Ricardo, de 24 años de edad, ingresó al mercado laboral a partir del 2018. Estudiaba Derecho, por lo que quería acumular experiencia justamente para evitar que los empleadores aduzcan que no la tiene y por aquello se dificulte una contratación en el futuro.

En su afán aceptó sus primeros trabajos con salarios parciales y afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a medio tiempo, ya que su empleador le dijo que era lo que podía pagarle. “Uno como joven tiene toda la predisposición para trabajar y ganar dinero. Hay empleadores que dicen que no pueden pagar el salario completo y nos descuentan la afiliación del salario parcial, entonces muchas veces se aceptan esas condiciones porque uno quiere aprender”.

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Tampoco dan opción a escoger, solo expresan las condiciones, agrega. Cuando empezó sus labores, el tiempo parcial se convirtió en jornada completa de ocho horas, pero sus ingresos siguieron como si trabajara medio tiempo. “Por la cantidad del salario hubiera preferido que no me afilien y me den el dinero de la aportación”, reconoce.

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Luego cuando llegó la pandemia, en 2020, consiguió otro empleo como asistente legal externo de la Corporación Financiera Nacional. Su sueldo era una base más comisión y nunca le hablaron de afiliación a la Seguridad Social. “Yo tampoco lo solicité, la base era muy baja, más ganaba si comisionaba, entonces dije ‘veamos cómo me va, el país estaba paralizado por el COVID-19′”.

En sus cinco años como parte del mercado laboral ha estado afiliado por siete meses. No requirió atención médica en ese tiempo. “Al final sería bueno estar aportando al IESS, pero ahora uno no lo ve como prioridad también porque los salarios que uno recibe son bajos, entonces se prefiere el dinero en este momento”.

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¿Los jóvenes no quieren afiliarse o los empleadores no ofrecen ese tipo de empleos?

El número de afiliados activos al IESS es de 3′419.488, de los que el 62,3 % tiene 35 años o más. Las edades del 28,8 % son de entre 25 y 34 años.

Ricardo estuvo en su momento entre los 300.099 que hoy cuentan con un empleo que incluye aseguramiento social y tienen hasta 24 años de edad. Este grupo de población apenas representa el 8,8% del total de afiliados activos al IESS, en el mes de junio del 2023.

De los 300.099 que tienen hasta 24 años, 15.905 aportan como trabajadores no remunerados del hogar, 15.657 son independientes, 14.974 están empleados en el sector público y 10.897 son afiliados de forma voluntaria.

La mayor parte (242.666) aporta bajo relación de dependencia del sector privado.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indica que en julio del 2023 había 1′408.693 jóvenes que estaban entre los 15 y 24 años y eran parte de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, tenían empleo o lo buscaban. Con ello se infiere que el 21,3 % de ellos tiene seguridad social.

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Los trabajos de Ricardo fueron momentáneos hasta que hace dos años entró al estudio jurídico donde labora ahora. Allí gana un poco más del salario mínimo, que en el 2023 es de 450 dólares.

Su empleador le ha planteado si desea afiliación a la Seguridad Social, pero él como empleado ha dicho que no, que prefiere que le paguen el valor completo sin la aportación que le correspondería cubrir como afiliado bajo relación de dependencia del sector privado, que es el 9,45 % de su remuneración. Quien contrata asume el 11,15 % de los ingresos del trabajador, que son cancelados directamente al IESS.

La necesidad de aprender de los jóvenes, dice Ricardo, lleva a que estos acaten lo que el empleador determina. “Unos jefes dicen este ‘será tu sueldo con afiliación’, otros solo te dicen ‘esto ganarás y punto’, no tratan la afiliación y no se conversa del tema. Incluso sé de casos en los que están afiliados, pero no reciben los décimos (cuarto y tercer sueldo que deben pagarse en abril y diciembre de cada año si se los tiene anualizados), hay normas laborales que no se cumplen”.

Diego Grijalva, analista económico y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, afirma que no se puede asumir que la reducida afiliación de los más jóvenes obedezca solo a la decisión de la demanda, en este caso, por el lado de los trabajadores. “Luego de la pandemia hay un incremento de la informalidad, entendida por el grupo de personas que contribuyen a la Seguridad Social y los que no”.

Una parte, agrega el especialista, sí es por la desidia de los más jóvenes a estar afiliados al IESS, pero otra parte es por la falta de empleos con Seguridad Social, es decir, hay empleadores que tienden a no ofrecer los puestos con afiliación.

“El problema desde el punto de vista empresarial es que es muy caro este tipo de contratación laboral. No es de gana el hecho de que las empresas toman esta decisión de contratar de manera informal sobre todo a los más jóvenes, que son personas cuya productividad relativamente es más baja y aún tienen que aprender mucho”.

