La clasificación de las personas privadas de libertad en pabellones de máxima, mediana y mínima seguridad, separadas por criterios, como que quienes cometieron delitos menores no estén con los sentenciados por casos más graves —asesinatos o narcotráfico internacional, por ejemplo—, es uno de los principios que se debe seguir en el sistema carcelario del país.

La Constitución del 2008 dio los cimientos de este mecanismo, según el informe titulado “El modelo de gestión penitenciaria del Ecuador”, de mayo del 2013, publicado por el entonces Ministerio de Justicia, hoy subdividido en la Secretaría de Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI).

El documento plantea la necesidad de analizar a la persona infractora no solo como alguien que ha quebrantado la ley, sino también como el resultado de una continuidad de ausencias familiares, educativas, laborales y de salud.

La hoja de ruta establecida por el desaparecido Ministerio de Justicia indica también la construcción de un plan de vida personalizado y la participación en actividades educativas, laborales, culturales, deportivas, de salud integral, en horarios previmente establecidos.

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El fin es, según el documento, la ocupación total del tiempo de los sentenciados, la progresividad o regresión en los pabellones, según “el desempeño personal y la aplicación de un programa de reinserción económica y social que facilite el retorno a la sociedad”.

El sistema va más allá al plantear incluso acciones en la sociedad que influyan directamente en la situación de las cárceles, como la promoción de la investigación en criminología, prevención de delito y ejecución penal.

Con ello se busca dar a los sentenciados “herramientas para construir una nueva forma de vida”.

También se esbozan otros principios, como la separación de los mayores de 65 años de los que tienen menos edad, de los sentenciados por infracciones de tránsito de los que cometieron infracciones gravísimas, graves, medias y leves, los testigos protegidos o los que tienen comportamiento violento de los demás, entre otros más, como que los procesados sin sentencia no están con los que ya la tienen.

En la práctica, uno de los pocos criterios que se cumplen es el de separar a los hombres de las mujeres y a los menores de edad de los adultos, en los 55 centros de detención que hay en el país, en los que están cerca de 39.000 prisioneros, pese a que su capacidad máxima total es 30.000.

En agosto del 2007 había 18.675 reos. La política pública en ese entonces implicó la contratación de personal, el equipamiento para la seguridad, la clasificación de la población internada, entre otros aspectos, indica un informe titulado “5 años del nuevo modelo carcelario en Ecuador”, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

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El creado Ministerio de Justicia invirtió $ 200 millones en la construcción de tres nuevos centros de rehabilitación social (CRS) regionales en Guayas, Cotopaxi y Azuay.

Pero pese a los indultos otorgados a las denominadas mulas del narcotráfico y la campaña gubernamental “Cero presos sin sentencia” durante el régimen de Rafael Correa, en septiembre del 2014 ya había 26.821 personas internadas, indica el documento.

En corto plazo, se registra un acelerado incremento, resultado, entre otros, de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP, a partir de agosto el 2014) con la inclusión de nuevos tipos penales, operaciones policiales antidelictivas de gran cobertura contra el crimen organizado y microtráfico y el nivel de reincidencia como efecto cuestionador del proceso de rehabilitación”, indica el informe.

La nueva infraestructura incluía videocámaras, escáneres de cuerpo entero, detectores de metales, inhibidores de señal de teléfonos celulares, entre otros artefactos de seguridad.

La nueva cárcel de Guayas, construida junto a los pabellones de la Penitenciaría del Litoral (cuyas edificaciones datan de 1958), considerada de máxima seguridad y que es parte del complejo donde se dio la masacre del martes 28 de septiembre que dejó 118 fallecidos, está habilitada desde agosto del 2013.

Sin embargo, nunca se “impidió el tráfico de armas dentro las prisiones, tiroteos, muertes, fugas y extorsiones que involucraron a funcionarios carcelarios”, indica el CDH.

Las requisas realizadas demuestran que el tráfico de bienes ilícitos continúa con “teléfonos celulares, armas, cocinetas, refrigeradoras, televisores, entre otros”; incluso con granadas y armas largas.

El 39 % de las personas privadas de libertad (ppl) del país no tienen sentencia

Los familiares de los fallecidos esperan en las afueras de la morgue de Guayaquil la entrega de los cadáveres. Foto: EFE

Daniela Oña, abogada experta en derechos humanos, afirma que los problemas empeoraron a partir del 2016, cuando se dieron recortes al presupuesto asignado a las cárceles, y con las reformas al COIP, que han aumentado las razones para perseguir y detener mediante la vía penal.

