Solo el 43,5 % de niñas embarazadas de 10 a 14 años entre 2018 y 2023 fueron registradas por el Ministerio de Salud como casos de violencia sexual, delito penado en el COIP

Cuando Andrea (nombre protegido) quedó embarazada tenía 16 años y la idea que tenía de cómo iba a ser su vida cambió. Ella quería estudiar una ingeniería, pero pronto supo que ese sueño quedaría de lado, al menos por un tiempo.

Ahora, con 21 años, recuerda que en el camino a ser madre se topó con la estigma de sus compañeras de colegio, de ciertos miembros de su familia e incluso de enfermeras que la atendían en su centro de salud cercano. Este fenómeno, la violencia obstétrica, afecta especialmente a niñas y adolescentes, pues hace que sea menos probable que acudan a controles y chequeos.

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Andrea fue una de las 103.726 embarazadas de 15 a 19 años en 2023 en Ecuador, y uno de los 16.197 casos en ese rango etario que se dieron en el cantón Guayaquil en ese año, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Ese año el MSP también registró 5.844 niñas embarazadas de edades de entre 10 a 14 años, para un total de 109.570 embarazos de pacientes de 10 a 19 años.

Embarazos adolescentes por grupo etario

Fuente: MSP

No obstante, esa cifra ha ido bajando paulatinamente a través de los años. En 2023 hubo 64.533 embarazos de pacientes de 10 a 19 años, una reducción del 41 %.

La cifra, sin embargo, sigue siendo alarmante, pues significa que más de 176 niñas quedaron embarazadas en Ecuador cada día, en promedio, en 2023.

Aunque el número de adolescentes embarazadas ha disminuido en general, el número de niñas de 10 a 14 años embarazadas ha aumentado desde 2020, cuando hubo 3.902 a nivel nacional. Esto significa que este rubro cayó de 2018 a 2020, pero ha ido subiendo desde entonces.

Porcentaje de niñas de 10 a 14 años embarazadas que fueron registradas como víctimas de violencia sexual por el MSP

Fuente: MSP

De 2018 a 2023, el MSP ha registrado un total de 460.667 embarazos de pacientes de 10 a 19 años. El 5,8 % (26.860) fueron niñas de 10 a 14 años. De esos 26.860 casos, el 43,5 % fueron registrados como víctimas de violencia sexual.

Del total de embarazadas de 2023, 4.333 fueron niñas de 10 a 14 años; 1.898 fueron clasificadas por el MSP como víctimas de violencia sexual. Y, considerando también a adolescentes de 15 a 19 (como se las registra), 3.725 pacientes constan como víctimas en 2023.

En una comunicación remitida a EL UNIVERSO, el MSP señala que, aunque el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que tener sexo con menores de 14 años constituye violación y es penado con 19 a 22 años de cárcel, el subregistro en las menores clasificadas como víctimas se debe a que “aún existe una gran brecha del reconocimiento de la problemática (...) lo cual evidencia la naturalización y normalización que aún existe frente a las uniones tempranas, matrimonios forzados, embarazo temprano y violencia del cual son víctimas las niñas y adolescentes”.

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Paúl (nombre protegido), médico de atención primaria en un cantón rural de la provincia de El Oro, señala que los casos de embarazos adolescentes en su centro de salud son frecuentes.

En su cantón cuenta al menos una veintena de casos. La paciente más joven que tuvo que atender tenía 14 años, pero también ha tenido casos de embarazadas de 16 y 17 años.

El doctor explica que el procedimiento que siguen cuando llega una paciente menor de 14 años embarazada es registrarla automáticamente como violentada sexualmente e informar a Fiscalía.

Sin embargo, a veces por desconocimiento de lo estipulado por el COIP, por presiones de la propia familia o por descuidos en el papeleo, podría quedar un subregistro de las niñas violentadas.

Susana Herrero, doctora en economía del desarrollo e investigadora de la Universidad de las Américas, señala que este subregistro es la primera señal de una falla a nivel institucional. El siguiente paso lógico tras un subregistro es, agrega, la impunidad de los abusadores.

“La piedra angular que une a la pobreza y el embarazo adolescente es la falta de institucionalidad. Cada vez que aparece un caso de embarazo adolescente es un caso de abuso, y debería entrar inmediatamente a la Fiscalía para desplegar todo un sistema, no solo de justicia sino de servicios sociales de atención a una menor. Esto, por supuesto, no pasa”, indica la experta.

Para hablar del tema del embarazo adolescente, señala, la sociedad ecuatoriana debe antes reconocer la magnitud del problema y evitar estigmatizar a la gente pobre.

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Es necesario, por lo tanto, una “educación social” para que la ciudadanía pueda reconocer a los abusadores como tal. “Todavía las niñas que son violadas se siguen viendo como las culpables (...) Debemos ver y saber quiénes son los culpables, y no debe haber dudas: esto es un delito, y si lo cometes te vas a la cárcel”.

Un paso esencial para tomar en casos de embarazo adolescente es separar a la víctima de su abusador, pues en muchos casos terminan compartiendo un hogar, perpetuando el ciclo de violencia y de pobreza.

Embarazo adolescente y movilidad social

Herrero señala que la movilidad social en Ecuador, es decir, nacer en un quintil de ingresos y morir estando en uno más alto, es casi inexistente.

Las condiciones socioeconómicas precarias, la falta de empleo y de educación y otros factores contribuyen a esto. Si a eso se le suma un embarazo adolescente y la violencia y el escarnio que eso conlleva, agrega Herrero, salir de la pobreza se vuelve mucho más difícil.

“Aquí naces en un quintil y te mueres en ese quintil. Llegar a las clases más altas es extremadamente difícil, por no decir imposible”, indica.

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Además, un embarazo adolescente puede llevar a un ciclo de madres menores de edad. “Todos conocemos de madres adolescentes cuyas hijas repiten estos patrones una y otra vez, y se va heredando. Si queremos romper con esta pobreza crónica no se va a superar solo con más trabajo, sino con políticas sociales”.

La literatura científica sobre las condiciones socioeconómicas, añade, establece una relación entre los embarazos adolescentes y casas más pequeñas (y por lo tanto hacinamiento), menos ingresos en comparación a mujeres que tuvieron hijos en la adultez, menos grados de educación completados y mayores tasas de desempleo.

Otro factor asociado al embarazo adolescente es la unión temprana forzada. Según un estudio de Plan Internacional, Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas publicado en 2023, la provincia con el mayor porcentaje de mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años es Morona Santiago.

A su vez, el reporte establece una relación directa entre la pobreza y las uniones tempranas forzadas. En la provincia de Esmeraldas, por ejemplo, el 61,7 % de niñas y adolescentes están en condición de pobreza por ingresos, y el 35,7 % de mujeres de 18 a 49 años se casaron o unieron siendo menores de edad.

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El reporte también señala que el 24,7 % de madres menores de 18 años en 2020 estaban unidas o casadas. Resaltan, además, que en Manabí el 36,7 % de madres de entre 10 y 17 años se habían unido o casado, estableciendo una relación entre los embarazos de niñas y adolescentes y la práctica, ilegal desde apenas 2015, de casarse con menores de edad.

“A mayores ingresos existen menos posibilidades de que una mujer se case o junte antes de los 18 años. Incluso, pertenecer al quintil más pobre prácticamente cuadriplica las posibilidades de que una mujer se case o se junte antes de los 18 años”, lee la investigación. (I)