Luego de tres días consecutivos de audiencia preparatoria de juicio por una delincuencia organizada que se habría dado en la comercialización de 21.000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19, proceso en el que se investiga al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley y cinco personas más, la tarde de este viernes, el juez penal de Pichincha, Geovanny Freire, suspendió la diligencia e ingresó a una etapa de deliberación antes de emitir su dictamen.

Según la Fiscalía, el segundo día de diligencia en esta causa se suspendió, luego de casi nueve horas de audiencia, debido a la ausencia injustificada de la defensa de Bucaram Pulley. En la cuenta institucional de la Fiscalía se indicó que ante ello el juez de la causa suspendió la diligencia, multó al abogado y ofició para que se emita un informe sobre el comportamiento del abogado al Consejo de la Judicatura.

Fiscalía solicitó que se llame a juicio a Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y cinco personas más procesadas por delincuencia organizada

El primer día de audiencia, la fiscal Lidia Sarabia presentó más de 40 elementos de convicción para sustentar su dictamen acusatorio contra los siete procesados y pidió que sean llamados a juicio.

Para la Fiscalía, las supuestas irregularidades se habrían dado entre marzo y junio de 2020, pero que las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre. De acuerdo con el dictamen acusatorio, durante ese tiempo se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

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Junto con los Bucaram también son procesados el exagente de la AMT Leandro B., Isabel M., Bryan P., Verónica A. y el israelí Sheinman Oren. Fiscalía reseñó que agentes de la AMT, dos de los cuales ya recibieron una sentencia de cinco años dentro de esta misma causa como parte de un procedimiento abreviado, se encargaban de brindar seguridad para el traslado de las pruebas COVID-19 hasta Guayaquil a Oren y Shy Dahan, israelí asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral.

Durante los tres días de audiencia ha asistido de forma presencial Dalo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram y hermano de Jacobo Bucaram Pulley. Aunque ya han transcurrido tres días de audiencia, él espera que hoy concluyan las exposiciones y así el juez entre a deliberar la decisión que tomará.

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Antes de la instalación de la audiencia, Dalo Bucaram aseguró que la audiencia ha servido para ir aclarando mentiras dichas sobre la pandemia para “linchar mediáticamente, amedrentar a una familia y endilgarle la responsabilidad de un Gobierno inútil”, que, asegura, por la falta de atención e infraestructura médica, por la altísima corrupción permitió que el pueblo muera en las calles sin medicina, sin atención.

“Se pretendió culparnos de ello a quienes no éramos funcionarios públicos, a quienes no teníamos ninguna relación con el Gobierno”, dijo Dalo Bucaram, quien explicó que en este caso existió un acuerdo entre privados, una compra que se ha demostrado la licitud de las pruebas que venían de un empresario privado y no eran de ningún hospital, no eran del Seguro Social, ni eran de ningún estamento del Estado.

Al final de la audiencia, Diego Córdova, defensor del axagente Leandro B., señaló que en relación a su cliente ha quedado claro que no existe un solo elemento que lo relacione con una delincuencia organizada e incluso dijo que no se ha probado si quiera que existe bel delito del que se acusa. “Este caso no tiene ningún asidero jurídico y mucho menos por delincuencia organizada que tiene otra connotación”, aseguró Córdova, abogado que cree que lo correcto en este proceso es que se emita un auto de sobreseimiento ratificando el estado de inocencia del exagente de la AMT.

José Moreno, otro de los abogados de los Bucaram, explicó que técnicamente hablando el juicio no debió haber sido instaurado, porque nunca existió delincuencia organizada, pues se probó en audiencia que las pruebas rápidas para Covid-19 analizadas en este caso eran de origen lícito. “Sin entrar en polémicas, la doctora Diana Salazar cuando dio la rueda de prensa en Guayaquil, en el mes de junio del año pasado en compañía de la ministra María Paula Romo, le mintió al país cuando dijo que lo sacado de la casa del señor Abdalá (Bucaram Ortíz) eran del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Eso es falso”, apuntó Moreno.

El juez Geovanny Freire anunció a los abogados de los acusados y a la fiscal Lidia Sarabia que el próximo lunes 20 de septiembre dará a conocer el día que convocará para que se reinstale esta audiencia y así emitir su resolución fundamentada de forma oral. El juez indicó que debe revisar la documentación entregada y lo dicho en audiencia antes de resolver si llama o no a juicio a todos, a varios o a nadie. (I)