La incursión armada en TC Mi Canal justo cuando se transmitía en vivo el noticiario de la tarde, más reportes de disturbios con armas en varios puntos de Guayaquil, reflejan la respuesta de los grupos delincuenciales organizados (GDO) ante la guerra anunciada por el régimen de Daniel Noboa en su contra.

Es una respuesta a la guerra que en su momento mencionó la ministra del Interior, Mónica Palencia, a seis días de que Daniel Noboa asumió el poder el 23 de noviembre de 2023.

Los acontecimientos violentos en la ciudad más poblada del país, coinciden expertos, son actos de guerra contra el Estado y la ciudadanía. Es una muestra del conflicto interno que se agudiza en Ecuador.

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Todo coincide, agregan los expertos, ya que la incursión durante el noticiario es una señal de amedrentamiento para generar miedo en la población.

Estos focos de violencia surgen también en momentos de incertidumbre desde que el domingo 7 de enero de 2024 se conoce que Adolfo M., alias Fito, quien es considerado líder de una banda, se fugó del complejo penitenciario de Guayaquil, la mayor cárcel del país.

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También se dieron evasiones de la cárcel de Riobamba durante la noche del 8 de enero de 2024. Entre ellos está Colón Pico, quien fue acusado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de quererla asesinar.

Julio César Cueva, abogado experto en derecho penal, expresa que “la guerra está declarada, no al presidente, sino a la ciudadanía por medio del presidente”. Por lo tanto, concluye, el Estado debe “entrar con toda la fuerza legítima que tiene para, de ser el caso, abatir a cualquiera que ponga resistencia a la autoridad y ante la ley”.

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Considera que, además de reunirse con las máximas autoridades de seguridad del país, debe pedir ayuda internacional para aplacar la conmoción interna producto de acciones terroristas.

“Ya no hablamos de delincuencia organizada, sino de gente que se ha preparado en lucha subversiva, a nivel de terrorismo. El Estado no tiene en este momento la capacidad de combatir esto”, explica.

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John Garaycoa, miembro de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigación (Anesi), indica que las acciones son una declaración de guerra al Gobierno. “Antes el Estado decía: ‘Estamos en guerra’, y la respuesta se daba de forma oculta, desde la clandestinidad, por así decirlo. Se aprovechaban de la no presencia policial o de su escasa presencia, pero actualmente vemos reacciones violentas y enfrentamientos, lo que nunca se ha visto en el país”.

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La incursión de las instalaciones de TC Mi Canal se da en pleno casco comercial de Guayaquil, frente al aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo.

“Se ve nuevamente a las personas privadas de libertad en los techos de las cárceles y nadie puede hacer nada, porque no hay orden de disparar. De eso se aprovechan los delincuentes. Vemos que están dañando un bien público en el interior de la cárcel y la sociedad es una simple espectadora. Con esta acción vandálica y terrorista a nivel general, obviamente, al Gobierno le toca tener otro tipo de respuesta. Con esto se debe respaldar el uso de las armas a los policías y militares”, agrega.

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La gravedad del caso es que la evidencia indica que los GDO tienen elementos dentro de varias instituciones oficiales que les anuncian las acciones del Estado contra ellos. De ahí su respuesta adelantada.

Los órganos de inteligencia nacionales, precisa Cueva, como el resto del aparato de seguridad estatal, ya no son confiables, pues están “totalmente infiltrados”.

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El atentado en TC y demás disturbios en Guayaquil son solo el inicio de las acciones terroristas, según Cueva. El Estado “no debe arrodillarse”, indica. Pone el ejemplo de Colombia. En ese país “hubo muertos y hubo sangre, pero no se arrodilló”.

La ciudadanía, en su opinión, debe colaborar como pueda, reportando autos con películas oscuras y sin placas, por ejemplo.

Los responsables de los ataques, refiere, no deberían regresar a prisión, sino que deberían ser abatidos en combate, pues las cárceles son sus centros de control.

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Fernando Carrión, experto, considera que ya no son atentados terroristas, sino de una guerra, situación inédita para el país.

“Un conflicto militar nunca había estado presente en nuestras cabezas”, dice.

Identifica tres espacios de conflicto: las cárceles, las calles de quince ciudades donde se han reportado atentados con coches bomba, y los medios de comunicación y los de transporte.

Carrión teme la expansión de influencia de una banda que tiene una presencia más dominante en la Costa, y otra que es más fuerte en Quito y el resto de la Sierra.

La reacción del Estado, a su parecer, debe ser tranquila pero decidida, y no puede limitarse solo a las Fuerzas Armadas.

Deben participar sectores productivos, sistema de transporte, instituciones educativas y la sociedad ecuatoriana en general.

Los disturbios registrados en universidades en Guayaquil delatan que también deberían revisar sus sistemas de seguridad, y deberían estar en capacidad de formar profesionales de inteligencia y demás carreras relacionadas con seguridad. (I)