La presencia de la Policía en algunos barrios sería intermitente, según el Municipio de Quito.
En el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Pabel Muñoz, alcalde de Quito, señaló que les han manifestado que en los barrios en los que están las unidades de Policía comunitarias (UPC), que está rehabilitando el Municipio, la Policía llega la primera semana y la segunda semana ya no está.
“La gente dice: ‘Ya inauguraron la UPC, han permanecido 10, 8, 15 días y después no llega el número de policías que se había ofrecido’”, expresó el personero municipal.
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Agregó que ha pedido a autoridades del Gobierno, así como al comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, que estén pendientes del tema.
El funcionario manifestó que, de comprobarse estas denuncias ciudadanas de que no estarían llegando los uniformados policiales, no tendría ninguna duda en activar una cláusula por la que, si la UPC no tiene los agentes necesarios, pedirán que lo invertido se revierta al Municipio.
Muñoz mencionó que han invertido en 108 UPC, de las cuales 45 son recuperación integral y se ha pedido a la Policía que les indique en dónde se coloca la edificación.
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En 40 adicionales se ha entregado equipamiento, como computadoras, escritorios, camas y colchones, y en otras 20 han hecho un mantenimiento preventivo. Terminarán la intervención de las 108 el 31 de diciembre.
El funcionario indicó que pueden entender que haya temas operativos de la Policía que deben solventar con su personal o su equipamiento.
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Acerca del Plan Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2023-2027, sostuvo que están guiando su actividad sobre 4 ejes de acción, 8 políticas, 15 programas y 24 proyectos. Agregó que hay un presupuesto de $ 92 millones para 2024 en materia de seguridad.
Muñoz añadió que el plan incluye coordinaciones interinstitucionales y énfasis en tecnología, ya que hay cámaras de seguridad, pero no están conectadas entre ellas.
La tecnología, señaló, sí está disponible para hacer identificación facial, pero la base de datos para determinar si una persona ha tenido o no un antecedente penal es de la Policía Nacional.
Un tercer eje es intervenir en el espacio público con senderos seguros, mejora de parques. Y el cuarto elemento es la ampliación de operativos de campo para revisar licencia metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas (LUAE) y controlar a comerciantes autónomos y gente que bebe en calle.
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El plan irá al Concejo Metropolitano. (I)
