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Con Abdalá Bucaram Ortiz y Jacobo Bucaram Pulley son cinco las personas que enfrentarán una audiencia de juzgamiento por delincuencia organizada

La Fiscalía presentó la apelación al sobreseimiento de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo debido a que no se valoraron correctamente los elementos de acusación.

QUITO (07-01-2021).- El expresidente Abdalá Bucaram Ortíz deberá enfrentar en Quito, junto a su hijo Jacobo, una audiencia de juicio por el delito de delincuencia organizada. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

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Aceptado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la fiscal Lidia Sarabia, dentro del proceso penal por el delito de delincuencia organizada, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley serán parte de la lista de cinco personas que enfrentarán una audiencia de juzgamiento en este caso. Para la diligencia aún no existe una fecha definida.

La noche del miércoles último, un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrado por los jueces Patricio Vaca, Miguel Narváez y Anacélida Burbano, luego de casi ocho horas de audiencia, dejó sin efecto el sobreseimiento definido para los Bucaram, el 4 de octubre pasado, por el juez penal Geovanny Freire.

Fiscalía solicitó que se llame a juicio a Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y cinco personas más procesadas por delincuencia organizada

El Tribunal llamó a juicio al exmandatario y a su hijo en calidad de autores de una delincuencia organizada que habría sido identificada en la negociación de pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19. Ellos se suman a los ya llamados a juicio por Freire: el israelí Sheinman Oren, el agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (ATM) Leandro B. e Isabel P., quien actualmente se encuentra prófuga.

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Lo que el Tribunal Provincial no le aceptó a la fiscal Sarabia fue la apelación al sobreseimiento ordenado por Freire a favor del empresario Bryan Pérez y de Verónica A. A ambos se les ratificó su estado de inocencia.

El expresidente Abdalá Bucaram, quien asistió personalmente a la diligencia en la Corte de Pichincha, en Quito, escribió en su cuenta personal de Twitter: “Judicatura ordena a los jueces que revoquen el sobreseimiento y nos lleven a juicio a Jacobito y a mí. La fiscal (Lidia) Sarabia llena de odio consiguió el jurado... liberan al financista de los israelitas Bryan Pérez de Quito. Nos joden a los costeños”.

Sobre los Bucaram, Freire dijo en su momento en su resolución que ellos son compradores privados de pruebas rápidas para COVID-19, las cuales fueron importadas de manera legal al país. Además, explicó el juez que no se había podido establecer la criminalidad sobre el almacenamiento de dichas pruebas en relación con el exmandatario, que Jacobo Bucaram adquirió esos test sin que le entregaran la totalidad de ellos y aclaró que las pruebas no fueron negociadas en hospitales públicos.

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Respecto a ese razonamiento, Sarabia le aseguró al Tribunal de Apelación que el juez Freire “no valoró correctamente” los más de 60 elementos de convicción presentados en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada el pasado mes de septiembre.

Jacobo Bucaram luego de ser expulsado de Colombia llega dentro de poco a Quito

Diario EL UNIVERSO buscó un pronunciamiento de la defensa del exmandatario, pero hasta el momento no ha sido posible dialogar directamente con uno de sus abogados.

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La Fiscalía sostuvo que las presuntas irregularidades cometidas por los llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada se habrían configurado entre marzo y junio de 2020, pero las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre de ese mismo año.

Según la investigación de Fiscalía, en este caso se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la AMT, cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman Oren y Shy Dahan, quien fue asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral, para el traslado de las pruebas de diagnóstico de COVID-19 hasta Guayaquil.

En este caso también se procesó a los exagentes de la AMT Cléver A. y Samuel S., pero debido a que se sometieron a un procedimiento abreviado y aceptaron los hechos con los que se les relacionó, el 15 de abril pasado la jueza María Elena Lara, quien estuvo a cargo de una parte del proceso, resolvió acoger este procedimiento especial y sentenció a cinco años de cárcel a cada uno.

La fiscal Sarabia agregó que los hechos investigados habrían ocurrido en las provincias de “Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, lugares donde esta estructura organizada, conformada por funcionarios públicos y ciudadanos particulares, de forma planificada, dirigía la comisión de actividades ilícitas para comercializar pruebas para detectar COVID-19 e insumos médicos, sin facturas y sin pagar impuestos al Estado ecuatoriano”.

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Con la decisión adoptada por los jueces Vaca, Narváez y Burbano, lo que corresponde es que se realice el sorteo para conocer qué jueces penales de Pichincha integrarán el Tribunal de Juzgamiento que en el 2022 resolverán si los cinco procesados son o no culpables del delito de delincuencia organizada del que Fiscalía les acusa. (I)

Redacción
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