Los padres, hermanos, tíos, padrastros, otros familiares, conocidos o simplemente desconocidos han sido los autores de violaciones a menores de edad y solo dentro del sistema educativo se registraron 5.365 casos entre 2017 y 2022, de acuerdo con un estudio de ChildFund, Kindernothlife KNH y World Vision.

Y fuera de ese entorno, han sido 15.681 entre enero de 2014 y septiembre de 2023, según el Ministerio de Educación.

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Gran parte de estos reportes evidencia daño psicológico y embarazo de esa niña o adolescente. Solo en 2023 hubo 1.898 atenciones de violencia sexual a menores entre 10 y 14 años y 1.827 fueron a adolescente de 15 a 19 años.

Esa niña o adolescente, víctima de una violación, no solo enfrenta el trauma de ese escenario sino también el de asumir una maternidad temprana sumando los cuestionamientos de la sociedad, señalan las expertas.

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Rosandi López, abogada y parte de la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador, menciona que una de las consecuencias de los embarazos, producto de un abuso sexual, es el cambio físico, emocional y mental. “Ni siquiera ha terminado de crecer, no ha gestionado sus emociones. Se interrumpe su proyecto de vida. Entonces, hay un impacto negativo desde sus emociones, porque cuando tenga a una criatura en sus brazos y se vea frente a sus amigas del colegio, va a sufrir ese aislamiento porque ya no va a salir a jugar, al cine, a disfrutar de ciertos privilegios. La maternidad no es fácil para una mujer, peor para una adolescente”, indica López.

Esa maternidad para Sonia Rodríguez, psicóloga clínica y presidenta del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), es idealizada bajo una cultura machista. “No es concordante con la realidad, es decir (se piensa que), la maternidad no importa en qué circunstancias se dé, una niña, joven violada y es un horror. Muchas víctimas de violencia sexual no comprenden lo que les ocurrió”, señala.

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El delito de violación es sancionado con una pena privativa de libertad de 19 a 22 años, según el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El martes 21 de mayo la Fiscalía publicó la sentencia de 26 años a Luis G. como autor directo del delito de violación a su hija de 11 años. Este caso ocurrió en Guaranda, provincia de Bolívar.

Rodríguez hace referencia a los patrones erróneos. Dice que la feminidad y masculinidad debe analizarse como una sexualidad responsable, placentera, libre de violencia. “Hay que colocar la reflexión y la discusión. Las mujeres no son objetos de consumo, no son su propiedad. Todavía hay muchas mujeres que son educadas para no estudiar, para no opinar, para creer que se merecen lo que les está pasando, para no cuestionar y para no negociar con sus parejas”, menciona Rodríguez.

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Por eso López asegura que la sociedad está sexualizada y normaliza estas situaciones. “Ningún gobierno se ha sentado a la mesa a analizar cuáles son los cambios de forma estructural, de fondo. Hay que cambiar el sistema educativo porque el problema de la violencia contra la mujer es estructural, cultural desde esta división sexual del trabajo donde le dijeron al hombre tú te vas a trabajar, tú haces dinero y la mujer te quedas en la casa”, lamenta López.

La abogada resalta también la importancia de enseñar derechos humanos y educación sexual: “El agresor cree que llega a ella con engaños, regalos o jugar a la galletita y a la galletita le dicen a la vagina o a la vulva. Hay que decir las cosas con su nombre, no se puede permitir el sobajeo. Si el menor no quiere contacto, no lo quiere. Yo siempre escucho cuando dice no es que la generación de cristal, no se trata de la generación, se trata de que ahora los niños y niñas son más expresivos y hay que ponerles atención a sus emociones”.

Sumado a esto, Rodríguez señala que lastimosamente la sociedad juzga y ante esa presión la adolescente puede llegar hasta agredirse a sí misma. “Hay una sociedad que la fuerza de una manera que no tiene resultados positivos para nadie, porque si un niño/a está en condiciones de desamor, de no cuidado, sus posibilidades de desarrollo afectivos saludables se ven limitadas”, sostiene Rodríguez.

Y agrega que la pobreza es uno de tantos factores que desarrollan estos escenarios: “Lo que sabemos es que a mayor pobreza, mayor marginalidad, entonces, las niñas casi que se venden en uniones tempranas para que haya un hombre mayor al que obedecer, que las mantenga, que aporte dinero a la familia, lo cual es un horror porque es entregar a un hombre mayor a una niña para que la violente sexualmente. No puede haber un encuentro sexual entre un hombre de 30, 40 años con una chiquita de 12, de 14 años”.

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Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se considera a una persona pobre con un ingreso familiar per cápita menor a $ 90,08 mensuales y pobre extremo, bajo los $ 50,76. La pobreza a nivel nacional se ubicó en 26 % y la pobreza extrema, en 9,8 % a diciembre de 2023.

“El sistema no está listo, ni la sociedad está lista. (A las menores) se las está destruyendo”, dice López, quien afirma que esto empieza con la denuncia, porque la niña o adolescente pasa por un examen médico-legista ginecológico donde le hacen preguntas, un asistente o secretario consulta lo mismo, con el fiscal y más entrevistas: “Ella tiene que repetir diez mil veces todo lo que pasó”.

López reitera lo esencial de modificar el sistema educativo: “La Constitución dice que la educación es gratuita, pero aquí es un privilegio, no todos los niños tienen el privilegio de estudiar y buscan lo más fácil, y eso es falla de los gobiernos”. (I)

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