8 años de inacción pone en riesgo la historia de Zaruma

“No se sabía para donde correr, como en un terremoto”, recuerda Celso Gómez de aquellos segundos en que un socavón, en el centro de Zaruma, destruyó la casa patrimonial de más de 100 años que su familia compró hace 30.

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El hundimiento, que afectó cuatro viviendas y dejó al menos siete familias damnificadas, ocurrió el 15 de diciembre en esta ciudad orense asentada sobre un subsuelo explotado y debilitado por la minería desde hace alrededor de 500 años.

La degradación causada por esta actividad, de la que subsiste el 70 % de los zarumeños, ha provocado socavones en tres sitios, en los últimos cinco años. El primero, en la escuela La Inmaculada (2016); el segundo, en la calle Gonzalo Pizarro (2019), que fue rellenado y se hundió de nuevo en julio de 2021; y el último, en la Colón.

El primer evento fue una “alerta” y los siguientes, “consecuencia de que no se intervino oportunamente por las autoridades de control”, critica Rodrigo Figueroa, presidente de la Asociación de Casas Patrimoniales de Zaruma, quien al igual que otros zarumeños temen otras afectaciones. “En la mayor parte de la ciudad hay labores mineras que están por debajo. En este momento es el centro, pero más tarde puede ser otro aledaño o distante”.

Y es que las entrañas de esta ciudad han sido corroídas con las detonaciones que sus habitantes han escuchado en los últimos diez años, cada vez con más intensidad en el centro. Incluso, se han identificado bocaminas dentro de siete predios con acceso a las minas, uno de ellos en el coliseo municipal.

“Pero las autoridades no hicieron nada por detener la minería legal e ilegal”, cuestiona Celso, quien hace seis meses denunció verbalmente las detonaciones al comisario policial y al jefe político: “vinieron, observaron y se fueron”.

Pero las alertas de lo que sucedía debajo del casco urbano, en el área de exclusión minera de 173 hectáreas, se dieron mucho antes. En 2013, la coordinadora de la extinta Arcom de Machala, Flor Alvarado, avisó al entonces alcalde de Zaruma, Danilo Mora, la suspensión de cinco concesiones por estar dentro del área protegida.

El Municipio de aquel entonces no se pronunció, no se hizo nada, ninguna acción para proteger a la ciudad. Si en ese tiempo se hubiese detenido el ingreso al área urbana de las empresas, hoy no estaríamos sufriendo las consecuencias de estos socavones

Marco Gálvez, presidente de la asociación Un Zaruma para Todos.

El geólogo Edgar Granda también alertó de la “alta vulnerabilidad del subsuelo” el 7 de septiembre, en un correo dirigido al viceministro Xavier Vera. Solicitó una reunión, pero no recibió respuesta, lo que califica como “negligencia”.

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El Cuerpo de Bomberos de Zaruma también lo registró en sus estadísticas. Cada año hacen de 25 a 30 adecentamientos, que según explica la directora Viviana Fernández consiste en tapar con maquinaria las ‘chimeneas’ (agujeros) que los mineros ilegales abren en los alrededores de minas dentro de la ciudad: “Se tapa un orificio y abren otros. Todos van hacia el casco urbano, donde están las vetas (que contienen oro)”.

Además, han atendido entre cinco y siete accidentes mineros al año -la mayoría dentro de la zona de exclusión-, que han dejado seis fallecidos en las minas en los últimos dos años.

El ECU911, en cambio, ha coordinado 51 amenazas naturales; 34 incidentes producidos por el hombre (contaminación); 16 explosiones; y, 7 incidentes causados por la minería ilegal, en los últimos seis años. Además, ha gestionado el apoyo militar en 2.858 ocasiones, la mayoría (96 %) en 2017, tras el colapso de la escuela.

Ese año, el expresidente Lenín Moreno declaró la emergencia y formó un comité de remediación que, según el alcalde Jhansy López, hizo estudios y análisis, pero “los trabajos no se ejecutaron”.

“En dos años prácticamente no han hecho absolutamente nada”, cuestiona José Ochoa, presidente del comité comunitario de gestión de riesgo de Zaruma y quien fue coordinador de la veeduría ‘Un Zaruma para todos’, que entre el 2018 y 2020 hizo seguimiento al trabajo del comité y a la pregunta 5 de la consulta popular de febrero de 2018, que prohibió la minería en áreas urbanas.

