El ministro de Producción, Julio José Prado, recalca que la ley de inversiones, cuyo proyecto se encuentra en la Asamblea, no busca la privatización de activos del Estado, pero sí asociarse con privados para poderlos potenciar; cuenta cómo podrían ser las futuras zonas francas del Ecuador y puntualiza que no sería legal ni conveniente que la Asamblea busque derogar, a través de la ley de inversiones, la reciente ley de desarrollo económico.

La semana pasada arrancó el debate de la ley de inversiones en la Comisión de Desarrollo. ¿Cómo ha visto la receptividad en la Asamblea?

Así es. Esta semana hemos explicado cuáles son los cambios más importantes que trae la ley y sus términos transversales, como que buscamos la generación de un shock de inversiones en tres niveles. El primero es la atracción de capitales: Ecuador, un país dolarizado, ha atraído muy pocas inversiones, y queremos que esto se potencie y vaya a bolsas; por ello se hace una reforma en este tema. El otro es la asociación público-privada (APP): queremos atraer unos $ 30.000 millones; hay 50 proyectos listos para ponerlos a disposición del sector privado. En este tema, se requieren algunas reformas para hacer asociaciones más eficientes y con más seguridad jurídica. El tercero recae directamente en este ministerio y se trata de las zonas francas: Ecuador tiene un nivel de inversión extranjera directa (IED) de 0,7 % del PIB, lo que es bajísimo. Sobre los asambleístas, hemos visto una posición muy favorable. Ha habido una serie de consultas sobre por qué se establecen esos incentivos para zona franca, porque antes no funcionó; también han preguntado sobre si se van a privatizar los activos…

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Justamente el tema de la posibilidad de la privatización es una constante entre opositores a la ley. ¿Cómo la conciben ustedes?

Hemos aclarado que la intención no es privatizar nada, salvo el Banco del Pacífico. El modelo de la asociación público-privada (APP) existe en todos los países del mundo. En Ecuador no ha funcionado todavía porque no había un marco jurídico que lo hiciera atractivo para las empresas privadas. La gestión delegada significa que un activo del Estado se concesiona durante 10, 15, 20 o 30 años, por ejemplo, en el caso de campos petroleros. Pero también existe la concesión de un puerto, en la que la infraestructura la hace el sector privado, y en el futuro se puede revertir, dependiendo del caso. Lo que se busca es que tanto el Estado como la empresa compartan los gastos y riesgos. Como sabemos que el Estado no puede financiar los proyectos requeridos, esto lo hace la empresa privada.

Hay quienes se oponen desde ya indicando que se quiere privatizar todo, y se ponen como posibles “candidatos” a la privatización al Colegio Mejía, a la Universidad Central… ¿Es así?

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Lo que se busca es que la operación de sectores estratégicos y de otro tipo puedan tener una buena ejecución. Hemos puesto a disposición del sector privado proyectos en áreas como transporte, vialidad, puertos, aeropuertos, sector petrolero, energético eólico, hidroeléctrico. También puede haber concesiones o asociaciones en sector salud, en las cárceles, en el sector educativo. No tiene nada malo, si el acceso al servicio público está en condiciones adecuadas para los ciudadanos que los van a recibir.

Sobre el tema de las zonas francas, ¿cuáles son los proyectos que ven viables?

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Hemos tomado como modelo de zonas francas el de República Dominicana, Costa Rica, Colombia y Uruguay. En esos países, las zonas francas han generado una buena cantidad de exportaciones, gran cantidad de empleo de calidad y buenas inversiones. Por ejemplo, Puerto Rico tiene $ 7.000 millones de exportaciones desde su zona franca. República Dominicana genera $ 6.200 millones desde la zona franca y $ 5.000 millones desde el resto del país. En cambio, Ecuador exporta $ 260 millones desde zonas francas. En términos de empleo, República Dominicana genera 170.000 empleos; Costa Rica, 115.000; Colombia, 55.000; y en Ecuador no llegamos ni a 1.500 empleos. Lo que tenemos hoy por hoy no ha funcionado, y lo que queremos es que las nuevas zonas francas sean un polo de atracción de inversiones. Aspiramos a, al menos, duplicar la inversión extranjera en los próximos cuatro años.

