Con cada compra de un artículo gravado con el impuesto al valor agregado (12 % de su costo) los ecuatorianos pagan el denominado IVA, el principal ingreso tributario que va a las arcas estatales.

En segundo lugar está el impuesto a la renta (IR), mediante el cual el Estado reclama su participación en toda actividad económica según una tabla. Están obligados a pagar el IR las empresas (sociedades) por rentas de sus negocios (25 % de sus utilidades en el régimen general) y las personas naturales con ingresos de diferentes tipos a partir de un monto base anual reportado igual o mayor a $ 11.212 durante el 2021.

En tercer lugar está lo recaudado por tasas arancelarias. Aquí se incluye, por ejemplo, el impuesto que grava con el 40 % del costo de los autos que llegan a los puertos del país como importación, que encarece los automóviles a los compradores.

En cuarto lugar está el impuesto a los consumos especiales (ICE), que se paga, por ejemplo, en los planes celulares y por los servicios de internet de las operadoras.

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Y por último está la suma de los otros tributos. Todos los impuestos sumaron 12.367,5 millones de dólares durante el 2020, por encima de otros ingresos que no son tributarios como las tasas por trámites específicos ($ 5.521,3), las contribuciones a la seguridad social ($ 5.442,8 millones), las ventas de petróleo ($ 4.836,8 millones) y los resultados de las empresas públicas ($ 1.734,4 millones), que incluye lo que se paga por servicios como energía eléctrica y agua potable.

Lo recaudado el año pasado, dice el analista económico Alberto Acosta Burneo, fue menor que en el 2018 y 2019, por efectos de la pandemia, pero igual sigue siendo el principal financista del sector público.

Esta distribución se mantiene durante lo que va de este año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda el análisis del presupuesto que incluye las operaciones del sector público no financiero, es decir, solo excluye los ingresos y los gastos de las instituciones financieras estatales como la Corporación Financiera Nacional (CFN) o BanEcuador.

Las cifras de este muestran un déficit que crece cada año. Esto implica que los ingresos totales no alcanzan para cubrir todos los gastos. En el 2018, 2019 y 2020 fue de $ -3.369 millones, $ -3.451,8 millones y $ -5.530,8 millones.

Solo durante el primer trimestre de este año hay un superávit de $ 654,3 millones, pero a medida que avanza el año puede que sea nuevamente negativo, coinciden los expertos.

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Pablo Beltrán, investigador del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, afirma que del déficit se deriva la necesidad de financiamiento que hay. “Los ingresos permanentes de un país deben financiar los gastos permanentes en su totalidad, es decir, los ingresos de impuestos, tasas o transferencias, que es lo que reciben las empresas públicas por la venta de servicios. En los gastos se incluyen los salarios del sector público, los subsidios...”.

Si solo se toman en cuenta los ingresos y gastos permanentes, los primeros fueron de $ 22.000 millones en el 2019 y los segundos sumaron $ 23.000 millones, por lo que desde ahí ya hay un déficit. “Eso es lo grave porque es una bola de nieve. No se puede dejar de pagar salarios”, asegura Beltrán.

A esto se suman los gastos no permanentes que son los créditos de inversión, las obligaciones de la deuda y otros rubros.

El analista económico Alberto Acosta Burneo afirma que el sector público no financiero es la visión más amplia del Estado, ya que incluye a todas las instituciones y las empresas públicas, menos las bancarias.

El segundo nivel es el Presupuesto General del Estado, que abarca a algunas de las instituciones públicas, pero excluye la contribución por la seguridad social y las empresas públicas, por ejemplo.

Y el tercer nivel ya es el Gobierno central, en el que están los ministerios. De ahí que para observar el verdadero peso estatal en la economía hay que analizar la visión más amplia incluida en las operaciones del sector público no financiero.

Beltrán afirma que las únicas exportaciones que entran de manera directa a las arcas estatales son las del petróleo. “Del resto, el Estado tiene participación vía impuestos”.

“Cada país se estructura de manera distinta. En el caso del Ecuador, los ingresos petroleros son muy importantes y altos, sobre todo en los periodos de bonanza (cuando el precio de esta materia prima es alto) como a partir del 2010 (hasta el 2014)”, dice Acosta.

El problema es que no se han generado fondos de contingencia que permitan modular esos ingresos petroleros. “Al final del día tienen un efecto desestabilizador. En la bonanza nos inundamos de dinero, pero cuando caen los precios del petróleo se amplifica la crisis. Las bonanzas son mucho mas grandes de lo que deberían ser y las crisis igual, son más profundas de lo que deberían ser”, asegura Acosta.

Otra fuente de ingresos es la riqueza del subsuelo, que es del Estado. La ley determina que tendrá participación al menos en la mitad de las rentas que generen estos recursos. (I)