El caso de los extrabajadores de Cervecería Nacional que reclamaban sus utilidades generadas entre 1990 y 2005 entra a su recta final. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, indicó que solo falta la verificación que tiene que enviar el Registro Civil sobre la cédula de uno de los herederos, cuyo pago por recibir es de $ 22.000.
“Estamos esperando la verificación del Registro Civil y con eso hemos concluido el caso Cervecería Nacional”, indicó la funcionaria, quien agregó que a más tardar esta semana esperan terminar con ese caso.
De acuerdo con Núñez, el viernes 11 de abril tenían previsto revisar el informe preliminar que el departamento jurídico del Ministerio del Trabajo ya ha elaborado.
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En total 2.625 beneficiarios son los que debían cobrar, pero el año pasado 1.537 ya recibieron los valores y quedaron pendientes 1.088 personas, entre ellas los 52 herederos, de los cuales uno está pendiente.
Los extrabajadores empezaron el reclamo de las utilidades generadas entre 1990 y 2005 en el 2008, y no fue hasta 2024 que empezaron a cobrar. El total a favor de los exempleados es de $ 49′109.025,51.
La funcionaria indicó que en el momento en que entreguen el informe completo a la Corte Constitucional será debidamente informado. “Es un caso emblemático, en donde la justicia constitucional en algún momento se vio manchada. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo ha cumplido estrictamente con lo determinado por la Corte Constitucional y para nosotros es motivo de satisfacción decir al país que a la fecha se ha terminado de pagar un total de $ 49 millones, tanto para beneficiarios directos como también para las personas cuyos familiares fallecieron durante estos 16 años”, indicó.
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Examen especial a contratos colectivos de empresas públicas
Por otro lado, la ministra también comentó sobre el pedido de examen especial a la Contraloría General del Estado a los contratos colectivos de las cuatro empresas públicas. Dijo que han entregado toda la documentación que la Contraloría ha solicitado en estos últimos meses y cree que la entidad en no más de dos meses los va a convocar para leer el primer informe.
El 1 de julio del 2024, la ministra Núñez presentó una solicitud de examen especial a los contratos colectivos de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador.
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Para realizar este trámite, la cartera de Estado se sustentó en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) y busca determinar las responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, de ser el caso; así como la declaratoria de nulidad de los contratos colectivos en los que se han infringido las normas legales de conformidad con el artículo 26 de la LOEP.
Los contratos colectivos del sector público han sido cuestionados y están en la mira del Gobierno por un uso “abusivo” de las finanzas estatales. (I)
