En Pasto, en el sur de Colombia, a 85 kilómetros del puente internacional de Rumichaca, que enlaza con la provincia de Carchi, del lado de Ecuador, se abrió una nueva ventana para el proceso de paz, al que le apuesta el vecino país.

Los Comuneros del Sur, una disidencia local de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entregó al ejército 585 artefactos explosivos para su destrucción.

Un acto se realizó el pasado sábado, 5 de abril, con la presencia del mandatario de Colombia, Gustavo Petro. Ahí, Roger Garzón, quien representa a esta facción de grupo irregular, manifestó la voluntad para lograr una paz territorial.

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“La lucha armada está caduca”, añadió durante este evento en el que Los Comuneros y el Gobierno firmaron acuerdos a favor de las víctimas, memoria histórica, fiscalización a la minería ilegal y la sustitución de 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos.

“Este acuerdo de paz pasa por la transformación del territorio”, dijo el presidente Petro.

Comuneros se ha comprometido a entregar el resto del material de guerra en los próximos tres meses.

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Petro cuestionó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en armas en Colombia, con la que se suspendieron los diálogos a principios de año.

“Comuneros tiene la oportunidad de reivindicar al padre Camilo Torres, figura icónica del grupo armado, y a la vieja guardia del ELN, que pensaba en hacer una revolución. Los de la nueva generación los conozco y son traquetos. Sabemos que hay una mezcla entre dos mundos: el salido de la insurgencia armada que quería cambiar al mundo y el que surge del traquetismo, que piensa en la codicia. (...) En Los Comuneros del Sur brilló más la idea del cambio y la transformación que en el ELN ”, enfatizó.

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Según el presidente, en el acuerdo de paz con los Comuneros del Sur se han invertido $ 12 millones, que incluyen el financiamiento de 109 equipos médicos, cuatro centros de salud y seis ambulancias.

El proceso se extiende a diez municipios de Nariño en los que tiene presencia Comuneros del Sur, incluidos los que lindan con las parroquias fronterizas de El Chical, Maldonado, El Carmelo y Tobar Donoso, en Carchi.

Los tres ejes principales son: el desescalamiento de la violencia, la implementación de transformaciones territoriales y la transición de los integrantes a la ciudadanía plena y del grupo a un movimiento social y político.

En esta que sería la primera entrega de armas, Víctor Paz dio la orden de destruir las minas antipersonas, los morteros, los cilindros bomba y las granadas que utilizaba esta estructura de unos 100 integrantes en la región de Abades, en el litoral pacífico.

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Se informó frente a cerca de 2.000 personas que estuvieron en el acto, que dentro del acuerdo consta un proceso de desminado humanitario centrado en tres zonas periféricas del municipio de Samaniego.

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Para ello, se capacitará a doce integrantes de la comunidad y se entrenará a tres equipos para tareas de estudio no técnico y despeje. Asimismo, la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario del Ejército continuará las labores en otros municipios realizando talleres de educación en riesgo de minas, de acuerdo con la información del Gobierno.

El frente Comuneros del Sur se formó en 1992, siendo la primera estructura del ELN en el fronterizo departamento de Nariño, frente a Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.

En marzo del 2024 se desvinculó para indicar su intención de avanzar con un proceso de paz territorial. Dos meses después fue parte de una mesa de diálogos, con el objetivo de convertirse en un movimiento social y político sin armas.

El 20 de mayo, el Consejero Comisionado de Paz indicó que Comuneros del Sur cumplía con los requisitos para ser considerados un grupo armado organizado, categoría en la que fueron incluidos el 15 de agosto y que legalmente habilita a entablar los diálogos.

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Sin embargo, algunos líderes sociales de la región han denunciado que miembros de Comuneros han alimentado las nuevas Autodefensas Unidas de Nariño, un grupo que se presenta como antiguerrillero y que mantiene negocios ilegales en zonas con presencia de Comuneros, según reseña el diario El Espectador.

En Nariño, el conflicto armado de los últimos 35 años ha provocado más de 4.000 desaparecidos y 44.500 muertos. Son más de 1.200 asesinatos anuales, recordó Óscar Iván Ordóñez, coordinador de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas (UBPD). (I)