Pero ¿qué ideas concretas ya se barajan?

La ley permitiría que, por ejemplo, una planta de producción de vacunas para exportación en América Latina funcione en Ecuador. Específicamente, puede ser Sinovac. Podemos tener una planta en cualquier parte del Ecuador y esa planta podría ser una zona franca. Si tenemos una empresa de software, podría también funcionar como zona franca y producir para exportar a otras partes del mundo. En el mundo de los call centers hay opciones, como las tienen Costa Rica o República Dominicana. Le cuento que hay ecuatorianos produciendo y vendiendo software en la zona franca de República Dominicana. Ellos no están acá porque no hay la normativa, pero podrían venir con el marco jurídico correcto. Hemos encontrado zonas francas especializadas en fintech, y en Ecuador los bancos están ávidos de trabajar en temas de innovación financiera. He conocido en República Dominicana zonas de la economía naranja, esto es, la industria creativa, como filmación de películas de acción o submarinas.

Será atractivo para las empresas por los incentivos, pero ¿qué gana el Ecuador?

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Se ha planteado que en los diez primeros años haya una exoneración del impuesto a la renta (IR), del ISD, aranceles, entre otros. A partir del año once, se mantienen los incentivos, pero son menos fuertes. Por ejemplo, ya se paga IR, pero con diez puntos menos, es decir, baja de 25 % a 15 %. Entre tanto, el país gana empleo de calidad, compras de encadenamientos que pueden vender los productores a las zonas francas. De lo que se conoce, el 20 % del consumo en zonas francas de otros países es local. Con estos esquemas de incentivos logramos atraer las inversiones que, si no, se irían a otros países.

Un tema que ya presenta oposición y críticas es el artículo 7 de la ley, en el que se estaría facilitando la delegación de sectores estratégicos desde el Ejecutivo, cuando solo se lo puede hacer de manera extraordinaria. ¿Podría modificase?

Sigue siendo de manera extraordinaria. De lo que hemos conversado a lo interno del Gobierno, el artículo 7 es perfectible y estamos abiertos a encontrar una redacción del mismo que consiga lo que se busca, que es fortalecer el mecanismo de la gestión delegada de proyectos y declarar cuáles son los sectores para inversión de manera más eficiente. La idea es que a través de decreto ejecutivo se pueda delegar al sector privado, lo cual sería más ágil. No hay nada escondido.

¿Por qué sería positiva la venta de un activo como el Banco del Pacífico?

El Banco del Pacífico era privado y pasó a manos públicas por un mal manejo. El Estado no requiere tener un banco comercial operando en el mercado abierto. La banca pública está conformada por CFN, Banecuador, el BEDE. Ahora, el Pacífico va a tener capital privado, pues a pesar de venir del mundo de la banca, el presidente de la República busca que haya más competencia internacional. Este se va a vender a un banco extranjero. La idea es que venga un nuevo actor a generar más competencia, bajar tasas de interés y con mejores prácticas financieras y de tecnología. Eso le hace bien al sistema financiero. Lo que se genere va a ir para un fideicomiso para la desnutrición infantil.

Hay voces en la Asamblea que proponen eliminar la ley tributaria o realizar una modificación de varios artículos de esa ley a través de la ley de inversiones. ¿Cuál es la posición del Gobierno al respecto?

Estamos en contra de derogar una ley que se aprobó hace tres meses y que tiene por objetivo poner en orden las cuentas públicas y dejar de depender de préstamos caros. Derogar esa ley sería un retroceso grande y Ecuador se quedaría sin recursos, sin apoyo de multilaterales, y no se podría mantener el crecimiento que ya estamos teniendo. Además, de acuerdo a lo que nos ha dicho la secretaría de la Presidencia, los asambleístas no tienen esta facultad y no pueden introducir este tema en una ley ni hacer reformas.