María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, hace un análisis general de la minería en el Ecuador. Aunque hay buenas noticias e importante expectativa sobre exportaciones y potencial minero, también preocupa el avance de la extracción ilegal minera, que estaría generando al menos $ 1.000 millones. El control por parte del Estado para esta actividad ilegal es indispensable. También pide dejar desarrollar al sector legal con reglas de juego claras y con seguridad jurídica.
¿Cómo ve el avance del sector minero y los desafíos que debe enfrentar?
Ha habido una cadena de buenas noticias, empezando por la asistencia del presidente de la República y cuatro de sus ministros al Pidac (encuentro minero en Canadá), en marzo. Además, se expidió la licencia ambiental para El Domo. También se firmó el contrato de Cascabel, que será el más importante del país. Cuando este proyecto entre, que será en el año 2030, y ya empiece su exportación, se podrá exportar más que Mirador y Fruta del Norte juntos. Adicionalmente, a finales de mayo, el Banco Mundial presentó en el Ecuador un estudio en el sentido de que puede llegar a ser un país de renta media, pero enfocándose en agricultura, turismo y minería.
El informe que indica que 15 proyectos mineros podrían generar $ 217.000 millones, ¿qué reflexión le merece?
Me genera un doble sentimiento. Por un lado, orgullo de saber el potencial minero que tiene el país. Por otro lado, lamento que teniendo tanta riqueza no aprovechemos como deberíamos. No es solo un tema de inteligencia, sino de moral. Esa riqueza no solo que no la estamos aprovechando, sino que está siendo aprovechada por los grupos de delincuencia organizada.
Publicidad
Es un tema muy complejo. ¿Cómo ven el avance de estos grupos y qué hacer?
La minería ilegal, que no debería llamarse así, sino extracción ilegal minera, es una actividad que está enmarcada dentro del crimen organizado. Lo primero es aclarar que no somos iguales ni en el nombre. Lamentablemente, hoy por hoy, aunque no hay datos certeros, es una actividad que estaría generando $ 1.000 millones en extracción ilegal, según estimaciones de autoridades militares. Pero los beneficios para los grupos no están solamente en la producción en sí de minerales y su consiguiente rédito económico, sino que esta actividad también sirve de lavandería para actividades ilegales.
¿Pero cómo están produciendo esos $ 1.000 millones o a quién le venden?, ¿cómo se permite?
Justamente eso es lo que nos preguntamos. Cómo están produciendo esos $ 1.000 millones, cómo sacan el producto y cómo seguramente están exportando. Al momento no tenemos la respuesta, sino que son preguntas que tenemos que hacernos como ecuatorianos y a las autoridades. Lo que sabemos es que por alguna parte están produciendo y sacando el producto. En cambio, para nuestra actividad ha habido un abuso de medidas de protección que lo que hacen es poner cortapisas al desarrollo. Se dan acciones de protección a mansalva y se dan a través de un activismo antiminero que también se genera desde el sector judicial. Nosotros queremos jugar con reglas claras, no nos queremos saltar ningún paso, sino trabajar con seguridad jurídica.
¿La postura antiminera de algunos ambientalistas juega en contra de la minería responsable?
La naturaleza es un tema que a todos nos interesa. El planeta es de todos y a todos nos preocupa, pero el activismo ambiental debe tomar en cuenta dentro de las estrategias a una pieza clave que son las actividades económicas. Un verdadero ambientalismo no dice no a todas las actividades económicas, sino que entiende que las actividades deben proteger el ambiente.
Publicidad
¿En qué sectores se ha evidenciado la actividad de lo que conoce como minería ilegal?
La violencia en el distrito minero Ponce Enríquez preocupa. En ese sitio, donde hay pequeña minería, es decir, nuestros representados no están en esa zona, se han visto estos destellos de violencia que están relacionados con minería ilegal. Es un gran desafío que tiene el Estado ecuatoriano. No solamente para la Agencia de Regulación y Control, sino para las autoridades judiciales, aduaneras, la UAFE, para determinar cuál es la ruta de la minería ilegal.
¿Hay más sectores, a más de Ponce Enríquez?
Hay datos que nos preocupan, como por ejemplo lo que ha sucedido en Yutzupino. Ahí se encontraron al menos 100 retroexcavadoras. Cada una de ellas cuesta por lo bajo $ 150.000 y no hay ninguna autoridad que haya dicho algo. Más bien se ha visto en estos días en Facebook que autoridades seccionales estaban advirtiendo de la llegada de los operativos. Esto significa que hay evidentemente complicidad de las autoridades locales y de ciertas autoridades de control.
Publicidad
Se ha conocido que la minería ilegal se hace sin ningún cuidado ambiental...
Hemos conocido datos espeluznantes. El 77 % del oro extraído en Ecuador es producido ilegalmente. A más de que la extracción ilegal minera no genera rédito económico, pues no paga impuesto y no necesita concesiones, hemos conocido que por cada gramo de mercurio que usa esta actividad ilegal se estarían contaminando entre 80.000 y 200.000 litros de agua. Es decir, también representa un crimen ambiental. Estos no son datos de la Cámara, sino del Ministerio del Interior. (I)
