La tasa de seguridad de Quito se cobrará de acuerdo con el salario básico

Desde el 2022 regirá un nuevo mecanismo para calcular la tasa de seguridad ciudadana que el Municipio de Quito cobra a los ciudadanos cada año junto con el impuesto predial.La reforma fue aprobada por el Concejo Metropolitano el 14 de diciembre, después de que la Corte Constitucional (CC) declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza, el pasado 22 de septiembre. En la sentencia se dio un plazo de seis meses al Municipio para sustituir la norma.Ahora, según la ordenanza, la tasa de seguridad se calculará de acuerdo con la ubicación física de las propiedades en las áreas urbano y rural, dentro de los nueve sectores económicos en los que se divide el distrito metropolitano. Estos se clasifican de acuerdo con terreo, precio promedio del metro cuadrado, topología, infraestructura básica, tipo de acabados (lujo, muy buenos, buenos, económicos), vías, agua, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, tipología constructiva del predio, precios unitarios.Las viviendas del sector uno (S1) pagarán más. Están en la categoría ‘alto-alto’, porque tienen acabados de lujo, vías, agua, alcantarillado y energía eléctrica. En cambio, el sector nueve (S9) está dentro del grupo de ‘bajo-bajo’, donde los inmuebles poseen características más sencillas, cuentan con servicio de agua en tanquero y escaso alcantarillado.Las tarifas que cobrará la Alcaldía se obtienen de un porcentaje del salario básico unificado (SBU) asignado a cada sector. El área rural es considerada parte del S9:Para el pago que corresponde en 2022 se tomará en cuenta el salario básico de 2021, valorado en $ 400, explicó el concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión de Presupuesto, que llevó adelante la elaboración de la ordenanza sustitutiva.Aclaró que los rubros se establecerán con base en la remuneración mínima del año anterior al cobro. Por ejemplo, en 2023 la tasa saldrá de los $ 425 del salario básico de 2022.Existen excepciones. La norma excluye de la obligación a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, o sus sustitutos. Si poseen más de un inmueble, la exoneración aplicará para la propiedad de mayor valor catastral.Los recursos que se recauden serán administrados por la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (Emseguridad).Según datos recogidos en el proyecto de ordenanza, entre 2011 y 2021 el Municipio ha cobrado aproximadamente $ 82 millones por concepto de la tasa de seguridad; es un promedio de $ 7 millones cada año.Del Pozo señaló que uno de los inconvenientes era que el dinero se destinaba, principalmente, a gestión de riesgos, sin abarcar a fondo aspectos relacionados con la prevención y reducción de delitos.A partir del próximo año, detalló el edil, Emseguridad debe distribuir los ingresos para la implementación del Plan de Seguridad Ciudadana que, entre otras cosas, contempla la posibilidad de dotar a los agentes de la Policía Nacional y Metropolitana de equipos y vehículos, o adecuar infraestructura y servicios en espacios públicos.El concejal Fernando Morales recordó que una de las observaciones de la Corte Constitucional fue que se debía justificar el servicio que se presta frente al monto que se cobra.Destacó que la nueva normativa permite tener transparencia, claridad y orden de la gestión municipal. Resaltó que se medirán los resultados de las inversiones que se hagan para la protección de la población. En ese sentido, Morales expresó que el Cabildo y el Gobierno central deben articular acciones para enfrentar a la delincuencia.La ordenanza dispone que la Secretaría de Seguridad, en coordinación con Emseguridad son los entes encargados para realizar el seguimiento y evaluación de la satisfacción ciudadana sobre los servicios efectivamente realizados por la tasa de seguridad.El informe de resultados se pondrá en conocimiento del Concejo Metropolitano y se difundirá al público. (I)

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