“El modelo creado en papel y en el discurso en la práctica fue aplicado al inicio solo en los nuevos centros de rehabilitación construidos durante el régimen de Rafael Correa. En el resto de cárceles no fue posible la distribución en pabellones de máxima, mediana y mínima seguridad, porque los espacios ya estaban establecidos previamente”, indica Oña.

La situación fue empeorando con más recortes. Se estima que, en alimentación, para las tres comidas al día el Estado asigna $ 2,5 por cada persona privada de libertad.

El tema es que se pasó de un modelo en el que no había la presencia del Estado a otro con un control estatal absoluto, de forma abrupta.

“Para sostener el modelo actual se necesita de muchos recursos. Sin personal de salud, de educación, sin recursos para hacer los procesos de rehabilitación, porque los talleres necesitan de materiales, pues estos empezaron a ser proporcionados por los familiares de las personas privadas de libertad desde el exterior de las cárceles”, afirma Oña.

El Centro de Etnografia Interdisciplinaria Kaleidos hizo un diagnóstico recientemente junto con la Universidad de la Américas en el que se evaluó el valor que pagan los familiares de los retenidos, principalmente mujeres, para que los reos puedan sobrevivir con alimentación, vestimenta, acceso a salud e incluso garantizar su protección en las celdas.

“Si a una persona que cometió robo o hurto le damos insumos dentro del proceso de rehabilitación para que aprenda un oficio y al salir, esta logre emplearse y gestionar algún recurso de forma lícita, con ello es posible que no haya reincidencia”, indica Oña.

El uso excesivo de la prisión preventiva, agrega, repercute en que el 39 % de las ppl no tengan sentencia, es decir, su caso está en proceso.

Uno de los principales indicadores de la crisis actual es el hacinamiento que ya tenía alertas importantes desde el 2016.

“El entonces Ministerio de Justicia tuvo conocimiento de esto con los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortuta de la Defensoria del Pueblo, en el que se indicaba que si no se solucionaban estas problemáticas pues la situación podría empeorar, tal como ha ocurrido”, menciona Oña.

La Constitución da garantías a las personas privadas de libertad

Los familiares de los reos esperan con féretros en las afueras de la morgue para que les entreguen los cuerpos de sus seres queridos, asesinados el martes 28 de septiembre durante un motín en el complejo penitenciario de Guayaquil. Foto: EFE

Xavier Andrade, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito y experto en derecho penal, afirma que uno de los factores que marcan el fracaso del modelo viene de la misma sociedad, que quiere que los retenidos cumplan la condena y se rehabiliten, pero al reinsertarse nadie quiere contratarlos.

“Un segundo factor determinante es que hay un uso excesivo de la prisión preventiva y de criminalizar muchas conductas que podrían tener solución con otras herramientas, y eso produce un hacinamiento”, indica.

El tercer factor, agrega, es que al tener personas a cargo que no conocen sobre rehabilitación entonces se aplican metodologías de cero tolerancia. “El resultado es la extrema violencia y fricción que se vive hoy en las cárceles. No se maneja de manera técnica y eso hace que las herramientas de reinserción sean imposibles de cumplir”.

Andrade considera que la paradoja fue la creación de un COIP que se dijo iba a proteger los derechos de la sociedad y que en el 90 % de los delitos aumentó las penas. “Entonces se entiende que hay más presos, menos circulación de personas privadas de libertad, entre más largas sean las penas hay menos probabilidad de que salgan, mientras menos salen todos los días siguen entrando a las cárceles y el efecto inmediato es hacinamiento, eso es lo complicado”.

La solución es el camino más difícil, acota Andrade, e incluye el diseño de un programa que permita que esa persona se maneje dentro de la sociedad sin ser un riesgo social, como el tema del trabajo comunitario. “Lo más fácil es privar la libertad. La mayor cantidad de delitos patrimoniales son cometidos por quienes no tienen oportunidad laboral”, menciona Andrade.

La carta magna del país menciona que las personas privadas de libertad deben “contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad”, a lo que se suma la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas”, según el informe titulado “El modelo de gestión penitenciaria del Ecuador”.

De ahí que el análisis psicosocial y de seguridad para la clasificación y rehabilitación requiere del trabajo conjunto de los ministerios de Salud, Educación, Cutura, Inclusión Económica y Social y la Secretaría de Deportes, cada uno encargado de los programas específicos según el área. (I)