A las 11:09 del martes 7 de septiembre, mientras presidía una sesión del Concejo Metropolitano en Calacalí, en las afueras de Quito, Jorge Yunda publicó en su cuenta de Twitter una supuesta amenaza de muerte recibida en su celular.

En nueve mensajes enviados por WhatsApp, desde un número telefónico de Colombia, los anónimos le preguntaron por una hora para poder comunicarse con él, le advirtieron que vigilan “el auto blanco (en el) que andaba ayer” y añadieron: “Aún no tenemos la orden de bajarlos”.

También le hicieron una oferta: “Ni todo el dinero que tiene lo podrá salvar (…) 3 mil dólares y le damos protección seguridad”.

Finalmente, le dieron una hora para dar una respuesta. Caso contrario, señalaron, “tendrá su primera advertencia (de) que la cosa es seria”.

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Nueve minutos después del último mensaje, Yunda salió a la red: “Denuncio públicamente amenazas contra mi vida, espero se investigue y se proteja a una autoridad electa en las urnas”.

Tras ser destituido por el Concejo Metropolitano y haber puesto una serie de recursos legales para anular tal decisión, Jorge Yunda es protagonista de una disputa por la Alcaldía de Quito, al tiempo que enfrenta ante la Fiscalía una investigación por presunto peculado en la compra de pruebas para detectar COVID-19 y otra por la participación de su hijo, Sebastián Yunda, en chats con altos funcionarios del Municipio.

Una cuenta sin responsables

Al siguiente día, el 8 de septiembre, los administradores de la cuenta Verifica EC aseguraron en las redes sociales haber sido contactados por el mismo número del que salió la amenaza. Lo curioso es que los anónimos esta vez responsabilizaban a Sebastián Yunda, señalando que este “habría solicitado a un chofer en Colombia que envíe esos mensajes a su papá”.

“Un joven de Ecuador de nombre Sebastián Yunda nos llamó a manifestar que si le podemos hacer un favor, que nos daban 100 dólares de lo cual primero que le hagamos una carrera y después que le enviemos unos mensajes a su padre que estaba en un problema judicial”, dice la captura posteada por Verifica EC en Twitter.

Verifica EC se autodenomina un “proyecto emergente de FactChecking (verificación de datos)”, pero tanto en redes como en su sitio web no consta el nombre de ninguno de sus integrantes.

Este Diario pudo contactar a Héctor Galarza, quien dijo ser vocero de Verifica EC. Reconoció que el sitio solo difundió la información que les llegó y que no puede confirmar si la amenaza es creada o no.

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Ese mismo día, Carolina Moreno, quien ingresó la denuncia para remover del cargo a Jorge Yunda, también recibió en Twitter, prácticamente, el mismo mensaje que los anónimos habían enviado a Verifica EC.

La denuncia se queda en las redes sociales

La publicación de Verifica EC se viralizó y Jorge Yunda aprovechó para pedir a la Policía -también en redes- que investigue.

Ante las denuncias de supuestas amenazas al alcalde, varios periodistas preguntaron al Municipio, en el chat de prensa, qué acciones legales tomaría. A las 13:32 del miércoles 8 de septiembre, Álex Baquero, asesor del alcalde, se limitó a responder que “sí, hay denuncia”. Enseguida los reporteros solicitaron mayores detalles, pero Baquero no volvió a contestar.

Sin embargo, Carolina Moreno fue hasta la Fiscalía y, luego de esa visita, le aseguró a este Diario que no encontró ninguna diligencia al respecto.

A las 15:45, Jorge Yunda volvió a publicar un mensaje en sus redes sociales, afirmando que agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase) le contactaron para investigar los mensajes. Y agregó la fotografía de un ciudadano que presuntamente intentó ingresar a su domicilio.

Al momento de esta publicación, en la página web de la Fiscalía, en la parte donde se registra el ingreso formal de trámites judiciales, no consta ninguna denuncia de Jorge Yunda sobre la amenaza en contra de su vida.

Todo el relato armado por Yunda en Twitter se replicó, exactamente en los mismos términos, texto e imagen, en Facebook, lo que provocó reacciones a favor y en contra.

Para Christian Espinosa, director de Cobertura Digital y especialista en temas de reputación en redes, los mensajes de WhatsApp se pueden fraguar, incluso con aplicaciones gratuitas, por lo cual no se puede dar por sentado que las capturas de pantalla son reales.

Para verificar si la amenaza fue cierta o no, esos mensajes deben ser sometidos a un peritaje especializado, propio de los procesos judiciales. “Unas simples capturas no pueden ser prueba para sacar una conclusión”, añadió. Sin embargo, mientras la Fiscalía no abra un expediente, esos mensajes seguirán alborotando las redes, pero no llegarán a peritajes con peso legal. (I)