El manejo de la aún abundante riqueza hídrica del país es motivo de preocupación de los miembros del Foro de Recursos Hídricos (FRH), una organización de la sociedad civil creada en 2000.

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La demanda del agua aumenta en un Ecuador con vocación agrícola para la producción interna y la exportación, pero la disponibilidad del recurso sigue siendo la misma o se reduce. Es decir, hay menos agua y más personas que la demandan, lo que genera disputas en medio de una institucionalidad estatal debilitada, concuerdan los expertos.

Una mayor demanda nacional y mundial se da por el crecimiento de la población y del consumo de alimentos por persona, dice Antonio Gaybor, coordinador nacional del FRH.

Hay una disputa entre los que acaparan las tierras y los que menos terrenos tienen, añade. Esta desigualdad en el acceso se evidencia de forma particular en las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, según estudios del FRH.

Rossana Manosalvas, bióloga especialista del Observatorio Andino de Ríos y parte del colectivo Mujeres por el Agua, dice que hay zonas del Ecuador en la que pocas haciendas utilizan el agua, mientras que las comunidades con más población de campesinos e indígenas tienen un menor caudal.

Con base en esas inequidades reconocidas en su momento se plasmó en la actual Constitución, vigente desde el 2008, el derecho de acceso al agua para todos con calidad y cantidad suficiente con fines de uso humano y productivo.

El otro gran hito, agrega, es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. “Ahora vemos cómo incluso se hacen juicios donde se defiende a un río que está siendo contaminado, se detiene la fuente de contaminación y se exige la reparación”. Al igual que la gestión comunitaria a través de las Juntas del Agua.

Sin embargo, parte del problema está en la puesta en práctica de estos mandatos constitucionales a través de marcos jurídicos posteriores como la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, dice Manosalvas.

El Foro de los Recursos Hídricos (FRH) contabiliza alrededor de 3.000 juntas y organizaciones de riego y 7.000 que garantizan el líquido sobre todo desde la Sierra para el consumo humano en la Costa y el Oriente.

El agua es un bien de uso público lo que conlleva a que se requiera una autorización estatal para utilizarla desde sus fuentes naturales, por lo que esta distribución desigual se basa en un derecho asignado por el Estado. “Hoy se consume más proteína animal que antes y esto ha condicionado cambios en la producción, con grandes monocultivos de soya para alimentar al ganado en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia”, asegura Gaybor.

El 80 % del agua se usa en riego en Ecuador para la producción agropecuaria. “Ahora los productos que exportamos casi en su totalidad están generados con agricultura bajo riego. Una pequeña proporción del banano que se exportaba en los años cincuenta (del siglo XX) era producida con riego. Ahora todo, el 100 % sin exageración, se hace con riego, lo propio con la producción de flores y horticultura de exportación. Lo mismo pasa en México, Colombia, Honduras, Guatemala. Hay una riego-dependencia incluso en la producción nacional porque hay un cambio en las condiciones del clima, un cambio radical en el régimen de lluvias”, menciona Gaybor.

Otra consecuencia grave del manejo del agua es su nivel de contaminación tras utilizarla. El torrente usado se vierte de forma directa a los ríos y al océano Pacífico sin ningún tratamiento. “Apenas el 4 % de las aguas residuales que produce Quito están tratadas. La gran mayoría se va al San Pedro y Machángara, al Guayllabamba y termina en la cuenca del río Esmeraldas con contaminación doméstica e industrial”, afirma Manosalvas.

El financiamiento de cubrir esta deuda ambiental cuesta mil millones de dólares a través del proyecto de tratamiento de las aguas residuales de la capital nacional Vindobona.

“Ahora cuesta un montón por el largo periodo sin resolver. Guayaquil tampoco trata el 100 % de las aguas residuales que produce. Y no nos hacemos responsables, tanto los alcaldes y los ciudadanos. Deberíamos exigir que las ciudades pequeñas, medianas y grandes traten el agua que usan para que salga casi tan limpia como entró”, asegura Manosalvas.

Al ser un recurso abundante se le ha restado importancia. “Los ecuatorianos poco a poco nos hemos olvidado del agua. Le hemos dado la espalda, en la Sierra se jugaba en las acequias, en la Costa en el vado, o en Guayaquil, en el estero Salado. Eso ahora es inimaginable. Votamos por el alcalde que me asegura que el agua salga limpia de los grifos, pero no me importa ni me preocupa qué pasa después cuando tiro la cadena, lavo los platos o la utilizo en la lavadora. Se ha perdido la tradición de bañarse en un río”, agrega la especialista.

Hay alternativas de solución. Una opción es lo que se hace en Holanda con humedales concebidos para la purificación de las aguas residuales integrados a las áreas verdes de las ciudades.

