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Tres personas reciben medidas cautelares en caso de presunto peculado en la adjudicación de contrato en hospital General del IESS de Ambato

Investigan irregularidades en contrato de insumos en emergencia sanitaria.

AMBATO. La Fiscalía inicio un proceso penal en contra tres personas por su presunta participación en el delito de peculado cometido en la irregular adjudicación de un contrato en el hospital de IESS de Ambato durante la emergencia sanitaria. Foto: Wilson Pinto

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Tres personas son investigadas por su presunta participación en el delito de peculado cometido en la adjudicación de un contrato del hospital General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ambato.

Ante ello, la Fiscalía General del Estado detalló que se mantiene abierto un proceso penal en contra de Luis Orlando S., Liborio Hernán P. y Carlos Roberto G. por este ilícito.

Se informó que las investigaciones de la Fiscalía empezaron luego de conocer, a través de denuncias públicas, sobre presuntas irregularidades en la suscripción de contratos para la adquisición de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 en dicha casa de salud.

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Según la Fiscalía, con base en las diligencias investigativas se determinó que Liborio Hernán P. (director administrativo) y Luis Orlando S. (responsable del área de mantenimiento), en su calidad de funcionarios públicos, habrían favorecido a un tercero, Carlos Roberto G., con la adjudicación de un contrato a través de una empresa.

En una audiencia relacionada al caso fueron presentados los elementos de convicción recabados durante la investigación previa, que fueron acogidos por el juez para dictar medidas cautelares.

Tras escuchar la argumentación de la fiscal del caso, Claudia Romero, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el juez decidió que los tres investigados tengan prohibido la salida del país y que acudan a presentarse dos veces por semana ante la autoridad.

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El delito de peculado, según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), puede ser sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. (I)

Redacción
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