La realidad tras la pandemia se centra en una condición subóptima en la cual las empresas ofrecen lo que pueden pagar y los trabajadores aceptan porque es lo mejor que pueden lograr en este momento, dice Grijalva. “El mercado laboral está muy complejo sobre todo para quiénes recién entran y no tienen mucho poder de negociación, entonces los trabajadores terminan aceptando lo que encuentran, es preferible eso a no tener un empleo”.

Ocho de cada diez jóvenes que tienen hasta 24 años y son parte de la PEA no tienen seguridad social

El 21,3 % de las personas que tienen entre 15 y 24 años y son parte del mercado laboral están empleadas con Seguridad Social, es decir, ocho de cada diez jóvenes que están en la PEA no aportan a la Seguridad Social, asegura Grijalva.

Los servicios del IESS también hacen poca atractiva la afiliación, en el sentido de la demora en la concreción de las consultas externas y de las intervenciones quirúrgicas, así como la escasez de medicinas.

El análisis debe centrarse en cómo incentivar la afiliación al IESS para que los jóvenes exijan una contratación con aportación. Esto también depende, afirma Grijalva, del alto costo de contratación en Ecuador. “Tenemos el segundo o tercer salario básico más alto de toda América Latina”.

En este punto hay que tomar en cuenta cómo se compara el sueldo mínimo con el mediano o promedio de lo que gana la gente en el país. Y la relación de esos sueldos con la productividad: “Desde los inicios del gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) hay un incremento muy grande del salario mínimo y a partir de esto hay una divergencia entre cómo va creciendo este y qué va pasando con la productividad, que ha crecido a una tasa mucho más baja”.

Como consecuencia, dice el especialista en economía del comportamiento, hay una brecha entre el salario mínimo y la productividad que se ha profundizado: “Esto implica, en el caso de los jóvenes, trabajar mucho mejor en el sistema educativo para que estos aprendan tareas y habilidades más específicas, que dejen más valor a las empresas, de tal forma que sus salarios estén más alineados con el nivel de productividad y del valor que efectivamente estas personas generan en el mercado laboral”.

La baja productividad alienta a las empresas a no estar dispuestas a pagar el salario de acuerdo al esquema legal vigente.

El incentivo, además, va de la mano con la conciencia de que el retiro llegará tarde o temprano, por lo que se debe aportar lo más pronto posible ante esa realidad futura. ”Hay sesgos en la toma de decisiones y uno de los principales es el que se llama el sesgo del presente, que es completamente distinto al futuro, hoy es diferente a mañana y ni se diga hoy en relación a 40 años”.

En ese contexto es difícil, acota, intentar convencer a un joven de 20 años que debe ahorrar para su jubilación a los 60 años, si esa persona ni siquiera tiene trabajo. “Es un reto, no quiere decir que no haya que hacerlo, pero es más complejo de lo que parece. Estos sesgos se han acentuado durante las últimas décadas. Ahora la gente está muy acostumbrada a la gratificación instantánea, quiero ver una determinada película pues veo Netflix y listo, mientras que hace 20 años había que ver qué canal transmitía o alquilarla. Las expectativas de los más jóvenes de hoy han cambiado”.

A ello se suma que en la actualidad hay menos oportunidades para los jóvenes de las que tenían las anteriores generaciones a esas edades.

Hay seis aportantes al IESS por cada jubilado, pero existe el potencial de aumentar el número de afiliados


Rodrigo Ibarra, experto en seguridad social y principal de la consultora Actuaria, explica que un punto a favor en el tema de los que aportan para cubrir la jubilación de los retirados es que el país aún cuenta con el denominado bono demográfico.

“Esto significa que la población menor a 40 años de edad es aún la mayoría. Al 2021 más del 68% de la población del Ecuador tenía menos de 40 años, según proyecciones del INEC”, dice Ibarra.

Cuando se analiza el futuro de un sistema de pensiones, agrega Ibarra, los demógrafos ayudan a establecer de que el envejecimiento de la población va a ser que Ecuador de aquí a 30 años tenga una proporción de adultos mayores que supere el 25%.

“Si no se aprovecha el bono demográfico de la actualidad, los ajustes a los sistemas de seguridad social serán cada vez más duros y la población eventualmente no los recibirá de manera adecuada. Los responsables de la administración y los gobiernos de turno tienen que hacer entender a los habitantes que es hora de hacer los cambios, de lo contrario los ajustes serán más dolorosos”.

El potencial es ir sumando para la aportación de la seguridad social a la mayoría de 1′408.693 jóvenes que estaban entre los 15 y 24 años y eran parte de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, tenían empleo o lo buscaban en julio pasado. (I)