Jimmy Luna dice que en los condominios donde vive hay un antes y un después que fue marcado por el terremoto de 7,8 del 16 de abril de 2016.

Bueno, en realidad, allí fue cuando todo empezó, señala. Ese día los edificios de su conjunto habitacional se sacudieron, tres de ellos quedaron muy afectados. Los dueños de los apartamentos salieron, dejando las estructuras vacías.

Luego vinieron las promesas. Esas les hicieron más daño, asegura. Les dijeron que les iban a arreglar los edificios. Llegó personal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) a evaluarlos. Hasta de montos hablaron, 12.000 dólares por cada departamento. Eso era suficiente para repararlos, pero el dinero nunca llegó.

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“Estos desgraciados se llevaron toda la plata de los damnificados. Todo el dinero que dieron los organismos extranjeros, lo que se recaudó con el IVA, nunca llegó donde debía llegar”, señala.

Jimmy vive en los condominios Tohallí, ubicados en Manta. Allí hay tres torres que no pueden ser habitadas, y otras dos donde aún viven algunas familias. Las estructuras tienen fisuras, daños en las columnas, las escaleras están cuarteadas, incluso en uno de los edificios hay un aljibe que se cayó en el 2016 y solo lo sostiene una losa. En este lugar el tiempo se detuvo en el año del terremoto.

El sismo tuvo epicentro en el cantón Pedernales, pero gran parte de Manabí resultó afectada. Para responder a la emergencia, en mayo de 2016, durante el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, se aprobó la Ley de Solidaridad. El impuesto al valor agregado (IVA) se incrementó de 12 % a 14 % por un año. El objetivo era recaudar dinero para los damnificados.

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Walter Barrera, quien desde el 2016 representa a quienes habitan en los condominios afectados por el terremoto, señaló que son 563 departamentos o viviendas que nunca fueron reconstruidos. Todos estaban ubicados en seis conjuntos habitacionales que se encuentran entre Manta (4) y Portoviejo (2).

Comentó que en el 2016 fue el mismo Gobierno que les ofreció ayuda, incluso hicieron estudios estructurales y hablaron de reconstrucción.

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“Fue la misma Secretaría de Reconstrucción, el Miduvi y el MIES quienes prometieron ayuda, pero todo fue un cuento. Han pasado siete ministros y nada se concreta. Incluso nos dijeron que nosotros pusiéramos $ 6.000 por propietario para repararlos, y que ellos ponían el resto. Llegaron hasta ese punto estos sinvergüenzas”, señaló.

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Barrera dijo que la reconstrucción de los 563 departamentos cuesta alrededor de $ 7 millones.

En estos momentos los edificios son un peligro, están cuarteados, señala el ciudadano .

Mirna Arteaga, quien tiene un apartamento en los edificios de la ciudadela El Palmar, comentó que algunos vecinos ya han reparado sus viviendas con recursos propios. Ellos se cansaron de esperar la ayuda del Gobierno.

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Arteaga señala que, sin embargo, todavía hay departamentos que se encuentran en mal estado; tienen fisuras y las columnas deben ser revisadas.

“Lo que yo no entiendo, y muchos vecinos tampoco, es qué hicieron con la plata que era para los damnificados del terremoto. Ya han pasado ocho años y yo creo que hay mucha gente que nunca pudo acceder a una casa nueva o que le reconstruyeran la que se le dañó. Esto fue un robo”, reclamó.

Por el dinero de la reconstrucción en junio de 2023, se abrió una investigación contra el exvicepresidente Jorge Glas; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción; y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa pública Ecuador Estratégico, por su presunta participación en el delito de peculado. Ellos son investigados por mal uso de recursos públicos. (I)