En el informe de la veeduría se menciona que la Secretaría de Riesgos hizo un estudio a 15 hectáreas, un 9 % de la zona de exclusión (de 173), por lo que pide ampliarlo a toda esa área.

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La veeduría también sugiere la cancelación de las concesiones que entraron al tramo protegido; la colocación de geosensores para el control en los túneles; y el relleno de las minas. Esto último se hará en el actual socavón, según el plan de remediación que anunció el Gobierno el 6 de enero. En nueve meses, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército colocará tapones de hormigón en los túneles, por alrededor de $ 3,5 millones.

El presidente Guillermo Lasso anunció también un plan de contención para reducir riesgos y amenazas con acciones contra la minería ilegal. Además, realizan estudios del subsuelo; y entregarán un bono de $ 252 a las familias afectadas.

La recomendación de rellenar los túneles también la dio el cabildo al Gobierno en 2020, tras entregar -asegura el alcalde López- un estudio topográfico de la zona considerada “inestable”, de 400 metros de longitud por 40 de ancho.

Llegó la pandemia, preocupados por el tema emergente del país, se fue bajando el nivel de preocupación; hubo un cambio de gobierno y se retomó la propuesta, pero (para) las acciones que pudieron haberse dado ya no alcanzó el tiempo, ya fue tarde

Jhansy López, alcalde de Zaruma

Los dirigentes también piden la reubicación de las plantas de procesamientos que contaminan el aire y las fuentes hídricas, como el río fronterizo Puyango-Tumbes. Por esto último, una federación peruana de agricultores interpuso una demanda al gobierno de Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2020.

Mientras que el geólogo, Granda, sugiere realizar el mapa de riesgos, que consiste en el levantamiento topográfico de cada galería (túnel) para ver su incidencia en la superficie. “Con esto ya definido en todos los sectores se puede hacer el reglamento especial de control minero debajo de la ciudad, donde van las cláusulas, sanciones...”, asegura.

En la ‘zona cero’, como llaman al área del hundimiento, retiraban escombros de la casa patrimonial de la familia Guzmán Zambrano, de más de 200 años. Sus herederos afirman que demandarán a los ministerios de Minería, Ambiente, entre otros, para exigir una reparación.

“Es una omisión de las autoridades no haber hecho los controles”, reclama Alejandra Cueva Guzmán, sobre la afectación en el corazón de esta ciudad, patrimonio cultural, cuyos habitantes esperan que se pueda salvar. (I)

Algunos zarumeños en la lista de afectados del 2019 afirman que sus viviendas no tienen daños

Hace tres años, en 2019, ya se había identificado un área con 253 predios, supuestamente afectados por la actividad minera en Zaruma (El Oro). Ahí estaban viviendas, escuelas, el hospital Humberto Molina, oficinas de la Corporación de Telecomunicaciones y hasta el edificio del propio Municipio de Zaruma, que -según detalla un informe- tenían afectaciones de hasta el 100 %, que sumaban pérdidas por alrededor de $ 15 millones.

Sin embargo, contrario a lo que señala ese informe, un grupo de propietarios consultados por este Diario asegura que sus inmuebles no tienen ningún daño, y esto a pesar de que se encuentran ubicados a unos 500 metros de la zona céntrica, donde se registró el último socavamiento el 15 de diciembre.

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“Nada, ningún tipo de daño ni cuarteadura”, asegura Kléber Paltan, quien formaba parte del listado de afectados, publicado en el informe de la veeduría ciudadana ‘Un Zaruma para todos’, hecho en 2020 y que fue elaborado -según se señala en el documento- con base en el análisis realizado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo y el cabildo zarumeño.

Otro morador, Luis Jiménez, cree que esa lista fue hecha “sin ningún sustento” e incluso lamenta que por ello hayan evacuado en 2017 el hospital público Humberto Molina, tras registrarse el primer hundimiento en Zaruma. Este centro permaneció durante cinco años desocupado, hasta ahora. Hace unas dos semanas regresaron los trabajadores de salud que atendían en diferentes edificios del centro de Zaruma y que, ante el último socavón, fueron retirados por estar en la llamada ‘zona cero’.

El hospital nunca ha estado afectado, en el transcurso de estos años se han dado cuenta de que el hospital no tenía nada y que no corría ningún riesgo

Eduardo Aguilar, morador de Zaruma.

Eduardo Aguilar, quien consta como afectado, afirma también no tener daños en su vivienda de hormigón, en la calle Gonzalo Pizarro. Pese a esto, teme que a futuro se presente alguna afectación, ya que considera que “en riesgo está todo Zaruma”.

