineras e hidrocarburíferas sujetas a auditoría

Acuerdos

Hidrocarburos:

  • Quince bloques petroleros entrarán en una moratoria temporal de al menos doce meses o hasta que la ley de consulta previa, libre e informada de acuerdo a lo establecido en la Constitución, tratados internacionales y disposiciones de la Corte Constitucional esté publicada en el Registro Oficial. Esos bloques son los ubicados en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, incluyendo los bloques de Ronda Sur Oriente, hasta contar con la normativa necesaria de la Consulta Previa, Libre e Informada: bloques 28, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86 y 87.

Minería:

Publicidad

  • El Gobierno no otorgará nuevos títulos mineros a las nuevas peticiones de derechos mineros hasta contar con la normativa necesaria para la aplicación de la consulta previa, libre e informada.
  • El Gobierno se compromete a no otorgar licencias ambientales para el inicio de nuevas actividades mineras hasta contar con la normativa en materia de consulta ambiental.
  • Respecto a la consulta ambiental se establece una mesa técnica que revise la propuesta legal a consulta ambiental, las observaciones se deben hacer hasta el 21 de septiembre de 2022. A partir de esta fecha el movimiento indígena y el Ministerio del Ambiente revisarán y discutirán la propuesta que deberá someterse a la consulta prelegislativa. El movimiento indígena acepta tal revisión sin que esto constituya acuerdo sobre el contenido.

Evaluación integral en minería e hidrocarburos:

Conformar una mesa técnica de evaluación integral de carácter vinculante para la revisión de los expedientes de procedimientos de licencias ambientales, contratos petroleros y derechos mineros otorgados; los impactos de carácter socioambiental, legal y operacional; y a la identificación y acuerdo de los mecanismos efectivos de remediación, reparación integral, garantías de no repetición y/o reversión, la cual se instalará el 17 de octubre de 2022. La mesa estará conformada por representantes de cada una de las organizaciones sociales y organizaciones de pueblos y nacionalidades (Conaie, Feine, Fenocin), de los ministerios de Estado competentes en el área, así como la participación de la Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura y Naciones Unidas o CIDH.

Publicidad

La invitación deberá realizarla la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El cronograma y metodología de la mesa se definirá en el día cero de la reunión.

Los ministerios del Ambiente y de Energía y Minas se comprometen a entregar en digital toda la información que la mesa requiera con la debida anticipación para el desarrollo de su actividad y buscar alternativas de financiamiento de ser necesario.

La mesa técnica definirá la prioridad de los temas a tratar y son los principales:

  • En materia petrolera la evaluación de procedimientos de licenciamiento y los impactos de carácter socioambiental, legal y operacional de los bloques de la Ronda Intracampos II, de la Ronda Sur Oriente y de los bloques 10, 14, 17, 61, 12, 16, 22, 29, 75, 74, 31 y 43.
  • En materia minera, a la forma como se va a poder operativizar el acuerdo de paz y al menos dos proyectos de minería industrial a gran escala en curso y 21 procesos de exploración de minería metálica, entre ellos Loma Larga, La Plata y Curipamba.

Desgraficación de las concesiones mineras:

Publicidad

Los representantes del Gobierno acuerdan desgraficar las concesiones mineras que intercepten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas intangibles, en las partes que se encuentren superpuestas.

Desacuerdos

  • En hidrocarburos las organizaciones indígenas solicitan que no se realicen actividades adicionales en los bloques por licitar de la ronda intracampos, que son los bloques 11, 93, 94, 95, 96, 97 y 59. El Gobierno no acepta esta propuesta indicando que es necesario realizar las actividades adicionales por temas de mantenimiento de producción y obtención de recursos económicos.
  • El Gobierno no acepta la moratoria al bloque Perico plataformas 1 y 2, bloques 50 y 51 (Charapa y Chanangué), bloque 61, bloque 10 (campos Oglan, Jimpikit y Moretecocha).
  • Las organizaciones propusieron la prohibición absoluta para la ampliación de actividades petroleras en bloques y campos que afectan a territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, se encuentren o no dentro de áreas que el Estado haya declarado protegidas o zonas intangibles. De acuerdo al principio de precaución, esta prohibición se deberá aplicar principalmente a ampliaciones proyectadas en los bloques 14, 17, 61, 66; en el bloque 12 donde se pretende construir un nuevo oleoducto en la región Yasuní; en el bloque 16, donde hay pasivos ambientales e incumplimientos que el Estado aceptó cuando Repsol salió; en los bloques 31 y 43, en el Parque Nacional Yasuní, donde se pretende abrir nuevos pozos con afectaciones a la nacionalidad waorani en contacto inicial y pueblos en aislamiento voluntario.
  • El Gobierno no acepta esta propuesta y propone garantizar que no existirá ampliación del polígono de las áreas de los bloques 14, 17, 61, 12, 16, 31 y 43. Es decir, se respetará la zona intangible apegados a la normativa legal.
  • En minería, las organizaciones indígenas solicitan la no apertura del catastro minero. El Gobierno indica que es necesario esa apertura y se compromete a no otorgar nuevos títulos de derechos mineros de las nuevas peticiones hasta que exista la ley de consulta previa, libre e informada en territorios de nacionalidades y pueblos indígenas.
  • Los representantes del Gobierno no aceptan la propuesta de las organizaciones relacionadas con la derogatoria del decreto 151, así como la moratoria y nulidad de las concesiones mineras, de acuerdo con la propuesta inicial argumentando seguridad jurídica y atracción de inversiones. Por su parte, las organizaciones señalan que se vulnera el derecho a la seguridad jurídica de la ciudadanía en relación con derechos constitucionales como el derecho a la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental. Así como tampoco se ha aceptado establecer nuevas áreas de exclusión minera, como mecanismo para evitar conflictos socioambientales futuros.
  • Los representantes del Gobierno no aceptan que la licencia ambiental se someta a consulta previa, libre e informada.

