Los acuerdos a los que llegaron el Gobierno y la dirigencia indígena en la mesa Control de Precios, que cerró el pasado viernes 9 de septiembre, ya son materia de análisis de expertos que, aunque califican de positivos los consensos a los que llegaron, advierten sobre los temas pendientes en los que ambas partes tuvieron divergencias.

La más importante y resaltada por expertos consultados por este Diario es la que tiene que ver con la demanda que hizo la dirigencia indígena de un decreto ejecutivo de control de precios que establezca precios mínimos y máximos, calculados a enero del 2022, de 44 productos (agrícolas, procesados e industrializados). Ante este demanda, el Gobierno propuso un control de precios a 13 productos agrícolas, excluyendo a los productos procesados e industrializados, lo que fue considerado como inaceptable por la dirigencia indígena.

Los 13 productos son: zanahoria amarilla, choclo, yuca y camote; cebolla paiteña, naranja, tomate de árbol, tomate riñón, limón, papa, pimiento, plátano verde, manzana y arroz.

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Pese a no constar como acuerdo, la propuesta del régimen en este punto y la aceptación de la dirigencia indígena no está descartada y podría retomarse más adelante, el Gobierno plantea que el Ministerio de Agricultura y Ganadería calcule y publique precios referenciales de estos productos, pero no precios mínimos de sustentación.

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Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, prevé un problema con la fijación de precios mínimos. Señala que los controles de precios siempre causan desequilibrios importantes. Por ejemplo, indica que en el caso de los precios de productos agrícolas que se quiere que sean más altos que el precio del mercado, Acosta asegura que generan un engaño a los agricultores que terminan siendo perjudicados.

“Parece contraintuitivo, pero cuando los agricultores ven un precio más alto creen que el público quiere más producto; un precio alto es un llamado a la acción al productor, lo que sucede es que en la práctica, en la realidad, no existe tal demanda”, sostiene el experto, quien asegura que los precios de sustentación siempre terminan produciendo excesos de producción.

Como ejemplo, Acosta expone un caso hipotético. Indica que si el saco de zanahorias que en el mercado cuesta $ 6, pero se fija un precio mínimo de $ 12, tiene un efecto en la oferta que incentiva que se siembre más, pero por el lado de la demanda, como sube el precio, esta se desploma.

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“El precio artificial impide que el mercado se vacíe, es decir, impide que la oferta se iguale con la demanda y el resultado son agricultores que no logran ni siquiera cubrir el costo de producción y ciudadanos que tienen que disminuir sus consumos; al final del día todos terminan perdiendo con el control de precios y con los precios de sustentación”, explica.

El analista económico Jorge Calderón comparte esa visión y afirma que “los controles de precios no funcionan en las economías”.

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“Lo hemos visto en Venezuela, el principal ejemplo aquí en Latinoamérica, porque eso genera desestímulos, hay que fomentar la competencia”, sugiere el experto, quien no comparte la apertura del Gobierno en este tema, al referirse a los 13 productos que propuso el régimen para la fijación de precios mínimos.

Calderón dice que se debe buscar la optimización en las cadenas de los productos agrícolas, que exista la menor cantidad posible de intermediarios y que haya precios adecuados para los productores.

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“Hay que buscar alternativas a través de la competencia, no a través de los congelamientos o fijaciones de precios”, insiste el experto.

Por su parte, José Hidalgo, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), está de acuerdo con el Gobierno al señalar que no es posible establecer controles de precios para varios productos, como por ejemplo, el pan, la harina de trigo o el aceite, que son productos que están sufriendo un impacto por factores internacionales, lo que se traduce en el incremento del costo local porque en buena parte se trata de insumos importados.

“No es posible establecer un control de precios que desconozca eso, porque un techo en ese tipo de productos podría generar, como dice el Gobierno, desabastecimiento, ya que si los productores ven que les están obligando a vender a un precio menor al costo de producción o que no les deja rentabilidad, entonces no tendrían interés para seguir ofreciendo ese tipo de productos”, analiza Hidalgo. Y sobre el control de precios para el sector agropecuario, indica que en alguna medida puede terminar contradiciéndose con el punto 4 de los acuerdos alcanzados, que tiene que ver con el incremento de controles contra el contrabando.

Explica que si el precio piso que se establece está muy por encima de lo que se paga en países vecinos, van a seguir existiendo incentivos para traer esos productos desde el exterior y venderlos a precios más competitivos.

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“Si es que ya el Gobierno se ha comprometido a establecer precios de referencias para estos 13 productos, creo que es importante, también acá, que se tome en cuenta el factor internacional”, advierte Hidalgo.

Los cinco consensos sobre el control de precios

En tanto, sobre los cinco puntos en los que el Régimen y la dirigencia indígena llegaron a un consenso, los expertos consultados tiene opiniones divididas.

Estos acuerdos se enfocan esencialmente en incrementar la difusión del pliego tarifario del servicio público de energía eléctrica y de los principales subsidios otorgados para el sector eléctrico, entre ellos la Tarifa de la Dignidad; actualizar la resolución de la tarifa social vigente tanto para los servicios de telefonía móvil como de internet fijo, incrementar los operativos para frenar el contrabando de productos agrícolas y pecuarios y fomentar acercamientos entre distribuidores y comunidades para acordar precios de transporte del gas licuado de petróleo (GLP).

Por ejemplo, sobre la intensificación de controles al contrabando, Acosta Burneo ve un inconveniente al señalar que se están enfocando nuevamente en evitar que llegue un producto barato, pero lamenta que no se establece cómo hacer que la producción agrícola del país sea competitiva y que pueda competir con precios más bajos con los países vecinos y que ya no haya el atractivo para que vengan productos desde esos destinos.

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“Al final del día todo este esfuerzo en el control de precios del tema agrícola es como subir el precio de los productos agrícolas y que los ciudadanos paguemos precios más altos, eso va en detrimento de la economía familiar, porque implica en un entorno complejo tener que pagar más por los productos alimenticios”, explica Acosta.

Mientras, Hidalgo está conforme con los puntos en los que se llegó a acuerdos, como la tarifa social para servicios de telecomunicaciones. “Es un punto socialmente deseable, en la medida en que para las operadoras prestar servicios a pérdida, porque eso no es viable”, advierte.

También califica como “un punto a favor” el control al cobro del transporte de GLP, aunque lo considera como un tema menor. (I)