La casa de Elizabeth de Aguilera sí presenta una grieta en una escalera del portal, pero no fue debido a la actividad minera. Hace unos siete meses, comenta, se abrió la tierra por la vibración de maquinaria que realizaba una obra de agua potable en ese sector, de la calle Justino Cornejo. “Queremos saber si estamos en riesgo”, reclama Elizabeth, quien al igual que otros zarumeños expresa su preocupación e incertidumbre por desconocer la real afectación del subsuelo de esta ciudad, Patrimonio Cultural, que ha sido explotado por la minería en los últimos 500 años.

Según declaraciones estatales, hay 49 inmuebles en “alto riesgo” en el casco urbano. Pero, conforme avancen los estudios geológicos, esta cifra podría aumentar, refiere Marco Gálvez, presidente de la Asociación ciudadana Un Zaruma para Todos. Él repite que “en Zaruma no hay un sitio seguro”, porque asegura que eso le respondió un técnico de la Secretaría de Riesgo cuando le preguntó qué hacer o hacia dónde dirigirse en caso de un colapso masivo.

“No tenemos un plan de contingencia que nos permita decir a los ciudadanos qué hacer, una ruta de escape, un punto seguro para acudir para proteger la vida”, critica el dirigente, que constaba erróneamente en el listado de perjudicados con 18 % de afectación en su casa. (I)

Por la emergencia en Zaruma, Prefectura orense suspendió contratación de teleférico

Ante la declaratoria de emergencia en Zaruma, a causa del último socavón registrado el pasado 15 de diciembre en la zona céntrica, la Prefectura de El Oro suspendió uno de los proyectos turísticos esperados por su población: el teleférico, un sistema que conectaría a Zaruma con el vecino Portovelo en una ruta aérea de cerca de tres kilómetros.

La decisión de postergar este proceso de contratación la tomó el prefecto Clemente Bravo días después del hundimiento. Esta obra se planificó, explica Bravo, para promover el turismo y cambiar “la matriz productiva” de ambos cantones, en donde —según estima— alrededor del 80 % de su población depende de las actividades mineras.

Como la construcción del teleférico, las estaciones, no requiere de mucho peso, se veía la posibilidad, pero con la presencia de los grandes socavones que se están dando se podría poner en riesgo. Esto hay que comprobarlo con los estudios que más adelante se harán

Clemente Bravo, prefecto de El Oro

José Ochoa, presidente del comité comunitario de gestión de riesgo de Zaruma, cree que primero se debe hacer un estudio técnico actualizado para retomar a futuro el proyecto, que en una primera etapa costaría $ 7 millones.

No hay seguridad para hacerlo en este momento, es riesgoso, y tampoco les va a producir algún ingreso, porque la mitad de Zaruma está evacuada, no hay movimiento de turismo o de ciudadanos, que se cohíben de salir por el COVID-19 y por la amenaza que hay (por los socavones)

José Ochoa, presidente del comité comunitario de gestión de riesgo de Zaruma.

La construcción del sistema de agua potable, que empezó en 2018 y que debía terminar a fines del 2021, también está suspendida por la emergencia. En varios puntos de la ciudad hay calles abiertas por los trabajos, que, según dirigentes, han quedado abandonados. (I)

Pienso que...

Marco Gálvez, presidente de la asociación ciudadana Un Zaruma para Todos

Esto es producto de la actividad minera legal e ilegal, porque debajo de Zaruma llegaron las empresas mineras legales con permisos de funcionamiento del Estado; y cuando estas empresas abandonaron las labores, quedó el camino abierto para los mineros ilegales. Entonces, los mineros ilegales son el producto del abandono de las galerías de las empresas legales. Esa es la realidad, y el Estado no ha tenido la capacidad de controlar esta actividad.

El Estado y el sector minero nos vendieron una idea de área de exclusión minera, que no se puede internar. En la ley minera, en ningún artículo de la ley se menciona la figura de área de exclusión. Además, a partir de la consulta (popular) del 4 febrero de 2018, la figura de la zona de exclusión es totalmente ilegal...

Yo creo que la minería no es el camino para el país. Una muestra de ello es Zaruma: 500 años de historia minera y no tenemos hospital, no tenemos camal, no tenemos terminal terrestre, el mercado está en zona de riesgo. Entonces, ¿dónde está esa bonanza minera que ha dejado a Zaruma una buena infraestructura o una ciudad desarrollada? No la vemos por ningún lado. (O)