2. Remediación ambiental: compensaciones e indemnizaciones

Acuerdos

  • Conformación de una comisión técnico – ambiental para la identificación, caracterización, priorización y remediación de los pasivos ambientales ocasionados por las empresas del Estado, empresas privadas y otros, la misma que estará integrada por las organizaciones sociales afectadas y organizaciones de Pueblos y Nacionalidades; dicha información generada servirá de base para una correcta aplicación de la reparación integral por los daños ocasionados.
  • La mesa de reparación integral de pasivos ambientales se instalará el 30 de septiembre de 2022, utilizando la metodología establecida por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para definir actores, cronogramas y metodología de trabajo.

3. Creación de la ley de consulta previa, libre e informada

Acuerdos

  • Conformación de una mesa técnica – jurídica para construir de manera articulada el proyecto de ley, con las organizaciones sociales y organizaciones de pueblos y nacionalidades, la cual se instalará el 25 de octubre de 2022. Esta mesa contará con la participación de un asesor de la Relatoría para pueblos indígenas de las Naciones Unidas y/o de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos. La Conferencia Episcopal extenderá la invitación. La mesa se conformará utilizando la metodología establecida por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para definir actores, cronogramas y metodología de trabajo.

Desacuerdos

  • Los representantes del Gobierno no aceptan el pedido de Derogatoria del Decreto 1247 de 2012.
  • Tampoco aceptan el pedido de derogatoria del Acuerdo Ministerial 013 publicado en el Registro Oficial 466 de 11 de abril de 2019, mediante el cual se sustituye el capítulo V sobre “procesos de participación ciudadana para la regularización ambiental” del Acuerdo Ministerial 109 publicado en registro oficial 640 de 23 de noviembre de 2018 y proponen no emitir autorizaciones administrativas ambientales a los proyectos que conforme la categorización de su impacto y riesgo ambiental requieran contar con una Licencia Ambiental, para lo cual deberán cumplir con la consulta ambiental conforme la normativa que se emita para el efecto; por ende, para lo dicho se realizará la emisión de la reforma al Reglamento al COA observando los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional, para posteriormente, una vez efectuados los procesos de consulta ambiental a todos los proyectos que se encuentren en trámite, se proceda con su respectivo licenciamiento.

4. Reformas a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Minería

Acuerdo

  • Conformación de dos mesas técnicas – jurídicas donde se abordarán las reformas a las leyes de Hidrocarburos y Minería, en base a la adenda presentada por la Fenocin, las cuales se instalarán una vez que termine el proyecto de ley de la consulta previa, libre e informada utilizando la metodología establecida por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para definir actores, cronogramas y metodología de trabajo.

5. Creación de la ley de Petroecuador

Acuerdo

  • Conformación de una mesa técnica – jurídica para construir de manera articulada el proyecto de ley, con las organizaciones sociales y organizaciones de pueblos y nacionalidades, la cual se instalará después de haber finalizado el proceso de reformas a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Minería. La integración de esta mesa será similar a la mesa técnica para el tratamiento a las reformas de la Ley de Hidrocarburos utilizando la metodología establecida por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para definir actores, cronogramas y metodología de trabajo.

6. Reformas a la Ley para Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica

Acuerdos

  • Conformación de una mesa técnica de trabajo conjunto, donde se abordarán los temas relacionados a las reformas a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y el actual reglamento utilizando la metodología establecida por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para definir actores, cronogramas y metodología de trabajo. Se tratará también lo concerniente al fondo común para la circunscripción territorial especial amazónica y el fondo para el desarrollo sostenible de la Amazonía.
  • Conformación de una mesa técnica de trabajo compuesta por las organizaciones sociales e indígenas y autoridades del Consejo de Planificación y Desarrollo junto con la Secretaría Técnica de la CTEA, en la ciudad del Puyo. Esta mesa se instalará el lunes 19 de septiembre de 2022, a las 10:00, en las instalaciones de la Secretaría Técnica de la CTEA. Esa mesa se instalará para concretar la elaboración del decreto para la reforma del reglamento de la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, específicamente de los artículos 12 y 56, respecto a las funciones de la Secretaría Técnica Amazónica y la priorización de los porcentajes que se destinan del fondo común. Y para plantear una propuesta de reforma a esa misma ley, especialmente para la distribución del fondo de desarrollo sostenible de la Amazonía y la naturaleza de su alcance, entendiendo la diversidad de los sujetos de derechos de la región amazónica, es decir que sea una ley que beneficie a nacionalidades, pueblos indígenas y campesinos. (I)