Que uno de los galpones en los que se hallaron más de un millón de unidades de galletas y 400.000 coladas caducadas desde el 2017 estaba arrendado desde el 5 de septiembre de ese año a Pablo R. G., representante legal de la compañía Moceprosa S.A., pero que al no haber pago por casi tres años se inició un juicio de inquilinato en el que en marzo de este año se dispuso la devolución del espacio.

Esa es la versión de Mario Díaz, procurador judicial del propietario del galpón ubicado en el Parque Industrial de Riobamba. Esta semana, representantes de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), Fiscalía e Intendencia de Policía de Chimborazo hicieron el hallazgo.

Según Arcsa, ese lote hallado formaba parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Educación.

Díaz sostuvo que su representado no sabía que allí se estuvieran almacenando los productos alimenticios caducados, que se limitó a arrendar el galpón por el que, según el contrato, debía cobrar $ 2.007 por cada mes.

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Más de un millón de galletas y 400.000 coladas caducados desde el 2017 fueron detectados en bodegas de Riobamba; según Arcsa, lote pertenece a programa de alimentación escolar

Pero, añadió, como el arrendatario solo cumplió con el pago unos meses, se entabló el juicio, pese a que en una ocasión este ofreció que la cartera de Educación pagaría por los productos.

La causa la llevó la jueza de lo Civil Kerly Alarcón y el 11 de marzo del año en curso salió la sentencia en la que a más de la entrega del galpón se dispuso el pago de las pensiones locativas (montos de arriendo). Díaz contó que cuando se inició con la demanda la deuda era de $ 52.138,40, liquidación que se debe actualizar.

Relató que luego de aquello, el 26 de agosto, la jueza de lo Civil ordenó que con el depositario judicial se haga el descerrajamiento. Allí, añadió, se llevaron una sorpresa cuando vieron que en el interior del local había una gran cantidad de ratas, situación que hizo imposible el ingreso a dicho espacio.

Ante ello, comentó que se puso veneno para matar a los roedores y sanear el lugar. Luego de eso, con el depositario judicial y policías fueron a constatar qué había allí e identificaron los productos que llevaban el logotipo del Ministerio de Educación y del PAE.

“Al ver eso, dijo el depositario judicial, yo no puedo desocupar”, aseveró el profesional del derecho, y añadió que no se pudo hacer el desalojo porque la nave estaba con candado.

Hizo el llamado para que se haga una investigación rápida y urgente con el fin de que se conozca quiénes son los socios de la compañía que arrendaba el galpón, y para saber si el producto fue cancelado por el Estado, para lo cual deberá actuar la Contraloría.

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Nueva gestión

Mario Díaz explicó que luego de constatar los productos se dirigió a Salud para que intervengan y que la respuesta fue que no eran competentes, que le enviaron a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), donde al presentar la denuncia tampoco tuvo una respuesta favorable, según él.

Dijo que por esa razón acudió otra vez a la jueza de lo Civil para que oficie a los funcionarios con el fin de que actúen, porque de lo contrario caerían en el incumplimiento de decisiones de autoridad competente, según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Cuestionó que en el operativo, ejecutado a mediados de la semana anterior, Arcsa e Intendencia de Policía de Chimborazo dijeran que ellos hicieron el descerrajamiento, pues recalcó que con su defendido han golpeado puertas desde hace mucho tiempo sin tener respuesta.

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Por su parte, Cristian Tamayo, coordinador zonal de Arcsa, refirió que el requerimiento de la jueza de lo Civil se recibió el 11 de noviembre y que la actuación fue de manera inmediata y oportuna en menos de quince días, que es diferente a la sentencia que emitió en marzo.

Reiteró que en el operativo del 24 de noviembre en el lugar se encontraron 1′008.000 unidades de galletas y de colada o avena 441.640 unidades, todas caducadas desde el 2017, las que no podrán ser expendidas porque no son aptas para el consumo humano y que la autoridad deberá definir las acciones legales que permitan dar con los responsables en el caso de haber un perjuicio directo al Estado y que se deberá dar la cadena de custodia a través de las autoridades.

El funcionario mencionó que se puso en conocimiento a la jueza de lo Civil que solicitó la intervención de Arcsa para hacer el lanzamiento o desalojo de algunos de los bienes, así como que se informó a la Fiscalía y Contraloría con el fin de que se inicien los procesos que correspondan para dar con los responsables en el caso de haber una infracción o ilícito penal.

Tamayo explicó que al cumplir con la disposición de la jueza se evidenció que el local era arrendado por la compañía Moceprosa y que al tener acceso a la documentación se evidencia que hay dos contratos de arrendamiento que podrían vincular en cierta forma a esta empresa.

Este Diario intentó localizar a los representantes de la compañía, pero hasta la tarde de este sábado no fue factible establecer contacto. (I)