Decenas de indígenas waoranis se movilizaron desde la Amazonía hasta Quito, este viernes 30 de agosto, para protestar por la dilación en el cumplimiento del cierre del bloque 43-ITT, uno de los principales del país, situado en el Parque Nacional Yasuní, y presentar un plan de acción que garantice la decisión adoptada en un histórico plebiscito celebrado hace más de un año, reportó EFE.
Una delegación de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), que agrupa a todas las comunidades waoranis que habitan en el país, principalmente en el Yasuní, llegó hasta el máximo tribunal de garantías, que fue el encargado de permitir la celebración de la consulta popular sobre el bloque 43-ITT y de señalar que el cierre debía ejecutarse en el plazo de un año.
YASunidos acusa al Gobierno de “engañar” con el anuncio del primer pozo cerrado del bloque 43-ITT
En su propuesta, según el presidente de la Nawe, Juan Bay, reclaman a la Corte Constitucional que haga cumplir el mandato realizado por el pueblo ecuatoriano en el plebiscito celebrado el 20 de agosto de 2023, en el que se decidió, con el 58,95 % de los votos, dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43-ITT, que abarca los campos Ishpingo, Tambocha y Tiputini.
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Hasta el momento solo se ha cerrado un pozo de los 247 que tiene el bloque 43-ITT, y esta semana, durante una visita para supervisar el cierre de ese primer pozo, el ministro de Energía y Minas, Antonio Gonçalves, indicó que el Gobierno contempla un plazo de cinco años y cinco meses para realizar el proceso de cierre de forma segura para las comunidades indígenas y el medioambiente.
Ante esta situación, Bay demandó al Gobierno “una actitud democrática, clara, transparente e inclusiva con los pueblos indígenas, para llevar adelante el proceso de cierre de operaciones”.
La propuesta presentada por la Nawe establece un plan para el desmantelamiento de la infraestructura petrolera en la zona y dispone acciones para la reparación integral en las dimensiones ambiental, territorial, social, cultural y espiritual de los pueblos que habitan el Yasuní.
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Trabajo de más de 400 personas
La propuesta realizada es el resultado del trabajo que más de 400 personas, entre ellas líderes y lideresas de pueblos indígenas, representantes de gobiernos territoriales, activistas y miembros de la comunidad internacional realizaron durante la Cumbre Internacional por el Yasuní, que se celebró el 28 y 29 de agosto en la ciudad amazónica de Puyo.
En este encuentro se debatieron temas como la elaboración de un plan de acción que cumpla la voluntad popular, así como la sostenibilidad, gobernanza y manejo territorial de las comunidades, su preservación social y cultural y el desarrollo de alternativas económicas sostenibles.
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Bay indicó que es indispensable que los pueblos indígenas que habitan en el Yasuní formen parte del comité creado por el Gobierno para diseñar y supervisar el proceso de cierre.
El presidente de nacionalidad waorani declaró que para ellos el Yasuní es su hogar y representa mucho más que un parque nacional, como fue considerado por el Gobierno ecuatoriano en 1979 por ser una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta, al albergar más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces.
También en el Yasuní habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como los tagaeris, taromenanes y dugakaeris.
Por su parte, Alicia Cahuiya, lideresa waorani y representante de la Conaie, expresó que el Gobierno les ha violentado durante más de 60 años, desde que en 1958 los waoranis entraron en contacto con la sociedad ecuatoriana al llegar a sus territorios la industria petrolera.
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Cahuiya exigió que se respete la vida de los pueblos originarios y el resultado de la consulta popular, en la que los ecuatorianos votaron a favor del Yasuní. “Queremos que no nos maten a cambio de petróleo”, exclamó la lideresa indígena.
Con el plebiscito sobre el bloque 43-ITT, que se encuentra en explotación desde 2016 por parte de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador, Ecuador sentó un precedente mundial al decidir por votación popular dejar bajo tierra reservas de petróleo valoradas en 13.800 millones de dólares para los próximos veinte años. (I)