“No solo son obras de cemento, ni tampoco dejar el humedal artificial sin el tratamiento adecuado. Hay que combinar con tecnología ya que si se maneja mal pues habrá olores y mosquitos (como se da en la zona de Guayacanes, en el norte de Guayaquil, donde están las piscinas de oxidación). Si se evita que el agua no quede estancada y hay plantas apropiadas que quitan los metales, se hace más bien un ciclo paseo en los alrededores”.

Guayaquil recibe agua de los páramos del volcán Chimborazo, en los que las comunidades indígenas protegen esos ecosistemas de los que dependerá el abastecimiento río abajo en los próximos 50 años, afirma Manosalvas. “La gente ni se entera de estas realidades”.

Una de las premisas por atender es la construcción de proyectos que involucran al agua de forma técnica sin objetivos políticos o atravesados por la corrupción.

Aquí un ejemplo. El estudio para la determinación del régimen de caudales del proyecto hidroeléctrico sobre el río Santiago, en el sur del país, recomienda mantener un monitoreo a detalle hasta el inicio de la construcción para actualizar el análisis hidrológico con los últimos registros ya que es sumamente variable.

Durante el periodo de estudio (2013-2015) se registró una crecida de 12.000 m3/s que destruyó las estaciones de medición de hidrología, geología y de sedimentos, indica el documento.

El fin es no repetir los errores cometidos con la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en el norte del Ecuador, hoy inmersa en problemas debido a deslizamientos de tierra y torrentes de sedimentos que dejan su impacto. Incluso desapareció la cascada de San Rafael, uno de los paisajes icónicos del país. Lo más grave son las dudas respecto al real costo-beneficio que no se equipararía ante la mínima producción de energía de esa obra, indica Manosalvas.

Los proyectos multipropósito del correato con grandes inversiones finalmente no conllevan a la superación de las inequidades en el acceso al agua, agrega la especialista, sobre todo por parte de las comunidades con áreas más pequeñas que hacen agricultura de subsistencia.

Otra amenaza es la apertura a la minería propiciada por el actual régimen, advierten los miembros del Foro de los Recursos Hídricos.

Una gran parte del agua utilizada en el país es de origen subterráneo, de la que hay un escaso control estatal sobre su distribución y disponibilidad. “Las instituciones estatales han sido tan débiles como para profundizar sobre el conocimiento del agua, hay pocas referencias al respecto pese a que la región Costa está llena de avenida de pozos (debajo de su superficie)”, dice Gaybor.

El desconocimiento de los caudales también se da sobre los ríos que están a la vista ya que la información es limitada, lo que genera conflictos. Gaybor invita a pensar en un río determinado de la Sierra que a mediados de agosto, en plena época de estiaje, tenía 100 metros cúbicos por segundo, pero por el deterioro de las fuentes ya no tiene cien sino 60. “Sin embargo, el Estado dio autorizaciones para 90 y ahora son muchos más y hay menos agua, allí están los conflictos entre los usuarios. La institucionalidad pública se ha debilitado, no hay investigación sistemática y permanente sobre los caudales de los ríos”.

Los miembros del FRH organizaron a finales de agosto pasado el XI Encuentro Nacional del Foro de los Recursos Hídricos de forma virtual, lo que contó con el apoyo de la Unión Europea.

El FRH aglutina instituciones como el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF) y el Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador (Sipae), entre otras.

La actividad terminó con planteamientos al actual régimen con el fin de revisar cómo desde el Estado se trata a los recursos hidrológicos del país.

Una de ellos propone cambios en la debilitada institucionalidad del agua, dice Gaybor. “Una muestra es que la competencia del riego está dividida en dos entidades del Gobierno central, los ministerios del Ambiente y de Agricultura”.

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El martes 7 de septiembre último se realizó la mesa de trabajo interinstitucional, en Quito, para definir estrategias y planificar actividades que faciliten el seguimiento a las intervenciones en riego y drenaje, informó el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate).

El encuentro contó con la participación de representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Secretaría Nacional de Planificación, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Consorcio Nacional de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope), la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y la Empresa Pública del Agua (EPA).

“Esta mesa de trabajo es un hito histórico, pues desde hace diez años no teníamos estos espacios que son una oportunidad de oro para priorizar la coordinación interinstitucional, reuniendo a los actores que tienen competencia con el sector de riego del país. Hoy trazamos la línea para definir estrategias que fortalezcan el riego y por ende la soberanía alimentaria en el Ecuador”, señaló el viceministro del Agua, Óscar Rojas.

Una de las conclusiones de la cita fue que se acordó que la ARCA comparta “las experiencias de levantamiento de información del sector agua para riego a nivel nacional, proceso que ya se encuentra avanzado”, informó el Maate.

Además, la conformación de dos mesas sectoriales, una para la oficialización de la actualización del Plan Nacional de Drenaje y Riego (PNDR) con el fin de garantizar financiamiento para su efectiva ejecución y la otra con información referente a riego y drenaje a nivel nacional. (I)