Las cifras del embarazo adolescente hablan de una sociedad machista, violenta, que replica el círculo de pobreza al condenar a estas menores de edad a que asuman una maternidad a temprana edad, lo que implica que dejen sus estudios secundarios en la mayoría de casos.

Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) recientemente publicadas indican que el número de embarazos adolescentes del grupo de 10 a 14 años fue de 4.099 durante 2022, son 197 más que en 2020 y dos más en comparación con 2021.

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En el grupo de 15 a 19 años se registró a 57.380 embarazadas, resultando un total de 61.479 adolescentes en proceso de gestación durante 2022.

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Sonia Rodríguez, presidenta del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), afirma que ya está investigado y comprobado que la mayor parte de los embarazos de menores de 14 años responde a violación sexual, lo que es muy grave.

Las cifras oficiales indican que durante el 2022 se reportaron 3.529 violaciones sexuales a menores de edad, de las que 1.822 tenían entre 10 y 14 años y 1.707 entre 15 y 19. Este número no sobrepasa las registradas en 2019, con un total de 5.281 violaciones.

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El CEPAM organiza distintas actividades con el fin de que los jóvenes acojan proyectos que enriquezcan sus vidas en el arte o el deporte. Foto: Luisa Carvajal @luisacarvajalph

Lo más grave de estas violaciones es que el 60 % de los responsables de estas agresiones sexuales son de la misma familia de la víctima, y el porcentaje restante (40 %) son el maestro, los amigos y vecinos del barrio, el compadre, hasta donde está documentado, según Rodríguez.

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El Código Orgánico Integral Penal indica que se debe denunciar, porque se parte de la sospecha de que un embarazo en una menor de 14 años es producto de violencia sexual para que se haga la investigación.

“Estas cifras nos dicen que tenemos un país con un sistema judicial tan lento e inoperante que no termina de procesar. Nos dice que hay una serie de prejuicios en el personal de salud que atiende, porque ya tenemos una ley que ampara que las mujeres, especialmente adolescentes, víctimas de violencia sexual tengan la oportunidad de interrumpir el embarazo con un acompañamiento especializado. Quiere decir que eso no se está cumpliendo”, dice Rodríguez.

La problemática muestra que hay mujeres que tienen hasta tres o cuatro hijos durante toda su adolescencia, por lo que es algo sistemático.

Estos embarazos ponen en alto riesgo la salud de las jóvenes, porque tienen un sobreesfuerzo físico general. “Su salud sexual y reproductiva se ve deteriorada. Muchas de estas niñas mueren o quedan con lesiones muy severas, porque no tienen condiciones físicas para un embarazo. Entonces, ¿por qué las forzamos a seguir adelante con un embarazo producto de una violación?”, plantea la especialista.

Tampoco hay una educación sexual integral, agrega. “Una que la recibe entiende de derechos y responsabilidades, lo que ocurre en su cuerpo, pues rápidamente buscará ayuda. La experiencia nos dice que en menores de 14 años, como viven episodios de violencia sexual, como son tan pequeñas, no alcanzan a dimensionar lo que les ha pasado y que de eso puede darse un embarazo”, revela.

A ello se suma la creencia de que todo embarazo debe continuar y que las mujeres son felices con uno sin importar la circunstancia, asegura Rodríguez. “Esto es falso. El nivel de riesgo y mortalidad de estas niñas y sus índices de pobreza son mayores. Nos faltan más estrategias culturales que desmonten esta idea”.

Una opción sería incrementar los espacios para que los jóvenes hilvanen sus proyectos de vida fuera de la violencia y el sicariato. “Hay que ofrecer estas alternativas a través del arte y el deporte. Hablar de educación sexual es conocer el cuerpo y las responsabilidades, cómo se da un proceso reproductivo, que hay el derecho a esperar, a decir que no, a iniciar tu vida sexual cuando se asuman las responsabilidades”.

La solución de los embarazos adolescentes va de la mano de la reducción de la violencia. “Hay que educar, abrir espacios alternativos para niños y adolescentes que les hagan pensar que la vida vale vivirla, que hagan teatro, danza, capoeira, que la delincuencia y el sicariato no es el camino”.

Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social durante el mandato de Lenín Moreno (2017-2021), señala que la salud de las y los adolescentes, y en particular su salud sexual y reproductiva, constituye un aspecto de especial preocupación debido a las altas tasas de fecundidad y maternidad en adolescentes, complicaciones obstétricas, abortos inseguros, infección por VIH, violencia basada en género y sexual.

“La fecundidad adolescente en Ecuador es la más alta de la subregión andina, con una tasa de cien por cada mil mujeres”, afirma.

Entre las causas del abandono escolar se identifica al embarazo en niñas y adolescentes, según el Estudio de Costos de Omisión del 2015, en el que se calculó que 6.487 adolescentes abandonaron sus estudios por un embarazo.

“Más de la mitad (56 %) cursaba en ese momento la educación básica, lo que da un total de 36.871 años de escolaridad perdidos, con una media de 5,8 años por mujer. Esto equivale a 728,5 millones de dólares de ingresos perdidos que habrían percibido de no haber abandonado los estudios antes del nivel superior”, menciona Cordero.

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Las cifras indican que “el 57 % de las mujeres (entre 12 y 24 años) no usó ningún método anticonceptivo; la razón es la falta de conocimiento y las dificultades de acceso”, manifiesta Cordero.

El 89,9 % de niñas de 10 a 14 años que han tenido relaciones sexuales las tuvieron con personas mayores que ellas. El 7,5 % de embarazos en menores de 15 años termina en abortos. El 44,3 % de mujeres que se embarazaron (15 a 24 años) interrumpió sus estudios y no volvió a estudiar, señalan las estimaciones de los estudios realizados al respecto.

El acceso a la anticoncepción moderna en todas sus formas es un derecho fundamental, como también lo es propiciar una maternidad deseada y planificada, no antes de cumplir los 18 años, señala.

“Estos derechos requieren de especial atención en el caso de las adolescentes y mujeres con discapacidad. El embarazo adolescente solo acumula retraso, limitación y riesgo de pobreza. Además, toda mujer, desde que alcanza la edad reproductiva, debiera estar adecuadamente protegida de la mortalidad y morbilidad maternas”. (I)