Cada vez más mujeres manejan las fincas, pero tienen un menor acceso al crédito público para comprar tierras que los hombres

La mujer tiene un papel cada vez más relevante en las plantaciones agrícolas, pero aquello no se equipara con el volumen de crédito público que recibe para adquirir tierras.En los últimos 20 años hay una mayor participación de las mujeres en las labores del campo con un mayor peso en el porcentaje de personas productoras, que son las que tienen decisión en el uso y manejo de la finca.El estudio Inequidades y tierra: Diagnóstico de la política agraria y estructura de tierras en el Ecuador , de 150 páginas y publicado este año por la Universidad Central del Ecuador, indica que el 42 % de las fincas menores a una hectárea (ha) era manejado por mujeres en 2020. Hace 20 años, en 2000, su peso fue del 40 %.El mayor aumento se observa en las fincas que tienen entre 100 y 200 ha, las que en un 16 % eran manejadas por mujeres el año pasado, mientras que en 2000 solo eran el 8 %. En las fincas de todos los tamaños hay una mayor participación de la mujer en la toma de decisiones, ya sea por arriendo, herencia o como dueña.Sin embargo, el crédito no ha fluido de la misma forma. Las productoras recibieron dos millones de dólares para comprar tierras en 2013, mientras que los hombres obtuvieron cuatro veces más: $ 10,5 millones por parte de la banca pública Ban Ecuador, en el pasado conocido como Banco Nacional de Fomento.Las diferencias se acrecentaron. Las mujeres recibieron $ 800.000 durante 2019 para comprar predios rurales, los hombres casi ocho veces más con $ 5,8 millones .Desde enero hasta agosto de este año las productoras obtuvieron $ 1,8 millones y los que dirigen las fincas (productores), $ 4,3 millones.Freddy Montenegro Siguencia, investigador del estudio como parte del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador (Sipae), afirma que el crédito para la compra de tierras disminuyó incluso desde antes de la pandemia en el periodo 2013-2019, pero este año se observa una recuperación con respecto al 2020 y 2019, sin llegar a los niveles del 2014 y 2015.“Desde abril del 2013 hasta agosto de este año se han destinado $ 80 millones de crédito público para la compra de tierras rurales, de los cuales $ 17 millones fueron para productoras y $ 63 millones para productores. La inequidad de género en el acceso a crédito se mantiene”.Una de las claves para acceder, dice Montenegro, es la titularización de las propiedades rurales, ya que con ello se puede dejar como garantía y obtener un crédito para adquirir más tierras. “Uno de los componentes del plan Tierras (aplicado hasta el 2014 durante el régimen de Rafael Correa) era la legalización masiva de las tierras y al hacerlo facilitó en su momento el acceso al crédito”.El problema de la falta de equidad de género en la obtención de créditos públicos responde a un tema cultural. “Se piensa que quien puede tomar las decisiones a nivel de una finca es el hombre, por lo que el crédito ha estado destinado a ellos. Esto se observa también a nivel dirigencial. Por ejemplo, las juntas de regantes son organizaciones sólidas constituidas principalmente por hombres”.El estudio indica que los montos entregados a las mujeres estuvieron por debajo de los $ 5.000, mientras que para los hombres fueron de $ 20.000 a $ 100.000 en promedio en el periodo 2013-2019 .Una de las opciones, agrega el especialista, es la activación del Fondo Nacional de Tierras establecido en la Constitución y en las leyes de Soberanía Alimentaria y de Tierras.“Hay dos interpretaciones extrañas respecto al Fondo. La primera es que incluye todos los bienes tangibles del Estado, propiedades del Ministerio de Agricultura que se distribuyen, al terminar con esto se terminó el Fondo de Tierras. La segunda es que es un monto destinado para mejorar las condiciones, entonces eso se debe definir”, asegura Montenegro.Una de las consecuencias del escaso crédito para la compra de fincas es que no hay cambios en la tenencia de la tierra.El estudio en el que participa el Sipae indica que la estructura agraria no ha variado significativamente en más de 77 años. “Los tres censos agropecuarios realizados en 1954, 1974 y 2000 muestran que no existen variaciones importantes respecto de la inequidad en la tenencia de la tierra”.Y comparando con la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (Espac) que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos cada año, “no han ocurrido cambios significativos en los valores sobre la distribución y tenencia del suelo” en los últimos años.La brecha sigue también en el acceso al agua. En 2020 hubo 24.686 autorizaciones que reciben 10.333 litros por segundo, pero también 1.880 autorizaciones que reciben 357.972 litros por segundo .La evaluación de los cambios en la estructura agraria a través de indicadores como la tenencia de la tierra, el tamaño de las unidades productivas agropecuarias (UPA), entre otros, señala el estudio, requiere datos de largos periodos de años.De ahí que se necesiten, al menos, comparaciones de diez años o más “para obtener resultados fehacientes sobre el movimiento de la estructura dentro de los poseedores de tierra”.La metodología fue comparar el Censo Nacional Agropecuario del 2000, el último realizado, con la Espac del 2017. El resultado es que el 55 % de las UPA ocupan el 31 % de la tierra productiva y el 5 % de las UPA grandes acaparan el 23 % de la tierra productiva .Uno de los últimos intentos de redistribuir se dio mediante el Plan Tierras de Correa. Este buscaba que las propiedades rurales confiscadas durante el feriado bancario sean entregadas a las asociaciones campesinas, dice Melissa Ramos Bayas, investigadora del Sipae.Su impacto fue mínimo en la práctica ya que solo se redistribuyeron 26.790 ha hasta el 2014 cuando culminó. Un área ínfima en relación con la superficie total destinada para cultivos en el país que llegó a 4′333.284 ha en el 2020. “Esta política redistributiva tenía como meta afectar dos millones de hectáreas, lo que no se cumplió. Esto implicaba hacer uso de las propiedades que no cumplen funciones sociales y ambientales, tierras improductivas y ociosas, porque ya no hay terrenos baldíos en el país para redistribuir”, indica Ramos.La política del gobierno de Lenín Moreno y en lo que va del actual, del presidente Guillermo Lasso, se ha centrado en procesos de titularización de predios. “Facilitar que las tierras ya ocupadas puedan sanear sus conflictos para que tengan títulos de propiedad”, enfatiza la especialista.La superficie con cultivos permanentes fue de 1′442.973 hectáreas (es una producción generalmente destinada a la exportación). La caña de azúcar, el banano y la palma africana son los cultivos de mayor producción a nivel nacional, según la última Espac del INEC publicada en mayo de este año.Los pastos cultivados sumaron 2′067.795 ha y los sembríos transitorios (clave para la alimentación local) ocuparon 822.516 ha.El área destinada para los sembríos permanentes aumentó 14 % entre 2002 y 2020, mientras que la superficie ocupada por los transitorios se redujo un 23,7 % en ese mismo periodo. (I)

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