La vida de Sammy, una niña de 11 años, cambió radicalmente en abril de 2023, cuando fue diagnosticada con escoliosis juvenil progresiva.
Su madre, en busca de tratamiento, enfrentó trabas en el sistema de salud pública y, ante una presunta falta de insumos en el hospital Baca Ortiz, accedió a una cirugía en una clínica privada.
Lo que debía ser una intervención para mejorar su calidad de vida terminó convirtiéndose en una pesadilla que dejó a la menor con graves secuelas.
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Sammy fue operada el 15 de marzo de 2024, en una clínica privada, por un traumatólogo ortopedista del Baca Ortiz. Tras la intervención, su madre notó irregularidades: la niña no movía sus extremidades y presentaba complicaciones.
Un examen posterior reveló que la cirugía había afectado el 25 % de su médula espinal y que los tornillos implantados no estaban correctamente ubicados en las vértebras.
Días después, la menor tuvo que ser sometida a una segunda cirugía para retirar las barras de titanio, y en medio del procedimiento, un equipo médico confirmó que la clínica utilizaba un aparato de rayos X diseñado para uso veterinario, según denunció la madre.
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La situación de Sammy se agravó hasta que fue trasladada de emergencia a un hospital privado, donde los médicos encontraron que los tornillos se habían dispersado en su cuerpo, con uno de ellos a solo 3 mm de su corazón.
Con apenas un 1 % de posibilidades de sobrevivir, la menor enfrentó una tercera cirugía, seguida de una intervención de tórax y un coma de ocho días.
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A pesar de haber superado varias crisis médicas, Sammy quedó con secuelas irreversibles. Actualmente, permanece conectada a un respirador mecánico las veinticuatro horas del día y requiere de atención médica constante.
Su madre ha denunciado la presunta negligencia médica y el caso ha llegado a instancias judiciales.
Este miércoles, 12 de marzo, se realizará la audiencia de formulación de cargos contra el médico que realizó la cirugía.
Según el abogado de la familia, Galo Quiñones, en esta diligencia se definirá la situación legal del profesional y se podrían dictar medidas cautelares, como prisión preventiva o la prohibición de salir del país.
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Este Diario contactó al médico denunciado, quien indicó que el caso está en investigación y que su abogado emitirá un comunicado en los próximos días.
Mientras tanto, la familia de Sammy enfrenta una lucha diaria para costear su tratamiento, que asciende a aproximadamente $ 1.300 mensuales.
Su madre, desesperada, pide justicia porque a su hija “le cortaron las alas. Entró caminando y nunca más lo podrá hacer”. También ha pedido ayuda, pues ya no tiene la capacidad económica para todos los tratamientos de Sammy. (I)
