Plantear los recursos de ampliación y aclaración y denunciar en comisiones internacionales de derechos humanos las “barbaridades jurídicas” que se han dado en este caso son los pasos siguientes que anuncia dará la defensa del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, luego de que un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha revocó el auto de nulidad definido por la jueza Verónica Medina en el proceso por delincuencia organizada, en el que es procesado junto a su hijo Jacobo Bucaram Pulley.

La tarde del lunes último, de forma unánime, los jueces Ricardo Vaca, Miguel Narváez y Anacélida Burbano, ante la apelación planteada por la fiscal Lidia Sarabia, decidieron revocar la nulidad dictada por Medina por no vulnerar el derecho a la defensa de los procesados, declaró la validez de todo lo actuado por la Fiscalía y enviaron la causa para que se realice un sorteo en el que se definirá un nuevo juez que reinstale la audiencia preparatoria de juicio.

Tribunal revierte la nulidad del caso en contra de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo por delincuencia organizada; la Judicatura suspendió a la jueza Verónica Medina

A Alfredo Arboleda, abogado del exmandatario Bucaram, no le tomó por sorpresa la revocatoria, pues cuenta que en días anteriores la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, ya habló del caso públicamente. Para él la decisión adoptada y el manejo de la audiencia revela que en el país no existe ni seguridad jurídica, ni independencia de la justicia.

El abogado adelantó que esperarán a que se emita por escrito el fallo para luego solicitar ampliación y aclaración. Arboleda creería que una vez que el Tribunal declaró la validez de todo lo actuado, es decir, se entendería que rechazaron las 22 nulidades planteadas por las defensas, lo que restaría es discutir la acusación fiscal que se presente.

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“En la audiencia preparatoria de juicio presentaremos todos los elementos de descargo, a fin de que se considere que las conductas de nuestros defendidos no se adecúan al tipo penal de delincuencia organizada”, apuntó Arboleda, quien dijo que en las próximas horas alertarán a organismos de derechos humanos internacionales de las irregularidades que se estarían presentando en este proceso.

La jueza Medina, el 25 de junio pasado, durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del proceso por delincuencia organizada declaró la nulidad de lo actuado en la etapa de instrucción fiscal, debido a que, según ella, existió una vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa insubsanable, el cual generaba la nulidad.

Para el Tribunal de Apelación, Medina no cumplió con los presupuestos del artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal para declarar la nulidad desde la fase de investigación previa. Por ello, junto a la revocatoria, los jueces Vaca, Narváez y Burbano, a pedido de la fiscal Sarabia, declararon la negligencia manifiesta de la jueza Medina y oficiaron al CJ para que analice posibles sanciones.

Jueza declara la nulidad de lo actuado en el caso por delincuencia organizada contra Abdalá Bucaram Ortiz; la causa regresa a etapa de investigación previa

Según la Fiscalía, el juez ponente explicó que la “actuación de la jueza Verónica Medina violentó el principio de debida diligencia” y que el accionar de la jueza “degeneró en un daño a la administración de justicia”.

Con la declaratoria de manifiesta negligencia, la presidenta Maldonado procedió inmediatamente a suspender temporalmente por 90 días a la jueza Medina. La medida se dispuso, indicó la principal del CJ, para así prevenir que se cometa un daño adicional en la prestación del servicio de justicia.

Junto a la resolución de suspensión, Maldonado también dice incluyó la orden de que se inicie la investigación respectiva por parte de la Dirección Provincial de Control Disciplinario de Pichincha. Según ella, es esa instancia la que deberá iniciar la investigación correspondiente e inmediatamente cuenten con la comunicación judicial del Tribunal respecto a la declaratoria de manifiesta negligencia, ahí podrán iniciar el sumario administrativo correspondiente.

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“La manifiesta negligencia debe ser declarada por un juez superior y eso en este caso ya existe. La jueza Medina es de primer nivel y quien declara la manifiesta negligencia en audiencia es el juez superior que es de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha”, aseguró Maldonado.

El Tribunal de Apelación también habría llamado la atención a la defensa de los procesados Bucaram Ortiz y Bucaram Pulley y decidió que se remitan los audios de la audiencia realizada al CJ para que se analice el accionar de estos abogados, pues se habrían evidenciado “acciones dilatorias”.

Además, los jueces provinciales decidieron sancionar con una multa de dos salarios básicos unificados a los abogados de Jacobo Bucaram Pulley: Cristian Romero, Kléver Riofrío y Francisco Onofa, quienes “abusando del derecho” se habrían desconectado de la audiencia virtual, alegando el derecho a la resistencia.

Jacobo Bucaram Pulley fue trasladado hasta la sala de audiencia en la que se resolvió el pedido de habeas corpus que presentó, debido a un cuadro médico de riesgo que mantiene. Foto: Cortesía

Con esta decisión del Tribunal, la presidenta Maldonado dispuso que se revisen las piezas procesales que se entreguen en este caso para así analizar las actuaciones de los abogados involucrados en esta causa. Si se define algún tipo de irregularidad de parte de uno o varios abogados las sanciones podrían llegar a la suspensión en el ejercicio profesional de hasta dos meses.

Arboleda rechaza el que se hable de sanciones por un supuesto abuso del derecho, cuando, asegura, en este caso los abogados lo único que han hecho es hacer uso legalmente de los recursos que permite y están contemplados en la misma Ley.

En este caso se investiga, además de los Bucaram, al exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro B., a los ciudadanos Bryan P., Verónica A., Isabel M. y el israelí Sheinman Oren. Todos son procesados por supuestamente haber planificado y ejecutado actividades delictivas, entre marzo y octubre de 2020, dentro de la comercialización de pruebas para detectar COVID-19 y mascarillas en medio de la emergencia sanitaria. (I)