Que no tuvo el impacto esperado es como evaluaron organizaciones al último proceso gubernamental de regularización de amnistía migratoria a los ciudadanos venezolanos.
El Decreto Ejecutivo 370, de 23 de agosto de 2024, estableció un proceso extraordinario de regularización migratoria VIRTE II, dirigido a personas venezolanas en situación de movilidad humana y a sus grupos familiares que no obtuvieron visado en el proceso anterior, pero que contaban con el Certificado de Registro de Permanencia Migratoria.
El proceso tenía una duración de 8 meses, a partir de su publicación en el Registro Oficial, es decir, hasta abril 2025. Ese Decreto Ejecutivo fue derogado el pasado 11 de marzo.
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Según la Cancillería, había un universo de 96.980 personas venezolanas que requieren regularizar su estatus migratorio, lo que iba a permitir su inserción social y económica, generando un impacto positivo en el desarrollo del país, pues permitía, entre otros, el acceso a empleo formal así como una mayor recaudación de impuestos.
Hasta el jueves, 13 de marzo, esa cartera de Estado informó que 4.941 visas VIRTE II fueron emitidas, y adicionalmente se encontraban en trámite aproximadamente 3.000 solicitudes de visa.
Tomando en cuenta esas estadísticas, Eduardo Febres-Cordero, venezolano, exdiplomático y experto en materia migratoria, quien vive en Ecuador, opinó que la amnistía ha sido casi un fracaso y no ha tenido el impacto que se pudo haber esperado.
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Argumentó que han salido del país decenas de miles de venezolanos y estimó que habrá entre unos 200.000 a 300.000 ciudadanos de esa nación. Mencionó que se han quedado aquellos que lograron tener una estabilidad y formaron familia.
Cancillería aclara que venezolanos que tengan la visa Virte II podrán renovarla por dos años más
“¿En serio? hacemos un proceso de regularización solamente para 7.000 personas cuando hay procesos de regularización anteriores como VIRTE I, donde se regularizaron más de 100.000 personas”, dijo.
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Atribuyó la decisión presidencial a un tema de financiamiento y a un aspecto político.
La implementación del proceso de regularización migratoria dependía del financiamiento proporcionado por el Population, Refugees and Migration Bureau del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), indicó el Gobierno.
La decisión del Gobierno de los Estados Unidos, adoptada mediante una Orden Ejecutiva de 20 de enero de 2025, de suspender la asistencia internacional en tanto se evalúen y ajusten con la política exterior de la actual administración, afectó directamente el financiamiento destinado al proceso de registro y regularización migratoria VIRTE II, acotó.
Febres-Cordero, no obstante, mencionó que al no haber un proceso extraordinario hay un trámite ordinario. Sin embargo, puntualizó que sí había ciertas salvedades para la comunidad venezolana como el reconocimiento de los pasaportes vencidos debido a que en Ecuador no hay representación diplomática, es decir, ni consulados ni embajada.
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¿Qué implicaciones tiene para los venezolanos en Ecuador la derogación del Decreto Ejecutivo 370?
Daniel Regalado, de la Asociación Venezuela en Ecuador, mencionó que la decisión gubernamental ha sido un golpe pues había personas que estaban esperando documentos de Venezuela para poder iniciar el proceso.
El trámite ordinario para conseguir una visa podría llevar entre unos diez meses a un año, entre presentar la solicitud de pasaporte a Venezuela, ir a Colombia que es en donde se lo hace, obtener los antecedentes penales y trámite del documento. Con la amnistía, estimó Regalado, el proceso duraba alrededor de 20 días.
Entre 2023 y 2024, según Febres-Cordero, quien forma parte de una organización que asesora en temas migratorios, al menos un 40 % de sus atenciones se enfocaron en asistencia a personas que salían de Ecuador y querían dejar sus asuntos en regla como créditos, habían adquirido vehículos, tenían deudas y multas con entidades estatales.
A decir de Regalado, hubo falta de información por las entidades estatales y otros evento como los cortes de luz, elecciones en su nación.
Las visas emitidas tendrán plena validez, de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 370 y la respectiva normativa secundaria, explicó Cancillería.
Además las personas que tienen la visa de residencia temporal todavía tienen la posibilidad de renovación o prórroga de dos años, como estipulaba el decreto 370 que fue derogado.
El artículo 62 de la Ley de Movilidad Humana prevé que la visa de residencia temporal de excepción puede ser renovada por una sola vez, aplicable a los beneficiarios de visa VIRTE II, precisó ese ministerio.
El Ministerio del Interior informó que hay 17.935 Certificados de Registro de Permanencia Migratoria emitidos para el proceso VIRTE II.
Tomando en cuenta las cifras del Ministerio del Interior 17.935, y dado que el proceso de amnistía era para aquellos que tenían ese certificado, las visas ya tramitadas y en proceso, alrededor de 8.000, habría unos 10.000 ciudadanos venezolanos que no habrían accedido al proceso. (I)
