Esta mañana, ante la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano de Quito el presidente de la Compañía Taxi Sangay, Jorge Lugmaña, declaró haber realizado pagos a dos personas a cambio de los permisos de operación.

Sin embargo, a pesar de haber destinado diez mil dólares y tener una decisión judicial a su favor, denunciaron que hasta la fecha no consiguen su permiso.

En la sesión virtual, Lugmaña dijo que un socio de la compañía les presentó a Mauricio Núñez (hermano del concejal Orlando Núñez) y Janet Lascano (exasesora de Orlando Núñez y actual registradora de la Propiedad), quienes presuntamente ofrecieron solucionar el trámite en la Procuraduría Metropolitana.

Al inicio habrían solicitado el pago de $ 800 por cada socio, después ese valor cambió a $ 1.000. Según aseveró el presidente de la compañía de taxis, entregaron en efectivo $ 5.000 a Núñez y una transferencia del mismo valor a Lascano.

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Además, puntualizó que les pidieron una donación para el Municipio de Quito de diez quintales de arroz, azúcar y papas.

Por su parte, Mauricio Núñez respondió que deberán demostrar cualquier aseveración en su contra. Por el momento, se contactará con su abogado para emitir un comunicado, añadió.

Janet Lascano ofreció atender a este Diario en una entrevista. Sin embargo, a la hora pactada ya no respondió las llamadas y mensajes.

Desde el despacho del concejal Orlando Núñez (independiente) informaron que salió de una intervención quirúrgica por lo que le era imposible atender una entrevista.

El concejal Fernando Morales (Concertación) mencionó que esta denuncia debería ser ingresada oficialmente en Fiscalía y ser conocida por el Concejo Metropolitano para esclarecer las acusaciones y erradicar los presuntos pagos en trámites pues no tendrían ningún costo.

Juan Esteban Vallejo, representante de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), confirmó que existe una acción de protección a favor de la compañía pero solo para 36 socios, en la actualidad algunos ya no serían parte de dicha empresa.

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Por ello, aún no han actuado, desde el 2019 que conocieron la sentencia. En julio de 2021 enviaron un pedido de aclaración al juez para saber cómo proceder, añadió el funcionario.

También señaló que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la Secretaría de Movilidad tuvieron la responsabilidad de resolver esta habilitación antes y no lo hicieron.