El Municipio de Montecristi ha presentado un informe a la Corte Constitucional sustentando que el decreto que declaró al cerro del cantón como zona de seguridad es inconstitucional.
El cabildo argumenta que no se contó con el permiso de uso de suelo del Municipio. Tampoco se realizó la consulta ambiental en las comunas aledañas al cerro, omitiendo el impacto que la acción generaría.
El objetivo de la Administración es que el cerro vuelva a convertirse en un atractivo turístico, tal y como lo fue antes de su intervención.
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“Es importante destacar que esta Administración apoya al Gobierno en temas de seguridad; sin embargo, es fundamental respetar la naturaleza y respetar las oportunidades de turismo que se realizaban, como el tradicional ascenso al cerro”, se detalló en una publicación del cabildo.
Miembros de la FAE son llamados a juicio por el presunto sabotaje del radar de Montecristi
El 17 de agosto de 2021, durante la presidencia de Guillermo Lasso, fue firmado el decreto 157, que declaraba al cerro de Montecristi como zona de seguridad del Estado. Esto permitiría incrementar la capacidad operativa de vigilancia, alarma y control del espacio aéreo nacional.
En el lugar se ubicó un radar para detectar las narcoavionetas; no obstante, la madrugada del 7 de noviembre de 2021 se registró una explosión que sacó de operación al radar.
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Por este caso, un juez de Manabí llamó en marzo de este año a juicio a diez militares por su presunta participación, en grado de omisión, en el delito de sabotaje.
En una asistencia penal solicitada a EE. UU. se determinó la presencia de residuos de explosivos plásticos en el lugar, señaló la Fiscalía. El informe añade que este tipo de explosivos es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y que requiere de un manejo especializado.
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Jonathan Toro, alcalde de Montecristi, manifestó que el radar solamente funcionó por un corto tiempo, pero la afectación en el tema turístico se mantiene, ya que era costumbre de los manabitas y turistas subir el cerro.
“Actualmente ya no se puede hacer. Inicialmente, se indicó que iba a haber una afectación de dos hectáreas, cuando realmente se han intervenido alrededor de siete hectáreas. Y no solamente eso, sino que también no se permite el ascenso a la cima, que tiene un área considerable. Nosotros tenemos proyectos turísticos que queremos emprender, pero no podemos hacerlo. Uno de esos es la construcción de un teleférico”, expresó.
Toro manifestó que, antes de la intervención, en Ciudad Alfaro se contabilizaba la visita de 350.000 personas cada año, pero desde que prohibieron la subida al cerro la cifra bajó a 200.000. Esto es porque gran parte de los visitantes buscaban subir la montaña.
“No son datos específicos, pero sí es muy notorio que se ha mermado bastante el turismo. Y no es solamente el cerro de Montecristi, que ya no lo podemos utilizar turísticamente, sino también Ciudad Alfaro, que está deteriorada”, añadió.
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Cristóbal Castro, procurador síndico del Municipio de Montecristi, manifestó que consideran inconstitucional el decreto con el cual se declaró como área reservada militar al cerro de Montecristi, ya que no se cumplió con el permiso de uso gestión de suelo ni hubo consultas ambientales.
Explicó que como Municipio se han unido y reforzado una acción extraordinaria de protección presentada en 2022 por un representante de una comuna del cantón.
“Vale mencionar que en esa acción nosotros somos demandados como cabildo, pero en ese entonces quien administraba la ciudad no hizo nada por proteger el cerro. Sin embargo, nosotros ahora hemos presentado elementos para que la Corte Constitucional considere que sí existe una afectación al cerro, que sí fue inconstitucional el decreto 157 y que no se realizó el informe de la consulta ambiental. Es una acción que ya está iniciada desde el 2022″, detalló.
Ronald Muñoz, gobernador de Manabí, manifestó que este es un asunto que se maneja en el ámbito de la justicia.
“Eso no lo decidimos nosotros: lo decidirá la justicia. Y también el tema es porque se manejan asuntos de seguridad nacional, y eso debe ser contemplado por el juez que tome la competencia”, expresó.
Sobre este tema se consultó a la comandancia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), ubicada en el cantón Jaramijó, pero se indicó que el asunto está siendo manejado a nivel del Ministerio de Defensa. (I)
