La comparecencia del ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional se convirtió en un espacio de fuertes acusaciones que hicieron sobre todo las asambleístas de la Alianza UNES: Mónica Palacios, Pamela Aguirre, Sofía Espín y Mariuxi Sánchez. La convocatoria fue para que el funcionario explicara sobre la migración de contratos petroleros de servicios a otros por participación, que es uno de los cambios más importantes que se dan tras la publicación de la Ley de Desarrollo Económico en noviembre pasado.

Por ejemplo, la asambleísta Pamela Aguirre comenzó indicando que los contratos de participación afectarán al Estado, pues se perderán las inversiones ya realizadas, pero además se perderá parte de la producción que ahora se recibe.

Previamente el ministro había argumentado que existía una percepción equivocada al considerar que los contratos de servicios son más beneficiosos para el Estado. Y había recordado los problemas que existieron para el país por la migración, esa sí obligatoria, a empresas como Perenco, Burlington y Murphy a los contratos de servicios, que terminaron en sendas demandas internacionales. Los contratos de servicios generan mayor ingreso de producción incremental al Estado, sin embargo se deben pagar altas tarifas a la empresa privada, que cuando el precio cae, generan acumulación de deudas para el Estado (carry forward). El contrato de participación, a decir del ministro, genera inversión privada y es flexible sobre el precio internacional del crudo.

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Pamela Aguirre “contra respondió” indicando: Perenco “nos demandó porque hicimos algo bueno, porque no se les permitió seguirse llevando el 80 % del crudo”

El ministro argumentó que no sabe de dónde se saca la cifra el 80-20. Pero sí le ofreció a la asambleísta hacerle llegar el laudo de Perenco para que verifique cuáles fueron las razones que se tomaron en cuenta para sancionar al Ecuador en ese tema. En todo caso, dijo que el Gobierno siempre buscará la orilla de la seguridad jurídica.

Mónica Palacios, entre tanto, aseguró que el Decreto 95 emitido por el presidente Guillermo Lasso lo que busca es “robarnos los dineros a los ecuatorianos”. Hizo comparaciones basadas, según dijo, en las cifras del Banco Central sobre lo recibido en los gobiernos de León Febres-Cordero, de Abdalá Bucaram y el de Rafael Correa. Y concluyó que eran mucho mejores los contratos de servicios.

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Adicionalmente, acusó al Gobierno de querer privatizar los campos de Petroecuador que se están manejando de manera correcta para “darles a los amigos y evadir impuestos”.

Frente a estas acusaciones, Byron Maldonado le recordó a la asambleísta Palacios que la comisión es técnica y que habría que referirse al tema citado.

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Pabel Muñoz, por su parte, justificó lo actuado por el gobierno de Rafael Correa cuando se cambiaron los contratos a servicios, indicando que si bien se recibieron demandas y Ecuador debió pagar millonarias multas por esa actuación, de otro lado recibió mucho más dinero por la producción petrolera aprovechada.

Sofía Espín, por su parte, amenazó al ministro Bermeo diciéndole que si después de una eventual migración de contratos se viera que el país está recibiendo un solo dólar menos que con los contratos de servicios, se lo acusará de peculado.

Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión, intervino en ese momento para pedirle a la asambleísta Espín que realice sus preguntas sin sesgos políticos y refiriéndose al tema. También criticó los diferenciales con los que ahora se vende el crudo.

En su respuesta, Bermeo dijo que frente al reto que le ha hecho la legisladora Espín “con mucho gusto” se somete a demostrar que al final será una decisión oportuna y en bien del país”.

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Mariuxi Sánchez, de la provincia Orellana, reclamó por las circunstancias de pobreza que vive su zona. Aseguró que hasta ahora no les ha llegado un solo dólar de los 3.600 barriles que el Gobierno anunció que produciría el ITT con la apertura de un primer pozo del Ishpingo.

Ante la inquietud de la legisladora sobre que si el ITT será entregado a la empresa privada, Bermeo le recordó que según la ley, este campo no puede ser operado sino solo por la empresa estatal. (I)