Los subsidios a los combustibles en el Ecuador llegarán este año a $ 3.345 millones por efecto de la fuerte subida de precios a nivel mundial y también por las concesiones que ha realizado el Gobierno al haber bajado y congelado el precio de las gasolinas extra y ecopaís y el diésel para el sector automotor. El desfase creado en este rubro es de aproximadamente $ 1.445 millones, pues el Gobierno había previsto cubrir subsidios de combustibles solo por $ 1.900 millones. Así consta en las cifras del último boletín del grupo FARO denominado “¿Qué esperar de los subsidios tras el paro nacional?”.

El Gobierno en contraparte ha recibido también importantes recursos por la exportación del crudo que también ha tenido una escalada de precios importantes, aunque no al mismo nivel de los derivados.

En el informe de FARO se indica que de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el subsidio a la gasolina y al diésel en Ecuador beneficia más a los quintiles cuatro y cinco (quienes tienen los ingresos más altos de la población). Por otro lado, reconoce que la eliminación de estos subsidios afectaría negativamente el ingreso de los hogares en situación de pobreza entre el 2,5 % y el 3 %. “Incluso si el hogar no consume diésel o gasolina directamente, las familias son vulnerables al aumento de los precios de los alimentos y el transporte público”.

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En este sentido, según la reflexión del BID, el principal reto es contar con un sistema de focalización claro, eficiente y técnicamente diseñado. “Existe evidencia en varios países que sustenta que acompañar la eliminación de subsidios con mecanismos de transferencias monetarias o en especie puede reducir el impacto en los ingresos de hogares en situación de pobreza”, ha dicho el multilateral.

El tema de los subsidios de combustibles y la necesidad de ir a una focalización, es decir, a una entrega más selectiva solo a quienes lo necesitan, y dejar de lado el subsidio generalizado, es tema de debate en estos días en la mesa técnica de diálogo entre el sector indígena y el Gobierno.

Justamente este viernes 15 de julio, a partir de las 08:30, se dará en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana una nueva reunión de las partes. El jueves los equipos técnicos tanto del sector indígena como del Gobierno se reunieron por separado para analizar la información intercambiada en el primer día de reuniones. Incluso, de lo que se supo, el Gobierno habría entregado el bosquejo de un plan piloto que se implementaría a través de una tarjeta de cupos.

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Danilo Herrera, ministro de Transporte, quien preside la mesa, dijo el miércoles por la noche al hacer una evaluación de la primera jornada que el Gobierno espera caminar juntos, que se mantenga la paz y que se puedan resolver problemas y demandas justas de las nacionalidades y de sus comunidades. Comentó que más allá de definir las metodologías para la focalización, lo que quieren los representantes del Gobierno es escuchar las necesidades que tienen los sectores vulnerables: “tenemos que escuchar el doble”, sostuvo.

En todo caso, según la reflexión de FARO en su estudio, el monto de subsidios de combustibles ha superado, a lo largo de varios años, las asignaciones a bonos sociales o a otras ayudas directas para los sectores más vulnerables.

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Así, en 2015, por ejemplo, mientras el subsidio era equivalente al 3,1 % del PIB, los bonos sociales llegaban a apenas el 0,7 %. En 2017, ambos rubros bajaron, pues los subsidios pesaron en el gasto un 2 % del PIB, mientras que los bonos sociales solo representaron 0,6 %. En 2020, año de pandemia, sí hubo un repunte de los bonos sociales que llegaron a 1,5 % del PIB, frente a los subsidios que representaron 1,1 %. En 2021 la cifra prácticamente se igualó, pues ambos rubros representaron el 1,2 % del PIB. En 2022, aún no existen las cifras oficiales, pero con las estimaciones del crecimiento de subsidios se ve que la brecha crecerá de manera importante. El pago de bonos programados estaba en 1,2 % del PIB, y este porcentaje crecería un poco más con el incremento del bono de desarrollo humano a $ 55, que ha ofrecido el Gobierno.

Para Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, las comparaciones entre subsidios y bonos son válidas porque permiten medir las prioridades en la política pública, pero además es importante saber a cuánto asciende el monto que se destina a subsidios directos (bonos) y cuánto a subsidios generalizados (subsidios), que no siempre llegan a quienes realmente lo necesitan. De acuerdo con García, las investigaciones sobre la política pública indican que no son buenos los subsidios generalizados y que se vuelven injustos. Más eficientes son los subsidios directos “sangre a la vena”, como son los bonos de desarrollo.

Además, comentó que $ 3.345 millones se destinarán a combustibles este año, cifra superior a los $ 3.200 millones que irán a Educación. (I)


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